opinión
“Antilavado para todo México”, artículo de Lydia Cacho
Plan B por Lydia Cacho

Las iglesias, los partidos políticos, las asociaciones civiles que protegen animales, personas, el medio ambiente o que trabajan por el bienestar del país están hoy bajo la severa lupa de la Secretaría de Hacienda: se les vigila para saber si lavan dinero obtenido ilícitamente por los cárteles, por políticos o empresarios.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFIPORPI) comúnmente llamada Ley anti-lavado afecta directamente a toda la población mexicana.

En el 2012, México se vio forzado a aprobar esta ley por pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental  establecido en 1989 por el G7 a fin de crear y respetar estándares legales para combatir el lavado de dinero. México se convirtió en miembro del GAFI apenas en el año 2000 y es uno de los 34 países miembros. Esta ley, afinada en 2014, establece que todas las organizaciones de la Sociedad Civil que reciben donativos deben cumplirla para evitar que el dinero obtenido ilegalmente pase por las cuentas bancarias de las organizaciones civiles, desde Fundación Televisa hasta partidos políticos y la asociación civil más modesta, todas deben cumplirla, aunque no todas lo hacen.

Para esta ley recibir donativos es una actividad vulnerable, de allí que las asociaciones civiles, con o sin registro CLUNI, deben cumplirla y completar los reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además deben inscribirse en el portal https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

Pero no solamente las asociaciones civiles están obligadas; se investiga a cualquiera que pague sus tarjetas de crédito en efectivo por más de 10 mil pesos, a quien compre cheques de viajero o haga operaciones de inmuebles y joyas, obras de arte y ventas de vehículos  o jueguen en casinos o lotería. Cuando un donante excede los $112 mil pesos la organización está obligada a crear un expediente con formato oficial para la inspección de Hacienda. Si rebasa los $225 mil pesos la organización está obligada a notificar inmediatamente al SAT. Aunque los donativos sean en especie: alimentos, ropa, medicamentos, quien los recibe debe hacer avalúo y reportar a la autoridad. Aunque no se reciban esos montos se debe presentar un informe mensual en ceros. Las multas por omisión pueden ser millonarias y en algunos casos la cárcel es el castigo.

Según un estudio elaborado por la consultora Guadalupe Mendoza Trejo, el 93% de las organizaciones civiles mexicanas admiten que esta ley impone una intensa sobrecarga administrativa y que en muchos casos no logran convencer a sus donantes, mexicanos o extranjeros, de proporcionar toda la información financiera que exige la Secretaría de Hacienda. El 40% de las asociaciones ha tenido que invertir en el pago de consultores externos para poder cumplir la ley, el 21% apenas sobreviven pagando sueldos miserables a quienes defienden víctimas o llevan a cabo labores de desarrollo social, de allí que les sea imposible contratar a consultores que pueden costar hasta 100 mil pesos anuales. Esta ley exige la transparencia total de toda organización, empresa y persona que maneja dinero en México, incluso de las instancias gubernamentales que otorgan donativos bajo concurso.

Con razón varias donatarias internacionales temen por la seguridad de su información delicada, ya que esta ley exige la violación del secreto bancario y la obtención de datos personales de personas millonarias que deciden apoyar acciones humanitarias. Todas las asociaciones, por pequeñas que sean, deben contar con sistemas informáticos e internet de primera calidad.

Sin duda esta ley es una buena noticia en un país de opacidad sistémica; ahora las notarías, que acostumbran cobrar en efectivo, se verán obligadas a transparentar sus transacciones y veremos qué hacen los grandes periódicos que reciben sumas millonarias en efectivo por anuncios, prebendas y favores políticos. También habrá que asegurarse que la transparencia aplique a todos, incluyendo el propio secretario Videgaray y sus inversiones en bienes raíces, o el ex gobernador Félix González Canto y sus “casas fuertes”, pequeñas casas blindadas con altos sistemas de seguridad para guardar el dinero en efectivo obtenido por actos de corrupción y extorsión al empresariado. Veremos también si los operadores políticos no utilizan al SAT para perseguir a las organizaciones civiles que defienden los Derechos Humanos, la libertad de expresión y otras acciones cívicas que ejercen presión sobre el Estado.

Lydia Cacho

Periodista, feminista y activista de derechos humanos de las mujeres.

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