Segunda vuelta: ¿fraude a la Constitución?, artículo de Ana Micaela Alterio
Si bien la Constitución no fija limitaciones de contenido a una reforma constitucional, sí establece vedas temporales en asuntos electorales, afirma la autora.
FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO/Archivo

Segunda vuelta: ¿fraude a la Constitución?

Ana Micaela Alterio*

El 31 de mayo María Amparo Casar publicó una columna en el Excelsior titulada “2da vuelta: sí se puede”. En ella la profesora argumenta que la letra del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo constitucional textualmente se ciñe a la imposibilidad de modificar leyes electorales dentro de los 90 días anteriores al proceso electoral, pero que el artículo no menciona la Constitución, por lo que ésta queda fuera de la restricción. Por lo que podríamos modificar el artículo 81, establecer la segunda vuelta y agregar un transitorio que permitiera modificar las leyes electorales, dentro del plazo prohibido por el 105, concluyendo que “si se quiere se puede”.

Es cierto que la Constitución no contiene ninguna restricción de contenido a la posibilidad de reformarla. A diferencia de otros países del mundo, México ha confiado al órgano reformador el juicio sobre las modificaciones que estime son necesarias con el paso del tiempo, con la única limitación de seguir el procedimiento formal establecido en el 135. Por lo que en principio, todo se puede. Incluso por ejemplo, cambiar a un sistema parlamentario (por tantos años propiciado para Latinoamérica por quienes siguieron a Linz), incluir la reelección presidencial, la figura de la vicepresidencia, etc…

Ahora bien, que no haya restricciones de contenido a la reforma constitucional no significa que la eventual modificación al artículo 81 que pretende la profesora Casar pueda hacerse para el próximo proceso electoral. Y esto por dos razones: la primera tiene como fundamento el propio artículo 105 constitucional, que prohíbe “modificaciones legales fundamentales” en dicho período. Según un método interpretativo literal, por modificaciones “legales” debe entenderse cualquier modificación a las reglas electorales, sean estas establecidas por la Constitución (que es la ley suprema) o las leyes, y no constreñida únicamente a leyes ordinarias emitidas por el Poder Legislativo. En otras palabras, si bien la Constitución no establece limitaciones de contenido a la reforma constitucional, sí establece vedas temporales para hacer esas reformas tratándose de disposiciones electorales. Aun suponiendo que no se entendiera que el artículo 105 establece dicha veda temporal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dispuesto que en los casos en que efectivamente se llevan a cabo reformas dentro del período de los 90 días, éstas no pueden ser aplicables al proceso electoral en puerta, sino que su vigencia debe diferirse hasta el siguiente procesoi. Así que de hacerse la reforma constitucional al artículo 81, solo sería aplicable para el proceso electoral de 2023-24.

La segunda razón en contra de la posibilidad de reformar, en cambio, tiene que ver con el propio sentido de la Constitución y con los costos democráticos de una decisión como la que se propone, que es en lo que me quiero centrar aquí. Más allá del antedicho criterio literal de interpretación, permitir la reforma del artículo 81 para aplicarla en la próxima elección presidencial, sería un fraude a la propia Constitución. En efecto, el espíritu del artículo 105 es que no haya cambios fundamentales dentro de los 90 días anteriores a un proceso electoral para así contar con un proceso imparcial, equitativo y cierto como lo manda la Constitución. En otras palabras, la Constitución garantiza que las “reglas del juego” sean claras para los partidos contendientes y la ciudadanía, evitando alteraciones ad hominen (como la que se propone) cuando ya hay encuestas realizadas y candidaturas en vista. Las reglas del juego son importantes porque son el soporte de la democracia y alterarlas livianamente conlleva un alto costo: la democracia, concepto ausente –lamentablemente- en la columna de la profesora Casar, pero presente en la Constitución (artículo 40).

Ahora bien, con “democracia” parece que se dice todo y no se dice nada. Por eso en estas líneas quisiera circunscribirme a su sentido más mínimo. Sintetizando a Przerworskiii, diría que la democracia en su más mínima expresión se circunscribe a unas “reglas de juego” que permiten escoger a quienes gobiernan por medio de elecciones, la alternancia en el poder y con ello garantizan la paz social. El razonamiento de Przerworski es claro: sin democracia, la solución de los conflictos políticos se realiza por medio de la fuerza. Rechazamos el uso de la violencia y lo reemplazamos por reglas democráticas pues confiamos en que se van a cumplir. Entonces, en una ecuación costo-beneficio, preferimos acatar las reglas esperando que en algún momento en virtud de ellas podamos acceder al poder y no acudir a la violencia, que aunque pueda ser efectiva en el corto plazo, a largo plazo no garantiza una permanencia pacífica en el mismo. Fácil. Las reglas democráticas hacen que nos conformemos cuando perdemos las elecciones, que obedezcamos a pesar de estar en desacuerdo con las decisiones, porque son imparciales (neutrales) al resultado y nos garantizan que, si ganamos la próxima vez, quienes pierdan se conformarán con el resultado y obedecerán las decisiones que tomemos a pesar del desacuerdo.

Pero, si las reglas del juego cambian permanentemente a fin de que quienes esperan su turno para acceder a la toma de decisiones, sistemáticamente queden afuera de la posibilidad de tomarlas, entonces, el sentido más mínimo de la democracia no se cumple, la democracia fracasa. Y lo que podemos esperar cuando no hay reglas que se respeten es, valga la redundancia, que no las haya… que se acuda a otras vías para acceder a lo que se tiene negado. La historia nos ha enseñado el costo que tienen esas otras vías: revoluciones, rebeliones, guerras civiles y un largo etcétera que solo es evitable en regímenes democráticos o al menos, es no justificado. En palabras de Przerworski “El derramamiento de sangre se evita por el solo hecho de que, como dice Aristóteles, las fuerzas políticas esperan la alternancia”iii.

Por supuesto, luego de estas concepciones minimalistas de democracia, encontramos aquellas más robustas, empezando por la de Bobbio, las concepciones de la democracia sustantiva de Dworkin o Ferrajoli, la deliberativa de Habermas o Nino y un largo etc. Todas dan por sentado este sentido mínimo que defiende Przerworski, pero lo trascienden, consideran que no es suficiente, que a la democracia hay que pedirle más: garantía de derechos fundamentales, igualdad, deliberación pública con información veraz y participación igualitaria sobre las ventajas y desventajas de una decisión política determinada, etc… La academia mexicana en general considera adecuadas estas exigencias mayores para nuestra democracia, la ciudadanía también confía en que ellas se darán. Yo me pregunto: ¿qué concepción de la democracia (o qué lectura del artículo 40 constitucional) sostienen quienes proponen esta reforma?

*Doctora y profesora de Derecho Constitucional en el ITAM.

Así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un precedente reciente, la Acción de Inconstitucionalidad 103/2015 en la que reafirmó el principio de certeza previsto en la Constitución con referencia al proceso electoral de Tlaxcala.

Véase por ejemplo del autor “Una defensa de la concepción minimalista de la democracia”, Revista mexicana de sociología, vol. 59, n°3 UNAM, (julio-sept 1997), pp3-36.

Ibídem, p. 26.







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