“Agua para [email protected], petición en Change.org de Charco del ingenio
Demandan que las autoridades implementen políticas públicas para enfrentar el problema de escasez y contaminación del agua.
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(Foto: El Charco del Ingenio )

Integrantes de la organización civil El Charco del Ingenio lanzaron una petición en la plataforma de peticiones Change.org, donde demandan a las autoridades competentes en la gestión del agua de los tres niveles de gobierno que “acaten y cumplan plenamente el mandato constitucional que consagra el agua como un derecho humano”, ofreciendo a la población agua “saludable, aceptable, asequible y accesible”

La petición “Agua para [email protected], Acción desde la Sociedad” demanda que las autoridades, incluidas las de Guanajuato, implementen políticas públicas para enfrentar el problema de escasez y contaminación del agua en el estado.

También se pide que se creen políticas que eviten que se reduzca el volumen de extracción actual y se induzcan cultivos de baja demanda de agua, así como técnicas de riego ahorradoras y obras de infiltración de agua pluvial al subsuelo, con el propósito de recuperar en el mediano plazo los niveles freáticos del Acuífero de la Independencia.

A continuación, se transcribe la petición:

 

Agua para [email protected] Declaración de El Charco del Ingenio: “Acción desde la sociedad”.

El Charco del Ingenio

FORO DEL AGUA / ACCIÓN DESDE LA SOCIEDAD

Jardín Botánico El Charco del Ingenio

San Miguel de Allende, Guanajuato

17-19 de marzo de 2016

DECLARACIÓN DEL CHARCO DEL INGENIO

CONSIDERANDO:

1.- Que los municipios de la zona norte del estado de Guanajuato, abastecido por el Acuífero de la Independencia, han padecido durante décadas la extracción indiscriminada del agua subterránea (más de 3,000 pozos en funcionamiento), a partir de un modelo depredador de explotación agrícola y ganadera, el cual ha beneficiado solamente a un reducido sector de la población, a la vez que ha secado los manantiales y fuentes naturales que procuraron durante siglos el agua limpia y potable al conjunto de la población.

2.- Que más del 80% del volumen de extracción de agua del subsuelo se destina hoy en día a la actividad agropecuaria y, de manera creciente, al riego de plantaciones agroindustriales para la exportación, lo cual se traduce en una “exportación virtual de agua”, a pesar de su escasez en la zona norte del estado.

3.- Que el abatimiento del nivel freático del Acuífero de la Independencia ha sido tan severo, que no existe ya la recarga natural del mismo –conforme a los estudios científicos más calificados–, convirtiendo al agua subterránea en un recurso no renovable con miles de años de antigüedad.

4.- Que la profundidad de la extracción, la cual avanza año con año, ha alcanzado ya estratos que contienen sustancias tóxicas de origen fósil, provocando en un creciente número de pozos la presencia de minerales probadamente dañinos para la salud humana (fluoruro, arsénico, manganeso y sodio, entre otros), por arriba ya de la norma oficial mexicana de potabilidad del agua.

5.- Que la creciente concentración de minerales fósiles disueltos en el agua, está afectando gravemente la salud de la población, desde la fluorosis dental registrada en niños y niñas, hasta daños más severos en el sistema óseo, en el funcionamiento cerebral, en el sistema renal, además de la aparición de diversas formas de cáncer en el organismo.

6.- Que la presencia de sodio y otros elementos de origen fósil en el agua subterránea utilizada en la agricultura está provocando un efecto de salinización de las tierras de cultivo, la cual tiende a volverlas improductivas.

7.- Que al gravísimo fenómeno arriba descrito se suma la contaminación del agua provocada de manera directa por actividades humanas, sin la regulación y el control oficiales que consigna la ley, los cuales infestan los cuerpos de agua superficiales y se infiltran al subsuelo, tales como:

a) la proliferación de drenajes sin tratamiento en las zonas urbanas y suburbanas, los cuales descargan desechos domésticos y de diversa índole, en su gran mayoría sin saneamiento alguno, convirtiendo los arroyos en drenajes a cielo abierto;

b) los escurrimientos residuales masivos de plantaciones agroindustriales, lecherías, campos de golf y jardines residenciales, los cuales contienen sustancias químicas probadamente dañinas para la salud humana y el medio ambiente, sin saneamiento alguno;

c) los desechos residuales de la actividad industrial, los cuales contienen sustancias de alta toxicidad que se vierten sin tratamiento o con tratamiento deficiente, potenciado a partir del reciente impulso oficial a los parques industriales vinculados al sector automotriz, cuyo efecto contaminante es previsible en caso de mantenerse la misma política oficial de inacción, permisividad e incumplimiento de la normatividad ambiental.

8.- Que los referidos parques industriales en el norte del estado han sido privilegiados oficialmente y aprobados sin consideración a sus impactos ambientales, como es el caso del naciente polígono empresarial de San Miguel de Allende, inexplicablemente ubicado en una zona de recarga de agua subterránea (según datos del INEGI) y en una subcuenca cuyos arroyos convergen todos sobre la cabecera municipal.

9.- Que ante este panorama tan alarmante –el cual ha sido reiteradamente documentado por investigaciones de la UNAM y otras instituciones científicas—las autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto de la gestión del agua como de los sectores agropecuario y de salud (CONAGUA, SEMARNAT, CEAG, IEEG, PROPAEG, Secretaría de Salud y organismos operadores municipales del agua) se oponen a aceptar la crisis hídrica que vivimos y practican una política de negación, ocultamiento y descalificación ante una realidad cuyos efectos son ya devastadores, sobre todo en la población infantil de comunidades rurales del norte de Guanajuato.

10.- Que las referidas autoridades, lejos de instrumentar políticas públicas para enfrentar el problema, han impulsado un esquema de privatización del elemento agua, el cual ha intentado imponerse a nivel federal a través de iniciativas como la llamada Ley Korenfeld, las cuales atentan contra el derecho humano al agua, consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución y en tratados internacionales suscritos por México.

11.- Que dicho esquema de privatización impregna el Plan Estatal Hidráulico, promulgado por el gobierno de Guanajuato en noviembre de 2015, el cual se inscribe en un modelo extractivista y fue diseñado básicamente para satisfacer intereses empresariales –agroexportadores y de otra índole–, eludiendo la crisis hídrica que afecta a todo el estado y, de manera acuciante, a su zona norte, con los siguientes aspectos por demás preocupantes:

a) omite el Plan por completo el tema de la calidad del agua para consumo humano, afectada por la contaminación subterránea de origen fósil, así como por la contaminación urbana, agropecuaria, industrial y recreativa, sin la más mínima mención de sus graves y comprobados efectos en la salud humana;

b) autoriza la extracción del agua profunda a partir de datos ficticios, al suponer un déficit de recarga mucho menor al existente, desconociendo los estudios científicos de la UNAM que han demostrado reiteradamente que la recarga no existe más y que el agua subterránea se ha convertido en un recurso no renovable.

c) fragmenta el Acuífero de la Independencia en cuatro unidades, a partir de criterios administrativos y decreta, sin sustento científico alguno, la total autonomía entre ellos, falseando toda la información relativa a su dinámica y contaminación del mismo;

d) clasifica las actividades extractivos de agua de carácter recreativo (campos de golf, balnearios, acuarios, parques de diversiones, etc.) como “Servicios”, ocultando su carácter de negocios privados.

e) considera al elemento agua como un bien de mercado a través de conceptos como “oferta” y “demanda”, con un destino total a los usos humanos, dejando fuera el caudal ecológico para el mantenimiento de los ecosistemas.

DEMANDAMOS:

1.- Que las autoridades competentes en la gestión del agua de los tres niveles de gobierno acaten y cumplan plenamente el mandato constitucional que consagra el agua como un derecho humano, ofreciendo a la población agua “saludable, aceptable, asequible y accesible”, por encima de los intereses agroexportadores, industriales, inmobiliarios y recreativos que accionan en el estado de Guanajuato.

2.- Que dichas autoridades, de manera coordinada y sin dilación, instrumenten políticas públicas que reduzcan drásticamente el volumen de extracción actual, a la vez que induzcan cultivos de baja demanda de agua, técnicas de riego ahorradoras y obras de infiltración de agua pluvial al subsuelo, con el propósito de recuperar en el mediano plazo los niveles freáticos del Acuífero de la Independencia, como único medio efectivo para revertir la creciente escasez y la contaminación de origen fósil en el agua.

3.- Que las referidas autoridades reconozcan la validez científica de las diversos estudios publicados durante la última década por la UNAM y otras instituciones académicas y consultivas sobre el tema del agua subterránea y superficial en el norte del estado, aceptando la evidencia de la unidad del Acuífero de la Independencia, la ausencia de recarga en los flujos profundos, la contaminación de origen fósil, así como los incuestionables y crecientes impactos en la salud de la población.

4.- Que la CONAGUA instrumente un proceso transparente, público y equitativo, además de ambientalmente responsable, para el otorgamiento de concesiones de uso de agua subterránea, y en el rubro de la actividad agropecuaria, se dé prioridad a la producción de alimentos para el consumo local y nacional, antes que a la industria agroexportadora.

5.- Que la CONAGUA promueva ante el Congreso de la Unión las reformas legislativas que reconozcan la existencia de un solo acuífero en la cuenca del Alto Río Laja, el Acuífero de la Independencia, en lugar de la división administrativa y ficticia en cuatro acuíferos que actualmente maneja la Comisión, los cuales obstruyen su valoración y gestión adecuados.

6.- Que la Secretaría de Salud del estado lleve a cabo un monitoreo exhaustivo de los pozos de abastecimiento de agua potable de la cuenca del Alto Río Laja, considerando todos los rubros de la NOM-127, y que publique los resultados periódicamente, a través de las jurisdicciones sanitarias I y II, poniendo fin a la secrecía con la que ha manejado durante años la información relativa a la calidad del agua para consumo humano, en cumplimiento del derecho a la información consagrado en el artículo 6º de la Constitución.

7.- Que el gobierno del estado, además de reconocer el problema de salud derivado del abatimiento del acuífero, atienda médicamente a los pobladores afectados por la contaminación de minerales fósiles, y compense los daños sufridos, con atención especial a las comunidades rurales y a la población infantil.

8.- Que el gobierno del estado y la CONAGUA reconozcan el grave problema de contaminación del agua en la comunidad de La Cantera, municipio de San José Iturbide, conforme a los resultados del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que determinaron la presencia de radiactividad, causa probable de la anormal incidencia de muertes por leucemia linfoblástica en dicha comunidad.

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9.- Que los gobiernos federal (CONAGUA) y estatal (CEAG), instrumenten políticas públicas efectivas y duraderas de saneamiento, que eviten y detengan la contaminación tóxica de los arroyos y cuerpos de agua por efecto de las descargas residuales sin tratamiento de carácter urbano, agropecuario, industrial y recreativo, terminando así con el implícito incentivo a la inversión que representa la “impunidad ambiental”.

10.- Que el Plan Estatal Hidráulico vigente sea totalmente replanteado, de manera que no atienda sólo los grandes intereses empresariales del estado, sino que apunte a una distribución equitativa del agua a toda la población,
a) privilegiando el consumo humano y la conservación de los ecosistemas;

b) regulando y limitando la sobreexplotación de los acuíferos para la agroexportación, la ganadería, la industria y los negocios recreativos;
c) atendiendo los resultados de los estudios científicos de la UNAM en el manejo de los acuíferos;

d) reconociendo el Acuífero de la Independencia como una unidad en la cuenca del Alto Río Laja, en sustitución de la división administrativa en cuatro acuíferos;

e) aceptando la ausencia de recarga de dicho acuífero y el carácter actual no renovable del agua subterránea;

f) reconociendo la presencia de minerales tóxicos en el agua que se extrae para el consumo humano, y sus graves efectos en la salud de los habitantes de la cuenca;

g) enfrentando decididamente la contaminación de los cuerpos de agua, derivada de las actividades agropecuaria, industrial, inmobiliaria y recreativa, mediante acciones efectivas de saneamiento de todas las descargas residuales;

h) acatando el mandato constitucional de asumir al agua como un derecho humano y un bien común natural de uso público, y no como una mercancía sujeta a la oferta y la demanda.

11.- Que el gobierno del estado incluya en sus planes y programas de la zona norte de Guanajuato, la valoración del acuífero como un elemento vital de la cultura regional, y realice campañas informativas entre la población para la construcción de una nueva cultura del agua.

12. Que el municipio de San Miguel de Allende, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil de carácter ambiental, establezcan las condiciones para que la estructura de representación del Fondo Verde, así como los recursos económicos que maneje existan bajo un esquema legal, autónomo y reglamentado, garantizando que los recursos manejados sean asignados a proyectos y programas de conservación.

13. Que se cuente con un programa local de pago por servicios ambientales, mismo que tenga autonomía para financiar acciones de manejo de cuencas, permitiendo con ello evitar los cambios de uso de suelo y a la vez generar alternativas productivas sustentables derivadas del aprovechamiento del entorno natural.

14. Que derivado del Estudio Previo Justificativo (EPJ) para el Área Natural Protegida Corredor Biológico Támbula – Palo Huerfano – Presa Allende (2015), los ayuntamientos de Comonfort y San Miguel de Allende hagan la declaratoria de Zona de Conservación Natural de la superficie derivada del polígono mencionado en el EPJ.

15. Que los ayuntamientos pertenecientes al estado de Guanajuato declaren al menos el 25% de su territorio como Zona de Conservación Natural.

San Miguel de Allende, Guanajuato, marzo de 2016.



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