¿Quién dejó las sillas vacías en la CIDH?
Otra decisión polémica del gobierno de Donald Trump.
Foto: @CIDH

La administración Trump no compareció este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar los argumentos detrás de las órdenes ejecutivas sobre migración, en una decisión calificada como “sin precedentes” por organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la ausencia de representantes de gobiernos en las audiencias de la comisión no es extraña, la decisión del gobierno de Trump resultó sorpresiva dada la manifiesta voluntad de administraciones anteriores para atender audiencias generales o de casos relacionadas con el país.

El comisionado Paulo Vannuchi, lamentó que la mesa destinada para los representantes del estado estuviera vacía, y consideró que con ello el gobierno estadunidense “impide el ejercicio democrático de la comisión para conocer posiciones distintas”.

La audiencia fue convocada por la propia comisión, que en una declaración pública difundida en febrero, expresó su preocupación por las órdenes ejecutivas sobre migración y refugio anunciadas por Trump en las primeras semanas de su gobierno.

Jamil Dakwar, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió al presidente de CIDH, Francisco Eguiguren Prael inquirir a la misión estadunidense sobre las razones de su ausencia, que calificó como “algo sin precedentes”.

“La administración de Estados Unidos muestra una falta de respeto a la comunidad internacional que de alguna forma va a alienar a los aliados internacionales. Esto es en realidad similar a lo que haría un régimen autoritario y solamente servirá para fortalecer un régimen autoritario”, dijo.

Consideró que la ausencia “es una señal de que la administración de Trump no sólo ataca los derechos humanos aquí en Estados Unidos, pero trata de socavar a los órganos internacionales a cargo de fincar responsabilidades sobre los gobiernos”.

Durante la audiencia ACLU y otras siete organizaciones denunciaron que la orden ejecutiva del 25 de enero promulgada por Trump para construir el muro en la frontera con México e intensificar las redadas para detener y deportar a inmigrantes indocumentados, así como la prohibición migratoria, implican “graves” violaciones a derechos humanos.

En particular ACLU externó su preocupación por la ampliación del programa 287 (g) mediante el cual el DHS autoriza a policías locales para que sus oficiales desempeñen funciones de agentes migratorios, así como hacer expedita la deportación de inmigrantes indocumentados detenidos en todo el país.

Sarah Metha dijo que ambos programas “tienen una larga historia de abusos” y en el primero ha resultado incluso en prácticas de discriminación racial, en tanto que el segundo conllevará “devastadores errores predecibles”, como la detención y deportación de ciudadanos y residentes legales.

Maru Mora Villapaldo, una inmigrante indocumentada mexicana que pertenece a la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington señaló el pernicioso efecto que tendrá la llamada Oficina parra Victimas de Crímenes de Migración o su acrónimo en inglés, VOICE.

La mujer consideró que la creación de esa oficina “es otra forma de presentar a los inmigrantes indocumentados como criminales”.

“Estamos siendo criminalizados. Tenemos un miedo creciente de ser separados de nuestra familia y se ha desatado una nueva ola de racismo y odio contra la gente de color. Esta nueva política nos afecta a todos, como yo que soy indocumentada. Yo soy indocumentada y no tengo miedo. Me rehúso a volver a las sombras”, dijo.

Las organizaciones pidieron a la CIDH visitar Estados Unidos para verificar la implementación de las ordenes ejecutivas, y urgir a Estados Unidos a rescindir las ordenes ejecutivas, aunque Dakwar hizo notar que el poder judicial ha dado pasos al respecto, en particular con respecto a la prohibición migratoria contra musulmanes.



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