“La discusión olvidada sobre Periscope”: Artículo 19
"Pareciera que todo se constriñe a Arne aus den Ruthen y su uso justiciero del Periscope"... pero la discusión debe ser mucho más amplia.
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Foto: Luis Carbayo/ Cuartoscuro

Por Leopoldo Maldonado y Paulina Gutiérrez, del programa legal de ARTICLE 19

El uso de redes sociales para hablar públicamente de autoridades, así como ser sujetas a grabación por parte de ciudadanas y ciudadanas no es un tema en discusión, es un pleno derecho de los particulares.

Sin embargo, este es un tema que se ha ignorado ante los múltiples intentos de regular las redes sociales por parte de las autoridades federales y locales.

A partir del uso de Periscope por parte del City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, el debate se ha avivado.

Una vez más, el abordaje por parte de actores institucionales deja un sabor amargo y apunta a la creación de instrumentos normativos (en este caso Lineamientos) que, pretendiendo limitar el uso abusivo de redes sociales, tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y plataformas digitales por parte de autoridades, dejan de lado los impactos en los derechos de la ciudadanía.

El pasado 14 de marzo diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas participamos en un foro convocado por el Consejo para Prevenir la Discriminación del DF con la finalidad, al parecer, de intercambiar observaciones sobre los futuros lineamientos con la CDHDF y el INFODF, redactores de los mismos.

En ese momento descubrimos dos cosas:

1) Ya estaban elaborados y acordados por las instancias públicas y el órgano legislativo local;

2) quienes fuimos convocados los desconocíamos.

Por lo tanto, el poco margen para la inclusión de perspectivas y comentarios por nuestra parte nos permitió entender que ese no era un proceso de consulta.

Pese a lo anterior, solicitamos al INFODF un tiempo para poder emitir nuestros comentarios y observaciones a un instrumento que tiene por objeto regular el uso de redes sociales y las TICs en un contexto donde se evaden las responsabilidades estatales hacia los derechos humanos.

En función de lo anterior, es importante destacar los puntos sustantivos que están siendo omitidos en la discusión.

En principio, la preocupación más grande es lo que no se ha dicho en el debate y mencionamos al principio de esta columna.

Decenas de periodistas y documentadores ciudadanos han sido detenidos y agredidos por elementos de seguridad pública en el momento que sus abusos son captados mediante una cámara. Este actuar de la policía capitalina se recrudece en contextos de manifestaciones.

Sobre esto, las autoridades ahora preocupadas por ser protagónicas en la coyuntura, han omitido pronunciarse o -en el caso de la CDHDF que al respecto emitió la Recomendación 11/2014- dar seguimiento a pesar de que se ha configurado un patrón sistemático que pretende coartar el derecho a captar y difundir información de interés público.

Otro elemento que parece sobrevalorar los mencionados lineamientos es el criterio de interés público como excepción al derecho de privacidad y la protección de datos personales. Es sencillo: los derechos humanos a la libertad de expresión y a la privacidad pueden entrar en conflicto mediante el uso de herramientas y tecnologías digitales. Pero la pregunta radica en si la protección a la privacidad de una persona que realiza actos de interés público (independientemente de si es autoridad o no) es justificación para limitar el derecho a recibir información de toda la sociedad.

La pregunta es legítima y no parte de la visión simplista que considera que todo lo sucedido en la calle es de interés público, ni que en el espacio público perdamos nuestra privacidad. Al contrario, pretende evitar intervenciones ilegítimas, innecesarias y desproporcionadas a la privacidad en los espacios públicos; y correlativamente, ampliar el ejercicio de la libertad de expresión. Recordemos que la Ciudad de México está plagada de cámaras de seguridad cuyo uso y tratamiento de información es un ámbito opaco y que no ha sido objeto de escrutinio público. Ello pese a la existencia de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública en el Distrito Federal la cual es prácticamente letra muerta.

El tema inicialmente salvado en los lineamientos, dirigidos a regular a las autoridades en el uso de TIC, Plataformas digitales y Redes Sociales, es la calidad de los sujetos. Pero la discusión y subsecuente construcción de normas pierde de vista un entramado complejo de relaciones. Las consecuencias sociales, políticas y jurídicas varían sustancialmente cuando una autoridad graba a una ciudadana o ciudadano; o una ciudadana/o a una autoridad, un ciudadano a otro ciudadano o una autoridad a otra autoridad.

El potencial de escrutinio público en el actuar de la autoridad, mediante los debidos mecanismos de control y salvaguarda, no es abordado en los lineamientos. No solamente para la vigilancia de los actos de autoridad en tiempo real, sino para generar elementos de prueba útiles en procedimientos abiertos contra los abusos de servidores públicos. Es evidente que esta no es la intención de Arne aus den Ruthen, ni del programa de “Vecino Gandalla”, del cual no ha sido posible conocer su justificación ni descripción pública e institucional que permita conocer sus objetivos, alcances y resultados, tal como lo señaló en la presentación Iván García Garate en el foro al que asistimos, incluso el título contiene elementos editoriales orientados a asignar connotaciones negativas a quienes persigue dicho programa.

Ahora bien, para hablar de buenas prácticas y lo que sí deben hacer las autoridades para someterse a escrutinio público y rendir cuentas sobre sus labores y actos, viene a bien retomar lo que hace un par de semanas presentaron los Relatores Especiales de la ONU sobre el Derecho de Reunión y Asociación Pacíficas y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, una serie de recomendaciones sobre buenas prácticas que deben procurar las autoridades en contextos de asambleas o reuniones en el espacio público. Hacen una mención interesante al uso de las TIC como instrumentos para la rendición de cuentas, señalando que “el empleo adecuado por los agentes del orden de cámaras que se fijan sobre el cuerpo en el contexto de manifestaciones podría resultar útil en la labor de investigación interna o de los mecanismos civiles de supervisión. Esa tecnología todavía es incipiente y debe estudiarse el delicado equilibrio respecto de la potencial intromisión en la intimidad, pero por el momento parece que puede contribuir a promover la rendición de cuentas si existen salvaguardias adecuadas”.

En suma, pareciera que todo se constriñe a Arne aus den Ruthen y su uso justiciero del Periscope. Sin embargo, una vez más, muestra palmaria de oportunismo político, las autoridades retoman elementos residuales de una discusión que debe ser mucho más amplia y participativa. Atestiguamos una cultura política de profunda raigambre en nuestro país y sobrada ineficacia: regular para cambiar la realidad.



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