Aprueban en comisiones reforma “light” del Ifai
La minuta en materia de transparencia indica que la información sobre partidos políticos será canalizada al IFE, mientras que los sindicatos detallarán sus operaciones cuando se trate de manejo de recursos públicos.
Aprueban en comisiones reforma “light” del Ifai
(Foto: Cuartoscuro)

Sin tocar la propuesta original del Senado y con el rechazo de la bancada de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, integrantes de comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron, en lo general y en lo particular, el dictamen modificado de reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

El dictamen refiere que las resoluciones del Ifai sean vinculatorias, definitivas e inacatables, sin embargo, pusieron candados para interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La reforma al organismo modifica los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución y, como principal punto, establece a los sujetos obligados a transparentar su información.

De acuerdo a lo aprobado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya no tendrá la última palabra en materia de transparencia y ahora será la Corte quien emita la última palabra en temas relacionados con seguridad, derechos humanos y estabilidad financiera.

Al inicio de la reunión, a las 18:00 horas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, anunció un acuerdo para retirar las reservas hechas al dictamen de la minuta aprobado el 22 de abril.

Posteriormente presentó un paquete de reservas consensuado entre los diferentes grupos parlamentarios, que fue aprobado por la mayoría de los integrantes de las tres comisiones.

En dichas reservas se estableció la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, excepto para el procurador general de la República, el consejero jurídico de la Presidencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el gobernador del Banco de México (Banxico), que tendrán facultad para apelar las resoluciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicha excepción se dará cuando las resoluciones puedan poner en peligro la seguridad o la estabilidad económica, o cuando se transgredan los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

También se aceptó que sean sujetos obligados de transparencia los sindicatos y partidos; los Poderes de la Unión, de los estados de la República y del Distrito Federal, así como los ayuntamientos y los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales de la ciudad de México.

Ocurrirá lo mismo con organismos autónomos y universidades públicas, fideicomisos y fondos públicos, personas físicas, morales, sindicatos o fideicomisos privados respecto de los recursos públicos que reciban y ejerzan, así como las personas físicas o morales que realicen actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Los diputados avalaron la renovación de todos los comisionados del Ifai, quienes deberán ser elegidos por el Senado previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, dando oportunidad de participar en el proceso de renovación a los comisionados actuales.

Esos nombramientos podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de diez días hábiles.

Cuatro de los siete comisionados deberán poseer, el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Los otros tres comisionados deberán haberse desempeñado cuando menos tres años en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a la transparencia y acceso a la información pública.

El dictamen indica que la Federación, los estados y el Distrito Federal contarán con organismos autónomos, especializados y colegiados, responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley.

Señala también que serán las autoridades electorales las que garanticen el acceso a la información pública de los partidos políticos.

Además faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que desarrollará las bases, principios generales y procedimientos en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de todos los niveles de gobierno.

Asimismo la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

Finalmente da potestad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados de esa entidad, así como en materia de organización y administración de archivos, de acuerdo con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión.

Durante la discusión, los legisladores aprobaron tres reservas presentadas por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). (Con información de Notimex, Reforma y El Universal)



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