Piden comparecencia de titulares de PGR, Sedena y Cisen por espionaje: PRD
Dolores Padierna, coordinadora de los senadores del PRD, dijo que estos casos no son aislados y constituyen una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
(Foto: Cuartoscuro)

Para que informen sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del software y el sistema Pegasus, el PRD en el Senado presentará un punto de acuerdo para solicitar las comparecencias de los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La coordinadora de ese grupo parlamentario, Dolores Padierna, recordó que en febrero pasado, un informe de Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas.

Una nueva investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times este lunes 19 de junio da cuenta del uso de ese software malicioso y comercializado exclusivamente a gobiernos, dirigido a otros activistas, defensores de derechos humanos e incluso contra periodistas y sus familiares.

“El principal método de infección documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso.

“Los nuevos casos que se registraron en esta segunda investigación fueron los del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, de la periodista Carmen Aristegui, de su hijo Emilio Aristegui, y de sus colaboradores los también periodistas Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, tan sólo entre estos periodistas se lograron documentar cerca de 50 mensajes recibidos en los años 2015 y 2016“, agregó.

Recordó que otro caso documentado fue el del periodista Carlos Loret de Mola quien entre en los años 2015 y 2016 recibió al menos siete mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware denominado “Pegasus” y que es comercializado y distribuido por la empresa NSO Group.

En contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de sus colaboradores Salvador Camarena y Daniel Lizárraga; y finalmente se documentaron también actos que pretendían espiar a Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad quienes recibieron al menos cuatro mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles a finales de 2015 y en el mes de mayo de 2016.

Padierna Luna señaló que, según la investigación de Citizen Lab, y según la propia información expuesta por la empresa NSO Group, la mayoría de sus clientes son gobiernos nacionales, entre los que se encuentra el propio gobierno mexicano, quien a través de instancias como la Sedena, la PGR y el Cisen, han sido clientes de dicha empresa desde el año 2013.

“La evidencia recabada en ambos informes que fueron presentados por las organizaciones civiles, indican que todos estos casos no son aislados e indican que más bien parecen constituir una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas”, afirmó.

Añadió que la utilización de este tipo de software de espionaje por parte de agencias gubernamentales sin que exista de por medio una autorización judicial o una investigación criminal que justifique la imperiosa necesidad de la medida, es absolutamente ilegal y constituye un delito que debe ser investigado y sancionado.

“No podemos permitir como legisladoras y legisladores que el Gobierno Federal adquiera, utilice y opere este tipo de sistemas de espionaje de manera ilegal y peor aún que éstos sean utilizados para espiar a defensores de derechos humanos, activistas, periodistas e incluso a sus familias y, desde luego, que tampoco podemos permitir que actos como los que han denunciado las organizaciones y que emanan de una investigación científica y tecnológica queden en la impunidad“, sentenció.

Padierna Luna destacó que este asunto “no puede quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados por la vocería presidencial en donde se señala que ‘no hay pruebas’ para acusar al Gobierno Federal de la utilización perversa de este tipo de softwares y hardwares”.

Por ello, concluyó que es urgente la comparecencia de los funcionarios para conocer cuáles son los datos, documentos y registros oficiales que se tienen al respecto, pues los afectados y la sociedad en general tienen derecho de conocer esa información”.







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