En manos de PGR, denuncia por espionaje gubernamental a periodistas y activistas
Solicitan afectados que una comisión independendiente participe en la investigación.
Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro

Un grupo de activistas y periodistas que entre 2015 y 2016 fueron víctimas de intentos de espionaje gubernamental mediante el uso de la plataforma Pegasus presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitaron la conformación de una comisión independendiente para poder realizar la investigación.

La denuncia consta de 23 páginas más los anexos en los que se entregan copias de al menos 88 mensajes de texto recibidos por los afectados de Aristegui Noticias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro Pro de Derechos Humanos, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Poder del Consumidor.

En la demanda de hechos entregada a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR se solicita la intervención de la División de la Policía Cibernética de la Policía Federal para identificar la procedencia y los titulares de los números celulares que se usaron para enviar enlaces o links que contenían enlaces o links maliciosos para poder infectar los teléfonos celulares de las víctimas de espionaje.

Además, se solicita a un Juez de Control la geolocalización de los concesionarios de telecomunicaciones que fueron utilizados por los espías o agresores para enviar los mensajes de texto vinculados con direcciones de internet asociadas o vinculadas con la compañía israelí NSO Group, las cuales alojaban el malware o programa malicioso conocido como Pegasus utilizado en todos estos ataques.


El Director del Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro”, Mario Patrón, solicitó la conformación de una comisión independiente que coadyuve con la investigación de este caso, debido a que los principales sospechosos del espionaje son las dependencias gubernamentales que han pagado alrededor de 80 millones de dólares, entre ellas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la propia PGR.

“¿Tendrá el gobierno la capacidad y la voluntad de investigarse a sí mismo? Creo que todos sabemos cuál es la respuesta, por eso necesitamos una comisión independiente que haga la investigación”, señaló Patrón.

Cabe señalar que la licencia para el manejo de Pegasus por parte de la PGR se maneja directamente por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), instancia que en teoría solo se enfoca en el seguimiento a células del crimen organizado, según fuentes de de la misma dependencia.

Los delitos cometidos por los servidores públicos que autorizaron el espionaje a periodistas y activistas son violación de correspondencia y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

¿Para qué quiere el gobierno la información de un adolescente?: Carmen Aristegui

Ante la gravedad del caso que incluye el espionaje a Emilio Aristegui, menor de edad al momento de los ataques con ligas maliciosas, la periodista Carmen Aristegui responsabilizó de manera directa al Presidente Enrique Peña Nieto de los intentos de espionaje gubernamental y le exigió aclarar el uso que el gobierno mexicano pretendía darle a la información robada de su teléfono personal a un estudiante y adolescente.

Tanto Carmen Aristegui como Mario Patrón resaltaron como el espionaje se incrementó en coyunturas críticas para el gobierno federal como la revelación del reportaje de la Casa Blanca, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para tratar de esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y las resoluciones derivadas del caso Tlatlaya en el Estado de México, por la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas a manos de soldados pertenecientes al Ejército Mexicano.

“No es casual que precisamente en los momentos más difíciles para el gobierno, en lugar de dar explicaciones o respuestas, hubo espionaje”, enfatizó la periodista.

La directora de la organización Artículo 19 que defiende la libertad de expresión en nuestro país, Ana Cristina Ruelas, explicó que el espionaje en México se ha convertido en otra forma de intimidación, por lo que urgió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a organismos internacionales en la materia, implementar medidas cautelares a favor de los afectados, además de exigir a las autoridades federales que rindan cuentas sobre el uso indiscriminado de los aparatos de inteligencia del Estado en contra de los ciudadanos.

En la conferencia de prensa para dar a conocer este caso, los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga calificaron el espionaje a través del programa Pegasus como una operación de estado que vulnera el derecho de las audiencias a recibir información y que además afecta la labor periodística al exponer a las fuentes de una filtración o de una denuncia periodística.

A través de un videomensaje, el periodista Carlos Loret de Mola reconoció que los intentos de espionaje gubernamental a los llamados teléfonos inteligentes, no se deben minimizar, puesto que forman parte de la misma espiral de violencia que sufren los periodistas.







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