INAH y Edomex responden sobre supuestos sobornos de Walmart
El gobierno del Estado de México dice que esperará hasta que exista una denuncia formal, para colaborar con las investigaciones; Arqueológos del INAH aseguran que habían denunciado desde 2005.
(Foto: Cuartoscuro)

El gobierno del Estado de México informó que esperará a que se interponga una denuncia formal contra algún servidor público para poder colaborar con las autoridades en el caso de los supuestos sobornos que la cadena Walmart habría dado a servidores públicos para abrir una tienda en una zona restringida en Teotihuacán, como reveló el diario estadunidense The New York Times.

A través de una tarjeta informativa, el gobierno mexiquense refirió que en meses pasados la Procuraduría General de la República solicitó información sobre los trámites que se hicieron. Además defendió que la Auditoría Superior de la Federación había determinado que la apertura de la tienda “se dio en estricto apego y sin violentar normatividad”.

De acuerdo con The New York Times, ejecutivos de Walmart en México sobornaron a funcionarios del municipio de San Juan Teotihuacán, incluido el alcalde, para que modificaran un mapa de zonificación que prohibía la construcción de comercios en el área que interesaba a la empresa, así como para que aprobaran las licencias necesarias para poder construir una tienda a un kilómetro y medio de las pirámides de Teotihuacán.

Arqueólogos ya habían denunciado sobornos

El diario estadunidense también mencionó que Walmart habría pagado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un soborno de al menos 45 mil dólares como “donación oficial” y un “regalo personal” de hasta 36 mil dólares a sus autoridades.

Al respecto, el arqueólogo Sergio Chávez, quien desde 2003 está a cargo de un proyecto de restauración en Teotihuacán, dijo al diario Reforma que en 2005 denunció la existencia de un cheque que beneficiaría a Verónica Ortega, entonces jefa del Departamento de Protección Técnica y Legal y actual subdirectora de esa zona arqueológica, quien rechazó esta versión, aunque  aceptó que hubo una denuncia en su contra

El arqueólogo Jesús Sánchez recordó que en la polémica por la autorización, un grupo académico concluyó que el proceso estaba viciado y que había sido Ortega, sin tener atribuciones, quien notificó vía telefónica el permiso de construcción.

(Con información de diario Reforma)







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