Juez rechaza demanda por asesinato durante operación Rápido y Furioso
Kent Terry y su esposa Josephine presentaron la demanda por el asesinato de su hijo en diciembre de 2010, a manos de un grupo de traficantes de droga con rifles de asalto comprados en Glendale, Arizona.
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(El Universal)

En Phoenix, Estados Unidos, un juez federal descartó una demanda de los padres de Brian Terry, quien fuera asesinado mientras fungía como agente de la Patrulla Fronteriza en Arizona, con una pistola ligada a la Operación Rápido y Furioso.

El juez federal David Campbell dictaminó que aun cuando las argumentaciones en el recurso civil son verdaderas, la demanda presentada en contra del gobierno de Estados Unidos y siete empleados federales no está permitida por la ley.

Kent Terry y su esposa Josephine presentaron la demanda por el asesinato de su hijo ocurrido en diciembre de 2010, a manos de un grupo de traficantes de droga cerca de la comunidad de Rio Rico, en el sur de Arizona, con rifles de asalto comprados en Glendale, Arizona.

El local donde fueron adquiridas era vigilado por agentes de la Oficina Federal de Alcohol Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) bajo la Operación Rápido y Furioso, que pretendía identificar y detener a líderes de cárteles mexicanos mediante el rastreo de armas.

La estrategia permitió que, bajo el conocimiento de las autoridades estadounidenses, cientos de armas llegaran a manos de delincuentes.

En la demanda, los padres de Terry indicaron que la muerte de su hijo fue consecuencia de la fallida operación, cuya investigación condujo a la renuncia de Dennis Burke como procurador federal en Arizona y la reasignación de William Newell como jefe de la ATF en Phoenix.

El presidente Barack Obama y el Departamento de Justicia reconocieron que la estrategia de investigación fue un error, pero negaron culpas.

Los padres de Terry demandaron a los procuradores federales y a los agentes de la ATF que supervisaban la operación, al considerarlos al menos parcialmente responsable de la muerte de su hijo, y pidió fincar cargos en contra de los funcionarios federales en el caso.

El juez dijo en su dictamen que a pesar de la negligencia o mala conducta del gobierno, las leyes federales y decisiones de la Suprema Corte de Justicia prohibían interponer la demanda, y argumentó que el Congreso proporcionó otras protecciones para los deudos de Terry.

“La Corte reconoce que los demandantes han sufrido una gran pérdida”, escribió Campbell, “y que todo recurso financiero es probablemente insuficiente para reparar su lesión”, pero las Cortes no pueden intervenir dado que el Congreso estableció mecanismos de compensación.

El abogado Lincoln Combs, a nombre de la familia, señaló que las determinaciones del juez se basan en una cuestión de competencia en lugar de argumentos en cuanto a la culpabilidad del gobierno.

“Obviamente, la familia está increíblemente decepcionada con esta decisión”, añadió Combs, quien no descartó interponer una apelación.

(Con información de Notimex)





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