Textos en IFEX y en Reforma repudian la sentencia contra Carmen Aristegui
La principal red mundial de organizaciones defensoras del derecho a la libertad de expresión e información, reproduce el posicionamiento de Artículo 19; el ex consejero Alfredo Figueroa cuestiona en Reforma la sentencia del juez Odilón Centeno.
(Foto especial)

A unas semanas de que un juzgado civil de la Ciudad de México le dio parcialmente la razón a Joaquín Vargas Guajardo, en su demanda por daño moral contra Carmen Aristegui, continúan las reacciones adversas a lo que se considera un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Dos de esas reacciones se produjeron este sábado en el portal de IFEX y en el periódico Reforma.

En IFEX, la principal red mundial de organizaciones que defienden y promueven el derecho a la libertad de expresión e información, se reprodujo el posicionamiento de Artículo 19, que señaló que la sentencia contra Aristegui “establece restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión de la periodista, mediante argumentos poco consistentes y en contravención a los estándares de derechos humanos”.

“La violencia institucional, entendida como el uso de mecanismos en apariencia legales, ha incrementado como un medio de censura a la libertad de expresión en nuestro país. En los primeros 6 meses de 2016, se cometieron 11 agresiones a periodistas y medios a través del uso desviado de instituciones y procesos legales, con la finalidad de silenciarlos. En 10 de los casos de violencia institucional registrados, los perpetradores fueron funcionarios públicos”, señaló la organización.

Añadió el texto de Artículo 19: “Es importante destacar, que el acoso judicial se activa recurrentemente por personajes y funcionarios públicos que alegan daño moral debido a supuestos abusos de la libertad de expresión. En la Ciudad de México, se observa un incremento preocupante en las demandas por daño moral, cristalizándose como una forma disuasiva para el ejercicio de la crítica y la libertad de información”.

Por su parte, Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Federal Electoral, se refiere a la sentencia del juez Odilón Centeno Rendón en su  en su artículo en Reforma, del cual se reproducen estos fragmentos:

¿Qué significa lo resuelto? La ponderación que guía el proceder del Juez refiere que “se encuentran en conflicto la libertad de expresión y el derecho a la información, frente al derecho a la intimidad”. El primer error (grotesco para un Juez que pretende que se publique su sentencia), es confundir el derecho al honor y a la intimidad. El primero, razonablemente admisible en este caso, tiene que ver con “el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella. En cambio, el derecho a la intimidad consiste en la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados, en todo aquello que desean compartir únicamente con quienes ellos eligen. No hay un solo párrafo del prólogo que permita arribar a la conclusión de que en él se está interfiriendo con el derecho a la intimidad de Joaquín Vargas. La intimidad no guarda relación con los hechos y no debió ser materia de la Litis. Pero hay más, el estándar de malicia efectiva empleada en la sentencia supone limitar la libertad a condición de que la información sea difundida a sabiendas de su falsedad, para dañar y sin interés público. ¿A qué se refiere la sentencia para acreditar el estándar? Veamos lo que dice el prólogo, en relación no sólo a Joaquín sino a Ernesto y Alejandro Vargas: “Haciendo a un lado la biografía, prestigio y compromisos, aceptaron el papel de instrumento para asestar la puñalada con cobardía. Es insoslayable el hecho de que el 17 y 18 de septiembre de 2015 MVS obtuvo de forma expedita, por parte de un tribunal federal, dos fallos favorables…”. ¿Puede admitirse que los hechos señalados son falsos como sostiene la sentencia? Aristegui no fue ambigua, refirió dos fallos en fechas específicas. Se refería a dos amparos en revisión, el 96/2015 que fue sobreseído y que afectaba a los intereses de Dish, pues Televisa pretendía eludir la obligación de must carry-must offer y, el sobreseimiento del 103/2015 en el que filiales de Televisa impugnaban la prórroga y modificación del uso de la banda 2.5 GHz a favor de MVS.

La sentencia arriba a la conclusión de que esto es falso al admitir como “prueba” la reforma constitucional en la matera realizada en 2013, pasa inexplicablemente por alto las sentencias que impugnaron dicha reforma. Fallos que Aristegui ubica como parte de la trama de su despido. El juzgador se vale de esta trampa para negar las libertades de expresión e información, al afirmar que existe un “exceso” y que el propósito del prólogo no es informar sino denostar y desprestigiar, es decir, dañar a Vargas en agravio de su honor, pues no se ajusta a la “realidad”, cuando es el Juez quien no lee y no ve el fundamento y contexto de la crítica, como era su obligación. La información contenida en el prólogo sobre el dueño de MVS, nos dice su Señoría: “no tiene referencia al contenido del libro”. ¿Es posible afirmar que el relato sobre el inicio de la investigación de la Casa Blanca y las consecuencias de su publicación para los autores no tienen que ver con el libro? ¿Entenderá el Juez que un prólogo se sitúa fuera del texto, en su periferia, que no se trata de la introducción a la obra? ¿De quién sí y de quién no permitirá un Juez como éste hablar en un prólogo? ¿Alguien puede admitir que el despido de Carmen y de los autores del reportaje no tienen interés público como afirma la sentencia? ¿En verdad cree Joaquín que una sentencia de estas características es resarcitoria de su honor y su prestigio?



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