Fondo de periodistas debería transparentarse aún sin solicitud de información: comisionada INAI
La comisionada Areli Cano lamentó que "los sujetos obligados tratan de orientar a otra dependencia cuando ellos son los que tienen la responsabilidad de poseer la información".
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Foto: INAI

Hay un fondo millonario para periodistas y defensores de derechos humanos del que hasta ahora sólo el gobierno sabe cómo se gasta. 

Un ciudadano solicitó -a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales- los montos ejercidos y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) respondió a cuánto ascendía en total el fideicomiso y los recursos que se emplearon en los últimos años: al 31 de enero 2015, los recursos acumulados ascienden a 286 millones 380 mil 650 pesos. Se ejercieron, durante el ejercicio fiscal 2014, 15 millones 832 mil 69 pesos, y 35 millones 279 mil 450 pesos, se han ejercido durante este año 2015.

Pero ese fondo existe desde el 2012, y de ese año al igual que de 2013, Bansefi no aportó información.

Por eso el ciudadano se inconformó y su recurso de revisión llegó a las manos de la comisionada Areli Cano Guadiana.

Tras revisar el caso, Cano coincidió junto con el pleno del instituto en instruir al Banco para que busque y dé a conocer el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, del 25 de noviembre de 2012, fecha en que se constituyó, al 2013, es decir, los años que no se reportaron.

En entrevista para Aristegui Noticias, la comisionada aseguró que no debería mediar una solicitud de información para que se conociera el destino y uso de estos recursos públicos (más de 286 millones de pesos).

“Bansefi tiene las facturas por los cuales se adquieren estos bienes y servicios, que son el mecanismo para implementar medidas preventivas de protección… Ya lleva tres años (el fondo), inclusive yo diría que no debería de mediar una solicitud de información para tener acceso público a ello, si se trata de un recurso totalmente público, destinado a un fin público, pues de motu propio las dependencias deberían de publicitar esta información en sus respectivos portales de internet”, sostuvo.

-¿Por qué no se hace?-, se le pregunta.

“Yo creo que es una cultura que tenemos que fomentar también por parte del INAI para impulsar prácticas de transparencia proactiva porque ahorita la ley no exige concretamente ese requisito pero sí creo que ahora ya con la nueva ley general y la ley federal que está próxima a aprobarse viene ya toda una serie de obligaciones de transparencia proactiva y ¿qué implica eso?, que no necesariamente tenga que preguntar una persona determinada información para que el propio sujeto obligado atienda estos requerimientos, no solamente el uso de recursos públicos sino el interés ciudadano de tener en páginas de internet o en sus propios archivos el acceso directo a la información y no medie una solicitud”, abundó.

La inconformidad en este caso -recordó Cano- se dio porque el ciudadano no sabe en qué se emplearon estos recursos. 

La respuesta que debe dar Bansefi, apuntó la comisionada, no sólo deben ser los montos de recursos asignados por año, sino que “tendría que entregar versiones públicas de facturas donde se hayan solicitado los bienes o servicios por los cuales se dio cumplimiento a las medias preventivas de protección. Poníamos como ejemplo que esas facturas pudiesen amparar determinados servicios, por ejemplo capacitación para la autoprotección, ¿cuánto se pagó por eso? si hubo bienes relacionados con medidas de protección, como equipos de comunicación, celulares, cámaras, equipos de seguridad… una comprobación de gastos, que es el alcance que tiene Bansefi”.

“No nada más es el monto de cada año, si hay evidencia documental que ampare o acredite qué medidas preventivas se realizaron a través de esta consignación de bienes o servicios los tiene que dar, entonces se tendrá por cumplida la atención a la solicitud derivado de la inconformidad de este recurrente, siempre y cuando dé el monto de los recursos asignados y también dé copia en versiones públicas de los bienes y servicios que adquirieron para dar pie a esta garantía de medidas preventivas”, detalló.

El INAI tuvo conocimiento del tema a través del recurso de revisión presentado, en el que “el solicitante pedía el monto total y también los fines para los que se utilizaron derivado de los montos ejercidos y respecto de aquellos que no se ejercieron”.

Apuntó que “el sujeto obligado (Bansefi) atendió parcialmente la información, toda vez que comentó de manera genérica que ese monto ascendía a 286 millones de pesos, lo cual es cierto, nosotros ya lo corroboramos. 15 millones habían sido ejercidos en 2014 y 35 millones en el presente año. Nosotros al hacer la valoración, el análisis técnico, concluimos que el sujeto obligado sí tenía la información necesaria para dar respuesta a la petición del solicitante, considerando que dentro de sus propias áreas o su parte normativa y ámbito de atribuciones, en su calidad de fiduciario del fideicomiso pues le incumbe contar con los recursos asignados y ejercidos, los cuales como sabemos se constituyen en 2012 y realmente podría informar de 2013, 2014 y lo que llevamos de 2015. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones que tiene es implementar medidas preventivas de protección y de urgente protección a las personas, ¿qué quiere decir con esto? que tiene responsabilidad tomar medidas preventivas a través de un mecanismo que involucra acciones de capacitación, por ejemplo para la autoprotección, tanto de individuos como de colectivos, implica medidas de protección en cuanto a equipos de comunicación, como celulares, como cámaras de vigilancia y este mecanismo al atender este tipo de bienes o servicios, ellos contratan a través de facturas, entonces en las facturas se pueden consignar qué bienes o servicios son adquiridos para la implementación de medias de protección tanto establecidas en la ley para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Cano Guadiana remarcó la importancia que tiene este asunto:

“¿Por qué la importancia del tema? Me parece que al haber uso de recursos es la primera razón de por qué los sujetos obligados tendrían que dar cuenta de cómo se destina, cuál es el destino que se le da a este recurso, cuál es el monto que se asigna y si ese monto fue destinado para los fines específicos por los cuales fue creado. Independientemente del uso de recursos, también como fondo público tiene la obligación de atender las funciones propias de su responsabilidad pública. Ahora sabemos en el contexto en que se encuentra México, donde ya se hizo público el día que se posicionó este tema, que varias instancias internacionales de derechos humanos han puesto énfasis en la crisis que vive el Estado mexicano en materia de derechos humanos, y bueno que se ha caracterizado por la inseguridad y violencia contra diversos sectores de la población y entre ellos están los defensores de derechos humanos y periodistas. Estos temas de verdad son de relevancia pública y de interés social de manifestar estas entidades públicas el recurso que se destina para este tipo de sectores y que sobre todo se cumpla para el fin al cual fue destinado este recurso público”.

La comisionada aseveró que uno de los problemas a los que se enfrenta el INAI es que los sujetos obligados “tratan de orientar a otra dependencia cuando ellos son los que tienen la responsabilidad de poseer la información”. 

“Al ser reconocidos como sujetos obligados en materia de transparencia tienen que dar cuenta del dinero público que se les destina para un determinado fin que también es de naturaleza pública, entonces no es que califiquemos a los sujetos de más o de menos opacos, simplemente es que cuando se presenta una solicitud de información es cuando nosotros advertimos el actuar del sujeto obligado en determinada circunstancia. Aquí (en el caso de Bansefi) diríamos que fue parcialmente correcta la información que le dio el sujeto obligado, (pero) no fue del todo exhaustivo, de tal manera que nosotros al analizar el caso pues dimos cuenta que dadas sus atribuciones sí pudiese tener la información y tener acceso público”, agregó.

Y precisó que “el fondo tiene comunicación directa con la Secretaría de Gobernación, (Bansefi) indicó en su respuesta que ellos no podrían dar los fines para lo cual fueron empleados los recursos sin previa instrucción de la Segob, que realmente es a ella a la que le corresponde destinar el recurso necesario a través de su junta de gobierno y en sí en concreto de determinar el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.



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