El gobernador de Nayarit pretendió incidir en el voto ciudadano: Tribunal Electoral
El TEPJF ordena al INE emitir una nueva resolución sobre declaraciones de Roberto Sandoval en el reciente proceso electoral; valida la evaluación curricular de aspirantes a los OPLEs.
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Foto: TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a enmendarle la plana al Instituto Nacional Electoral, ahora en el caso del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por emitir declaraciones favorables al PRI durante el proceso electoral de 2014. Inicialmente, el INE declaró infundadas las quejas presentadas por el PAN y el PRD.

La Sala Superior del TEPJF concluyó que el gobernador Sandoval Castañeda infringió el principio de imparcialidad al pretenden incidir en el sentido del voto de los ciudadanos, con  declaraciones hechas a diversos medios de comunicación.

El TEPJF informó en un comunicado que por mayoría de votos se aprobó el proyecto de sentencia presentado por la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, en el cual se establece que, al señalar que “grupos delictivos de la entidad  se reagruparon en partidos políticos distintos al suyo” y, posteriormente, solicitar de manera expresa a los ciudadanos que “analicen sus opciones políticas y no se dejen engañar”, el mandatario pretendió incidir en el sentido del voto de los electores.

El pleno resolvió ordenar al Consejo General del INE que emita una nueva resolución sobre el procedimiento especial sancionador iniciado en contra del gobernador, en el que tome en cuenta la infracción cometida y determine la probable responsabilidad en que podría haber incurrido el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual milita Sandoval Castañeda.

El magistrado Flavio Galván Rivera expresó su disenso con el proyecto, al señalar que el asunto no es competencia del INE, sino del Instituto Electoral del Estado de Nayarit, al que, en su opinión, correspondería llevar a cabo el procedimiento administrativo y dictar, en plenitud de facultades, la resolución que en derecho proceda.

El magistrado Manuel González Oropeza señaló que, con sus declaraciones, el gobernador no contribuyó a garantizar la imparcialidad que debió prevalecer en el proceso electoral local. Indicó que el objetivo de las declaraciones fue “que la gente tenga duda sobre algo que es muy delicado, como es el narcotráfico y otros delitos. La opinión pública es muy susceptible en nuestro país sobre estas cuestiones”, apuntó.

Respecto a la competencia de la autoridad electoral nacional para conocer del asunto, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa señaló que de conformidad con la Constitución, no hay duda de que corresponde al INE instruir el procedimiento especial sancionador, dado que se trata de declaraciones vertidas en un noticiario de radio.

Además argumentó que presentaría un voto concurrente porque desde su perspectiva la responsabilidad del servidor público de conducirse con imparcialidad hacia los distintos partidos políticos en procesos electorales, se da también respecto de la violación al artículo 134 constitucional; y no únicamente del artículo 41 que refiere el proyecto.

Tras de anunciar que se sumaría al voto concurrente de la magistrada Alanís Figueroa, el magistrado Salvador Nava Gomar dijo que es evidente que las declaraciones de un personaje político como el gobernador de un estado “vulneran por completo la imparcialidad” y  no garantizan condiciones de equidad para un proceso electoral.

Legal, la evaluación curricular de aspirantes a OPLEs

Por otra parte, el TEPJF confirmó la legalidad de la valoración curricular de los aspirantes a integrar los órganos electorales locales que realizó la Comisión de Vinculación del INE, ya que los resultados derivados de ésta se emitieron con apego al procedimiento previsto, tanto en la legislación electoral general, como en la convocatoria y en los lineamientos del proceso.

En los proyectos de sentencia para resolver 23 juicios ciudadanos, elaborados por la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar, se concluyó que no era exigible una fundamentación o motivación pormenorizada respecto a cada uno de los aspirantes, como ellos lo pretendían.

Al respecto, el magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, señaló que cuando se emitió la  convocatoria para designar a los integrantes de los OPLEs,  se especificó claramente que únicamente se iba a notificar la lista de los aspirantes que habrían superado la etapa de la evaluación, por lo que en dicha relación no existía la obligación de incluir los fundamentos para  tomar tal determinación.

En la sentencia, se ordenó a la Comisión que notifique a los ciudadanos inconformes la manera y las razones que llevaron a los consejeros electorales que integran la citada comisión a tomar la decisión de no aprobar su avance a la siguiente etapa del proceso.

Al presentar su voto a favor de los proyectos, la magistrada Alanis Figueroa destacó que los comunicados del consejero presidente del INE, así como del consejero presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLEs), en los cuales dan respuesta al PRD, sí tienen valor puesto que exponen los criterios tomados en cuenta, en la etapa de valoración curricular, por los 11 consejeros electorales del Consejo General.

Ver video de la sesión.



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