opinión
De guerrilleros a políticos
Plan B por Lydia Cacho
Foto: Xinhua

El proceso de paz en Colombia, que llega después de cincuenta años de conflicto armado, desplazamientos y desapariciones forzadas no es cosa menor para América Latina, se trata en realidad de un ejercicio que resultaría increíble para cualquier país del mundo, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP fundadas el 14 de mayo de 1964, autoproclamadas guerrilla marxista-leninista, son consideradas por expertos en Seguridad Nacional como grupo terrorista. Aunque es importante entender que ese señalamiento responde a intereses norteamericanos relacionados con el negocio global de la guerra contra el narcotráfico, el señalamiento de terrorismo sigue en pie.

Para entender su historia es necesario recordar que, mucho antes de 1964, las organizaciones de grupos campesinos, olvidadas por el gobierno central y sumidas en la pobreza se habían autoproclamado “repúblicas independientes”. El entonces presidente Guillermo León Valencia mandó bombardear la zona en que se situaba el principal grupo de liberales y comunistas a quienes el gobierno quería eliminar. Estos grupos campesinos afectaban a los terratenientes acostumbrados a imponer su propia mano dura, esos mismos empresarios y latifundistas que más tarde crearon las autodefensas paramilitares, protegidos por algunos miembros de la clase política burguesa. Los paras se convirtieron en grupos criminales sanguinarios y no están incluidos en este proceso de paz.

Para entender el extraordinario momento que vive Colombia respecto al proceso de paz, es fundamental  conocer la compleja historia que apenas puede delinearse en una columna como esta. Este grupo armado es un ejército dirigido por un secretariado de siete miembros, cuyo actual dirigente es Rodrigo Londoño Echeverri, alias  Timochenko. Él ha firmado la paz en Cuba y antes fue señalado como líder de secuestradores y asesinos.

Todas las investigaciones serias demuestran que las FARC-EP, para sobrevivir a lo largo de los años, se convirtieron en reproductores de un modelo de narco-capitalismo criminal similar al que vemos en México y en otros países del mundo; ni salieron de la pobreza, ni crearon una nueva cultura política de igualdad, se sumieron en las dinámicas de guerra propias de los estados represores y de los grupos ilícitos.

Las FARC-EP en 2010 tenían gran influencia ya en 24 de los 32 estados que conforman el país. Los diferentes grupos de las fuerzas armadas se dedicaron a lo largo de estos años a guerra de guerrillas, al narcotráfico, a la minería ilegal; colocaron en diversas regiones minas unipersonales, detonaron bombas que acabaron con la vida de soldados y civiles, destruyeron puentes y carreteras. Han sido mundialmente conocidos sobre todo por los secuestros con fines de extorsión política.

Según la ONU este grupo es responsable solamente del 12% de los asesinatos de civiles del Conflicto Armado de Colombia. Durante años han hecho reclutamiento forzoso de niños y niñas (menores de 18 años); según Human Rights Watch al menos el 30% de sus efectivos son niños y niñas que fueron cooptados forzosamente como esclavos de guerra.

A lo largo de estos años las organizaciones civiles y expertas en derechos humanos de Colombia han hecho un trabajo ejemplar para fomentar el diálogo por la paz, para educar a las y los jóvenes contra las violencias, y aunque en las fotos de los diarios salgan siempre los hombres de las cumbres hablando de las negociaciones para el fin del conflicto, en las calles, en los pueblos más remotos, en las agencias de atención a víctimas del Estado Colombiano, en el Centro de Memoria Histórica y las escuelas han sido las mujeres quienes han creado los programas de atención a personas desmovilizadas (desertoras), de apoyo a familiares y estudios sobre paz y  desplazamientos forzados. Sin las mujeres colombianas este momento histórico sería imposible.

Gracias a los programas de reintegración se desmovilizaron (o desertaron) de las FARC más de 20 mil personas en los últimos años. Es decir este ha sido un largo proceso estratégico de pacificación que este lunes y martes 19 y 20 de septiembre se discutirá en la Cumbre de Mujeres y Paz en Bogotá, ellas están planeando estrategias a futuro en aproximaciones sucesivas de justicia restaurativa integral.

Los políticos anunciaron el 23 de junio de 2016 que gobierno y guerrilleros luego de cuatro años de negociar el fin del conflicto llegaron a un acuerdo de cese al fuego y reintegración de las y los miembros de la guerrilla a la vida civil y, paulatinamente, a un partido político que les representará legalmente para llevar sus preocupaciones al ámbito de la democracia.

Ahora falta que la sociedad colombiana diga SÍ en el plebiscito en el que todo el pueblo decidirá si por fin aceptan que los guerrilleros devengan en civiles, que se lleve  a cabo un largo proceso de justicia restaurativa y perdón colectivo. Las reglas de reintegración son complejas y hay mucha gente interesada en evitar el fin del conflicto, esto necesariamente habrá de revelar otros problemas. Mientras tanto las encuestas locales nos muestran que entre el 35 y el 40 por ciento de la población se rehúsa a aceptar los términos del acuerdo de paz, de allí que hoy  se perciba una gran tensión entre la sociedad colombiana, tensión plagada de mitos y exageraciones que pretenden desacreditar la necesidad de la paz y reivindicar el deseo de una guerra vengativa aun más sanguinaria y ciertamente inútil.

En un mundo en que el gobierno norteamericano se ha apropiado del discurso de la guerra contra el terror, resulta vital entender lo que significaría lograr negociar efectivamente con un grupo que el sector Defensa ha considerado terrorista.

Este hecho marca un hito histórico para las personas interesadas en la cultura de paz; abrirá las puertas a nuevos debates sobre estrategias de salida de las guerras internas y de la economía de la violencia criminal que vivimos en muchos países.

¿Quién ganaría con el sí por la paz? Todo Colombia. El fin de medio siglo de violencia normalizada es vital para sanar a una sociedad conservadora, dividida, empobrecida y desgastada por la violencia sistemática tomada por la guerrilla, por los paramilitares, las BACRIM (bandas criminales), la delincuencia organizada y los cárteles que, aunque pulverizados, siguen operando en la región dominada hoy por los capos mexicanos.

La gente se pregunta si las FARC-EP al final ganaron en algunas de sus peticiones originales de la década de los sesenta: justicia social, abatimiento de la pobreza, justa repartición de las tierras (una especie de reforma agraria). Si la mayoría vota sí en el plebiscito este próximo 3 de octubre, seremos testigos de la aplicación de un modelo, siempre mejorable, de implementación de la paz a través de sus dos pilares fundamentales: la justicia integral y la igualdad; proceso que necesariamente habrá de tomar décadas en ser implementado en todo el país.

Para ello toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación y sus periodistas junto con las y los políticos, están obligados a cambiar su narrativa de violencia, de exclusión y sentido de justicia.

Colombia es un país que durante décadas se ha mirado en blanco y negro: verracos y cobardes, buenos y malos. Implementar el acuerdo de paz les permitirá mirarse en tecnicolor, reconocer los matices de esa alteridad que conforma a un país maravilloso que merece salir de este infierno sinsentido, cuyas víctimas perennes habrán de convertirse, por fin, en sobrevivientes.

Es importante entender que este acuerdo es mejorable, y conocer los beneficios jurídicos, económicos y políticos que se les ofrece en el acuerdo de La Habana (297 páginas) y los que no; aquí un recuadro de síntesis de los más discutidos:

  1. Se le ofrece a cada persona que renuncia a la guerrilla un capital semilla de 8 millones de pesos colombianos ($52,427. pesos mexicanos) para comenzar un negocio o capacitarse para el trabajo. Anteriormente a 20 mil desmovilizados individualmente se les entregaba un 30% más de dinero.
  1. De acuerdo al decreto 1391 le entregará a cada ex guerrillero/a el 90% del salario mínimo durante 24 meses. Es decir 480 mil pesos colombianos ($3,145. Pesos mexicanos) al mes. Al final de los dos años de reintegración a la sociedad cada persona habrá recibido 11 millones 520 mil pesos colombiano ($75,800. Pesos mexicanos)
  1. Quienes se desmovilizan quedan inmersos en al jurisdicción especial de paz, que les obliga a colaborar con la justicia y contarlo todo. También se les obliga a tener cédula de registro especial.
  1. En el 2009 el gobierno colombiano ofreció libertad total a guerrilleros que se desmovilizaran y entregaran a personas secuestradas (se le daba garantía de libertad a secuestradores). El actual acuerdo 2016 exige justicia especial y reparación del daño a secuestrados y sus familiares.
  1. Las FARC tienen hoy garantizado el derecho a ser oposición política y garantías de protección a guerrilleros que se integren a la democracia. la representación política equivalente a diez miembros de congreso con la financiación del estado equivalente a la de un partido político mediano (aun se discuten los mecanismos para elegir).
  1. Se dará acceso legal al uso de la tierra, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas reservadas. Actualización del catastro ruralpara la seguridad jurídica de las y los campesinos.
  1. Se promete la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial, mejoramiento de infraestructura. Potenciación del desarrollo social basado en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza.
  1. Estímulos a la producción agropecuaria, a la economía solidaria y cooperativa mediante asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercado y formalización laboral.
  1. Ambas partes deben combatir el narcotráfico, erradicar los cultivos ilícitos y ningún miembro de las FARC-EP podrá formar parte de la narco-economía.
  1. Los guerrilleros aceptaron someterse a los tribunales de paz, reconocer su responsabilidad en hechos violentos y delitos de lesa humanidad, (algunos especialistas aseguran que eso resultará imposible, otros dicen que es factible).

Lydia Cacho

Periodista, feminista y activista de derechos humanos de las mujeres.



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