Profepa denuncia ante PGR a minera de Grupo México por derrame en Sonora
Acusa a Buenavista del Cobre o Minera México de derramar 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado.
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó ayer ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal  contra la minera Buenavista del Cobre o Minera México, por su presunta responsabilidad en el derrame de casi 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, en el Río Bacanuchi, en Sonora. 

En un comunicado la dependencia federal detalló que la denuncia fue interpuesta ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales, de la Procuraduría General de la República, en la cual imputa a dichas compañías la  probable comisión de delitos contra el ambiente.

“Estos delitos se encuentran previstos y sancionados por el  Artículo 414 del Código Penal Federal, el cual señala penas hasta por nueve años de prisión y multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo”, indicó.

Profepa refiere el acta de inspección número 08082014-SII-I-062, en la que a su criterio la minera ocasionó un derrame de sulfato de cobre acidulado, el cual fue detectado a las 10:00 horas del día 6 de agosto del 2014, en cantidad aproximada de 40 mil m3 de lixiviados de sulfato de cobre acidulado.

“Dicho material se vertió en principio sobre un arroyo denominado Las Tinajas o Rastritas localizado aguas abajo del represo Tinaja 1, siguiendo una trayectoria de 89 kilómetros en el municipio de Cananea”, expuso.

Además, la Profepa ordenó una visita de inspección en materia de impacto ambiental a todas las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes de su autorización en materia de impacto ambiental.

“Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento administrativo ya iniciado por violaciones a la Ley General de Gestión de Residuos y a la NOM-159-SEMARNAT-2011         que regula las condiciones de construcción y operación necesarias para patios de lixiviados, que se resolvería en un plazo no mayor a 60 días hábiles, y cuya multa pudiera llegar a los 50 mil salarios mínimos (aproximadamente tres millones de pesos)”, apunta.

“Además del juicio por Responsabilidad Ambiental que podría entablarse en el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el que la sanción económica para la empresa podría alcanzar los 40 millones de pesos, independientemente de la reparación de los daños ambientales ocasionados por la emergencia ambiental”, agrega la Procuraduría ambiental.



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