Operación Mochila vulnera principios internacionales, artículo de Camacho y Alcalá
Ante fenómenos como el de la #LegionHolk, que promueven la violencia, deben revisarse las políticas públicas sobre protección a menores en internet, así como los contenidos televisivos y de videojuegos.
(Foto: Issac Esquivel/Cuartoscuro)

La Operación Mochila y los derechos de los niños

Beatriz Camacho Carrasco y Alfredo Alcalá Montaño*

 

Ante los lamentables acontecimientos que ocurrieron el 18 de enero en el Colegio Americano del Noreste, en la ciudad de Monterrey, en el que un alumno disparó a 4 personas y se suicidó, se vive un ambiente lleno de tensión y nerviosismo por parte de autoridades y padres de familia, quienes han sido reactivos y no preventivos.

Hay declaraciones de funcionarios públicos como el gobernador, diputados e incluso comunicados de escuelas particulares, donde se informa que se realizará la “Operación Mochila” que implica revisar las pertenencias de las y los niños en todas las escuelas de la entidad. Medida que se quiere replicar en otros estados e incluso en la Ciudad de México. Recordemos que esta medida ya fue aplicada en varias ciudades, sus resultados han sido limitados y es considerada violatoria de derechos.

La prevención de hechos como el ocurrido, comienza en casa y le corresponde a la autoridad apoyar a las familias y personas que requieran atención en materia de salud mental, ya sea psicológica y/o psiquiátrica. La operación mochila no es una solución al grave problema de violencia social, resultado de la pobreza, marginación y discriminación, hoy las y los niños, niñas y adolescentes vuelven a ser vistos como sujetos a ser vigilados y hostigados, pero ¿Quién vigila lo que pasa en sus casas o en sus entornos sociales? Ahí está el origen de la violencia, lo que se ve, y se vive, es un aprendizaje que se reproduce.

No se trata de catalogar como delincuentes sociales a quienes tenemos que esculcar, vigilar y castigar. Ellos son y serán fruto y producto del entorno familiar y social, son víctimas de un modelo político marcado por la impunidad y la corrupción, y de un modelo económico que excluye y divide, generando una marcada desigualdad.

Si bien es cierto que este tipo de prácticas tratan de resolver la sicosis generada en la población regiomontana (y en todo el país) por este acontecimiento, es necesario señalar que este tipo de prácticas son violatorias a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.Para comenzar, hay que recordar que el artículo 16 constitucional señala la “presunción de inocencia”; el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y Adolescentes señala el derecho a la intimidad. Y ya en la práctica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en su recomendación No. 21/2015 que dicho operativo, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, contraviene principios establecidos en tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, fracción 1 del artículo 16, que establece que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. Resulta paradójico para nosotros como sociedad que violentando los derechos de las niñas, niños y jóvenes sea la fórmula que empleemos para su cuidado.

Y aunque en estos momentos se vea la Operación mochila como solución, es necesario trabajar en el largo plazo con las madres y padres de familia, con el gobierno y los diputados en generar políticas públicas de prevención y atención a la violencia. Especialmente es necesario trabajar en los protocolos de protección a las niñas, niños y jóvenes y no la criminalización y/o victimización de éstos.

Ante fenómenos como el de la red social llamada #LegionHolk, donde se promueve la violencia, debemos revisar como sociedad, en alianza con autoridades, las políticas públicas para regular la protección a menores en internet (el INAI y la policía cibernética han hecho recomendaciones); también, los contenidos televisivos y de videojuegos que contienen material no apto como violencia, sexo o drogas; revisar la política social y económica que ha generado que padres y madres tengan que salir largas jornadas de trabajo para cubrir necesidades básicas y provocando con ello el abandono de sus hijos; revisar la política pública en materia de salud mental para la detección y canalización de personas que lo requieran, revisar planes y programas de estudio donde se dé prioridad a la inclusión, el diálogo, la pluralidad y la construcción de paz como elementos democráticos.

*Beatriz Camacho Carrasco es vicepresidenta de Alianza Cívica Nacional e integrante de Ciudadanos contra la Corrupción de NL. Alfredo Alcalá Montaño es politólogo e integrante de Alianza Cívica Hidalgo.



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