Gobierno de Guerrero apoyó autodefensas y ahora las persigue: CNDH
"Resulta preocupante para la CNDH la forma en que se condujeron las autoridades del estado de Guerrero, quienes han realizado diversas acciones que aparentan un uso sesgado de la justicia con la finalidad de criminalizar la actuación de ciertos grupos y personas", aseguró Raúl Plascencia.
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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, expresó su preocupación ante la postura del estado de Guerrero con relación a los grupos de autodefensa, a quienes, dijo, en un principio brindó apoyo.

“Este organismo nacional observa con preocupación la postura del gobierno del estado de Guerrero, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento y más reciente mente se han realizado hechos como la detención de integrantes de estos grupos”, dijo.

Al presentar el “Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública, en el estado de Guerrero”, el ombudsman señaló que hasta el momento no advierte acciones que atiendan las causas de fondo que originaron el surgimiento de estos grupos.

Recordó, de acuerdo con información periodística, que desde mediados de los años 90 con el surgimiento de La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el gobierno estatal los dotó de armas y equipamiento, financiamiento que se reconoció en el informe que envió a la CNDH el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esta entidad.

“La suma total de estas aportaciones, según lo referido por la autoridad estatal, es de 11 millones 615 mil 914 pesos, desde enero hasta el 6 de junio del presente año, donde se puede observar que 6 millones 168 mil 205 pesos correspondieron a la CRAC y 5 millones 447 mil 709 pesos a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero”, refirió.

Sin embargo Plascencia Villanueva señaló la detención de integrantes de los grupos de autodefensa que entre sus funciones estaba la coordinación y gestión de recursos económicos, así como la entrega de despensas a los policías que conforman su red de protección comunitaria.

Tal es el caso de la líder del grupo de autodefensa de Olinalá que fue detenida el 21 de agosto de este año a solicitud de autoridades civiles de Guerrero.

“Debe señalarse, sin prejuzgar sobre la responsabilidad penal de los involucrados, resulta preocupante para la CNDH la forma en que se condujeron las autoridades del estado de Guerrero, quienes han realizado diversas acciones que aparentan un uso sesgado de la justicia con la finalidad de criminalizar la actuación de ciertos grupos y personas”, explicó.

Y añadió: “Ejemplo de ellos es el internamiento de la coordinadora de la policía comunitaria en un centro penitenciario alejado de sus familiares, sin dejar de observar que el delito que se le imputa -secuestro- pudiera estar relacionado con el tipo de actividades que realizaba en sus labores de policía comunitaria, las cuales fueron avaladas, reconocidas y apoyadas por el gobierno.

El ombudman nacional señaló que existe presencia de grupos de autodefensa en 46 de los 81 municipios guerrerenses, lo que representa el 65.7 por ciento de la población total del estado, correspondiente a más de tres millones de ciudadanos.

Indicó que la inseguridad que existe en esta entidad, ha generado el fenómeno del desplazamiento forzoso de los pobladores, teniendo hasta el momento documentados 2 mil 193 casos.

En este sentido Plascencia Villanueva apuntó que la situación que vive Guerrero es sensible y delicada no sólo por el número de delitos que se cometen diariamente, sino por “las estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad” lo que provoca la vulneración de los derechos fundamentales.

Llamó al Senado de la República a analizar la situación de esta entidad a fin de adoptar las medidas necesarias de acuerdo con sus facultades constitucionales.

En tanto al poder ejecutivo de Guerrero lo exhortó a “establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y se abone a la plena vigencia del estado de derecho en las comunidades y municipios”.

Así mismo al poder legislativo del estado lo llamó a analizar las condiciones en las que se encuentran los 46 municipios con presencia de grupos de autodefensa y tomar las medidas para restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad.

Mientras que a los ayuntamientos a que tomen medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública que garanticen “la paz y el orden público”.

Este es el comunicado que la CNDH difundió al respecto:

EL OMBUDSMAN NACIONAL, DOCTOR RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA PRESENTÓ EL INFORME DE LA CNDH SOBRE AUTODEFENSAS EN EL ESTADO DE GUERRERO

Al presentar el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plascencia Villanueva señaló que es inaceptable que las comunidades tengan que asumir de manera permanente cargas públicas que no les corresponden, que pueden llegar a traducirse en reductos de poder en los que se ejerzan prácticas injustificables e ilegales.
Reiteró su preocupación por los peligros y retrocesos que representa la existencia de estos colectivos; sostuvo que la situación, lejos de normalizarse, se agrava y estas organizaciones aumentan cada vez más.
Indicó que la CNDH observa con inquietud la postura del gobierno de la entidad, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento. Ahora se está dando la detención de sus integrantes, sin que al momento se adviertan acciones a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento.
Luego de meses de investigación, la CNDH advirtió la presencia de los mencionados grupos de autodefensa en las siete regiones de Guerrero, así como en 46 de los 81 municipios del estado; en ellos habitan 2 millones 307 mil 169 personas, que representa el 65.47% de la población total de la entidad.
El doctor Plascencia Villanueva indicó que la seguridad pública del estado enfrenta un momento muy sensible y delicado, no sólo en el número de delitos que diariamente se cometen sino por la violencia presente en su comisión, así como por las estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad, lo cual conlleva a que los derechos humanos se vulneren día con día.
Comentó que como consecuencia de las lamentables condiciones sociales, la falta de respuesta eficaz del estado y el vacío que generaron las autoridades estatales y municipales, varios grupos han decidido tomar el control para defenderse de la violencia e inseguridad que invaden sus comunidades.
Ello provoca, dijo, un nuevo escenario de inseguridad pública, que se ve reflejado en fuertes espirales de violencia, ante las cuales grupos de la sociedad toman la “justicia por propia mano”, en razón de la impunidad y el abandono del ejercicio de la función de seguridad pública fundamental.
Con ello, agregó, las autoridades no solamente han puesto en riesgo los valores de la convivencia social, atentando en contra de la vigencia del Estado de Derecho, sino también generando condiciones de inseguridad, lo cual limita la posibilidad de que los guerrerenses puedan desarrollarse libremente.
Para realizar este informe, este Organismo público autónomo visitó en total 64 municipios y 37 comunidades de Guerrero; tuvo conocimiento de dos mil 193 víctimas por desplazamiento forzado.
En el informe, conformado por 11 tomos con un total de 6 mil 298 fojas, la Comisión Nacional da 10 conclusiones. Destaca que 66.50% de la población de los 46 municipios mencionados se encuentra en situación de pobreza; existen carencias básicas que impiden a los individuos contar con un nivel de vida adecuado.
Tal exclusión se debe a un abandono de las funciones del Estado en materia de derechos sociales, que demuestra que las autoridades no han tomado las medidas encaminadas para resolver el rezago en que habitan estas personas, propiciando que se generen zonas sin ley, donde impera la violencia
En el informe, que fue presentado en las instalaciones del Programa de atención a Víctimas (PROVICTIMA), la CNDH hace 14 propuestas, una de ellas al Senado de la República al que le pide adoptar las medidas necesarias para analizar la situación que impera en el estado, propiciada por el abandono en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y vigencia efectiva de los derechos humanos que afecta la vida de sus habitantes.
Al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero, le hace 7 propuestas, especialmente implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública, la paz y el orden público; asimismo establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y se abone a la plena vigencia del Estado de Derecho en las comunidades y municipios; en el mismo sentido hizo tres propuestas al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos de la entidad.



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