Matrimonio igualitario, abierto y a debate en el Senado: Barbosa
El senador perredista aclaró que legislar sobre este tema "debe estar fuera de cálculos político-electorales, ya que es un asunto de derechos y no discriminación".
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(Foto: Senado de la República)

Aún cuando en la Cámara de Diputados fue desechada en comisiones la iniciativa enviada por el presidente de la República para que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio, en el Senado el tema sigue abierto y a debate, aseguró el senador perredista Miguel Barbosa Huerta.

Durante el seminario “Matrimonio igualitario”, que organiza el Senado de la República, el legislador indicó que las cámaras del Congreso deben actuar con autonomía e independencia.

“Legislar a favor del matrimonio igualitario debe estar fuera de cálculos político-electorales, ya que es un asunto de derechos y no discriminación”, mencionó.

Barbosa Huerta recordó que el asunto está contenido en el artículo 1 y 4 constitucional, pues “sólo se requiere que 20 estados con sus congresos locales armonicen y provoquen legislaciones constitucionalmente acordes con el texto de nuestra Carta Magna”.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, manifestó que una legislación a favor del matrimonio igualitario “nos haría una mejor sociedad”, más tolerante, y es que en la última década se han contabilizado más de mil 200 homicidios por homofobia.

Esto, señaló, deja en claro que el matrimonio entre personas del mismo sexo no sólo es un asunto de derechos, sino de libertades y de seguridad. Indudablemente hay razones políticas, pero más allá de ellas, hay razones humanas para discutir de este tema.

La activista Lol Kin Castañeda refirió que desde hace siete años cuando se dio paso a los matrimonios homoparentales, la legislación ha beneficiado a más de ocho mil parejas en toda la República Mexicana.

Finalmente Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la percepción social representa un problema que impide el acceso a los derechos de las personas, “se puede estar reconocido legalmente, pero si no hay una cultura de la inclusión, entonces no se puede llevar a cabo”.





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