44 muertos en Venezuela tras seis semanas de violencia
Ante la crisis política y económica que vive el régimen de Nicolás Maduro, "el Gobierno no gana ni una elección de reina de carnaval”, aseguró el diputado opositor, José Guerra.
(Foto: Reuters)

Seis semanas de protestas contra el gobierno venezolano dejaron ya 44 muertos, unos mil heridos y más de mil 200 detenidos, un saldo frente al cual el presidente Nicolás Maduro y la oposición se muestran inflexibles en sus posiciones. Nadie retrocede, pero tampoco hay avances.

La crisis política venezolana sigue aumentando con cada protesta opositora, a la que Maduro responde con una mayor represión y la gente en su contra actúa con mayor firmeza y más movilizaciones.

Mientras, los venezolanos siguen sin un horizonte definido para una próxima elección, a no ser la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la jugada de Maduro para reformar la Carta Magna para sacarse del encima la incómoda Asamblea Nacional dominada por una mayoría opositora.

Los analistas se preguntan por qué Maduro se niega a llamar a unas elecciones regionales o locales que podrían tranquilizar el clima, en espera del gran año de la definición electoral de 2018, cuando están previstas las presidenciales.

En cuestión de poco más seis meses el conflicto político venezolano registró un brusco deterioro, con un signo característico: nadie sabe cuándo habrá elecciones. Los últimos comicios fueron los legislativos, en diciembre de 2015, en los que el oficialismo cargó con una abrumadora derrota.

En octubre pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, admitió las órdenes de varios tribunales penales para suspender la activación de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, que venía impulsando la oposición con firmas de electores.

Cuando se vio que la consulta se estancó en barreras legales y en la negativa del presidente, Lucena anunció que las elecciones de gobernadores previstas para diciembre de 2016 fueron cambiadas para junio de 2017 y que las de alcaldes se efectuarían en su fecha, en diciembre de este año.

La oposición acusó a Maduro de ordenar al CNE suspender las elecciones regionales hasta nuevo aviso, esperando un repunte de alicaída posición en las encuestas o un impulso de los precios petroleros que mejoraran la asfixia económica.

En los primeros meses de 2017, la oposición instó a Lucena a fijar la fecha de las regionales, presentando un cronograma que diera claridad al horizonte electoral.

Sin embargo, el CNE admitió como necesaria una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó a los partidos políticos legalizar sus inscripciones para poder participar en futuros comicios.

Desde marzo, la medida obligó a los partidos a llamar a sus militantes para que respaldaran con sus firmas la legalización de los partidos.

Luego del procedimiento, los principales grupos dejaron claras sus aspiraciones: Primero Justicia dijo que su único candidato a la presidencia era Henrique Capriles; Voluntad Popular señaló que es Leopoldo Lópe, y Acción Democrática lanzó a Henry Ramos Allup.

Capriles fue inhabilitado por 15 años para optar por un cargo político; López sigue preso cumpliendo una condena de casi 14 años de cárcel, y Ramos tiene pendiente una demanda impulsada por Maduro por supuesta insania mental.

Esto fue antes de que el TSJ emitiera, a finales de marzo, dos sentencias que despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional, lo que fue considerado por los diputados como un golpe de Estado.

La oposición mantenía esperanzas de que se fijaran las elecciones regionales entre junio y octubre, algo que hasta ahora sigue en el limbo.

Luego de seis semanas de protestas, con movilizaciones casi diarias y una dura represión de los cuerpos de seguridad, el panorama político sigue oscuro ante la falta de una convocatoria electoral.

Por ello, la oposición no solo tomó como bandera la destitución de los magistrados que firmaron las polémicas sentencias, sino que reactivó sus exigencias que lanzó desde 2016: un cronograma electoral, respeto a la Asamblea Nacional, liberación de los políticos presos y solución al desabasto de alimentos y medicinas.

Respecto a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el diputado José Guerra dijo estar seguro de que Maduro no logrará imponer una “a modo”, en vista del rechazo popular a su propuesta.

“Nosotros queremos elecciones, pero de verdad. Es imposible que imponga su Constituyente porque tiene un rechazo del 80 por ciento de la población. Como están las cosas, el Gobierno no gana ni una elección de reina de carnaval”, dijo Guerra.

Guerra, una cara frecuente en las manifestaciones, recalcó que para darle viabilidad al país se necesita una solución electoral a la crisis. “De no haber una salida democrática, tendremos un país fragmentado, ingobernable”, alertó.

El analista Michael Penfold señaló en un trabajo que en todos los escenarios posibles de salida a la crisis los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o negociación el asunto parecen una transacción estrictamente política.

La represión a las manifestaciones ha mostrado hasta donde están dispuestos a ir los militares para apuntalar a Maduro.

“Muchos expertos enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático. Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales. El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad”, concluyó Penfold. (NTMX)







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