La vigilancia en México, fuera de control: R3D
El uso ilegal de las herramientas de espionaje desde el gobierno no es una suposición, hay ejemplos concretos sobre su aprovechamiento en la escena política y contra movimientos sociales, sostiene Luis Fernando García en una colaboración especial para Aristegui Noticias.

Por años, los gobiernos federales y estatales en México, y sus voceros, nos han presentado una elección: privacidad o seguridad. Su argumento es que, para combatir la violencia delincuencial, el gobierno necesita espiar sin obstáculos engorrosos, como pedir autorización a un juez o tener que cumplir requisitos en una ley,  sin importar que de manera cotidiana sean las autoridades las que secuestran, las que torturan, las que matan.

Bajo esta lógica, poco a poco, la ley le da a más autoridades, más facultades para espiar lo que hacemos o decimos. Cada vez con menos requisitos, repletos de imprecisiones por los que cabe cualquier arbitrariedad.

Se adoptó un Código Nacional de Procedimientos Penales que, además de su vaguedad, amplía las posibilidades de que los ministerios públicos monitoreen la localización en tiempo real de cualquier persona, no para algunos delitos de alto impacto, sino para lo que sea y sin autorización judicial.

Se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, en sus artículos 189 y 190, obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar por dos años información como con quién te comunicaste y quién se comunicó contigo; a qué hora, qué día y por cuanto tiempo; incluso dónde has estado tú y tu dispositivo en todo momento. Esos datos y otros más estarían a disposición en tiempo real, sin orden de un juez, a autoridades que la ley no define, pero que, según así lo interpretan ellas mismas, le da facultades de acceso a esos datos al Ejército, a Hacienda, a las Policías Estatales (aunque la Constitución se los prohíba).

La ausencia de controles les permite espiarnos sin que nadie se entere. Nunca.

Estas facultades no se han quedado en el papel. Han sido utilizadas intensamente. Estadísticas del Poder Judicial Federal revelan un crecimiento exponencial de las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas año con año. Por su parte, las empresas de telefonía móvil reportaron que en 2013 se hicieron 44 mil 599 solicitudes, que representan la entrega de datos de comunicaciones sobre 117 mil 262 usuarios. Esto representa un incremento de 41.7 por ciento respecto de 2012.

Estas cifras sólo reflejan parte de la vigilancia gubernamental que sucede en México, pues no toda la vigilancia se obtiene mediante una autorización judicial previa, ni reflejan las solicitudes realizadas por otras autoridades ni a otras empresas.

Tampoco incluyen la vigilancia que, de manera generalizada, realizan autoridades a través de la utilización de software malicioso de vigilancia. Gracias a la filtración de correos e información interna de la empresa italiana Hacking Team, conocemos que México es el mayor cliente de esta controversial firma comercializadora de software de espionaje.

En 2015 fue revelado que más de una decena de autoridades federales y estatales en México gastaron casi 6 millones de euros para adquirir este software. Por supuesto, sin licitación y con gran opacidad cobijada por conceptos como el de “seguridad nacional”.

Más preocupante resulta conocer que la gran mayoría de las autoridades que adquirieron software de Hacking Team ni siquiera poseen facultades constitucionales para intervenir comunicaciones. Oficinas de gobernadores, policías estatales y hasta empresas paraestatales aparecen como compradoras. La adquisición abiertamente ilegal de software de vigilancia hace suponer que su uso tampoco responde a la persecución de fines legítimos del Estado.

Pero el uso ilegal de la vigilancia no es únicamente una suposición. Existe evidencia concreta de que, por ejemplo, el Gobierno de Puebla utilizó el software de Hacking Team para espiar a adversarios políticos, incluso dentro de su propio partido. Esta información no ha merecido acción alguna de ninguna autoridad, ni siquiera de los institutos políticos afectados, lo cual revela la trama de complicidades que sostiene el gran negocio del espionaje en México.

Es quizá por ello que no existe una investigación oficial producto de las revelaciones realizadas por Andrés Sepúlveda sobre su participación en una trama de espionaje ilegal que habría realizado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a sus adversarios.

La impunidad por la vigilancia ilegal parece estar garantizada, salvo que la víctima del espionaje sea uno de los socios comerciales del gobierno, como es el caso de OHL, en donde la PGR ha sido extrañamente diligente en investigar la intercepción de conversaciones que revelan la cercanía y complicidad entre el gobierno y una de sus empresas favoritas. Este dato es revelador sobre las prioridades de la clase política en México.

El discurso oficial sobre la violencia ha intentado justificar la erosión de nuestros derechos. Sin embargo, hoy es claro que es más factible que las invasiones a la privacidad que el Estado nos ha pedido que soportemos en aras de combatir la delincuencia sean utilizadas, por ejemplo, para intentar desacreditar a los abogados que acompañan a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, que para investigar su paradero y el de los responsables.

En un país en donde la diferencia entre el Estado y la delincuencia es frecuentemente inexistente, la aceptación de la vigilancia sin el establecimiento de controles democráticos no sólo afecta la privacidad sino que compromete la vida y seguridad de todas las personas.

*Luis Fernando García  Muñoz @tumbolian – /R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales – @r3dmx)





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