Dinero de la deuda en Coahuila, ¿en la campaña de EPN?: artículo de Arturo González
El subdirector editorial de El Siglo de Torreón, Arturo G. González, escribe sobre el caso Moreira. "¿Hasta dónde sabían el actual gobernador (Rubén Moreira) y el hoy presidente de la República (Peña) de lo que estaba ocurriendo en Coahuila?", pregunta.
Zacatecas-Reyes-13
Foto: Saúl López/ Cuartoscuro

PERIFÉRICO
‘Terremoto’ Coahuila. Claves y preguntas/ colaboración especial para AN
Arturo González González

La conspiración. Por lo que se ha publicado hasta ahora de la investigación sobre Coahuila en Estados Unidos y España, es posible asegurar que con pruebas físicas, evidencias de transacciones y testimonios de personas confesas y testigos, las autoridades de ambos países han construido un caso que apunta a una clara hipótesis: durante el gobierno de Humberto Moreira y Jorge Torres (2005-2011) operó una red de corrupción que implica a funcionarios, medios de comunicación, empresarios y grupos criminales para sustraer dinero -unos 3,000 millones de pesos (mdp)- de las arcas estatales e invertirlo en bienes y cuentas en ambos países.

Se trata de mucho más que “problemas migratorios o fiscales”, como algunos han querido hacer ver. Los fiscales de las dos naciones han encontrado en toda esta trama, con distintas responsabilidades para cada participante, evidencia de la comisión de delitos como fraude bancario, transporte de dinero robado, lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal. Todos encuadrados en un esquema de conspiración de al menos siete personas y con la complicidad de buena parte de los funcionarios del gabinete estatal que operó en esos años y que, según testimonios, estaban al tanto de lo que ocurría.

Los involucrados. En el transcurso del caso se ha detenido a los empresarios Guillermo Flores Cordero y Rolando González-Treviño, quienes se han declarado culpables y han aportado información a las autoridades norteamericanas; además de Javier Villarreal, extesorero de Coahuila, quien también ha reconocido su culpabilidad. Debido a sendos acuerdos de confesión, tanto González-Treviño como Villarreal se encuentran libres bajo fianza a la espera de sentencia. Además, el gobierno de Estados Unidos ha confiscado propiedades en Texas y cuentas bancarias en el mismo estado y en Bermudas de los tres implicados. En cuanto al exsecretario de Desarrollo Social y exgobernador interino, Jorge Torres López, fue declarado prófugo de la justicia estadounidense por delitos cometidos dentro del esquema descrito arriba. La pieza más reciente colocada en este rompecabezas legal es Humberto Moreira, incriminado en la confesión de González-Treviño sin ser mencionado por nombre, sólo por el cargo que ocupaba cuando habría cometido los delitos, detenido el viernes pasado en el aeropuerto de Bajaras, en España, e ingresado al penal de Soto del Real bajo los cargos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal.

Gasto, deuda y poder. En contraste a lo que ocurre en el extranjero, en México se ha levantado una espesa bruma institucional sobre lo ocurrido en Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira y Jorge Torres , un sexenio de excesos, opacidad, discrecionalidad y concentración de poder en lo político, y de violencia y descomposición en lo social. En esos seis años, la deuda estatal pasó de 323 mdp a 36,600 mdp, cifra que se ha incrementado hasta 41,000 mdp, según datos revelados por la Auditoría Superior del Estado. Es decir, la deuda se multiplicó 127 veces.

La mayor parte de este recurso (24,500 mdp) fue contratado en 2010, cuando Moreira aún era gobernador en funciones pero buscaba ya la presidencia nacional del PRI. Torres López era secretario de Desarrollo Social y en ese año ejerció un presupuesto récord de 13,270 mdp, 44 % del presupuesto total del gobierno, de los cuales, 10,400 mdp se fueron a programas sociales opacos. En noviembre de 2010, Moreira rindió su quinto y último informe en el Coliseo Centenario de Torreón en un faraónico acto en donde el acento fue puesto en la política asistencialista, que al paso del tiempo resultó un fracaso en términos sociales, ya que la pobreza creció según datos de Coneval. En enero de 2011 dejó el cargo y Torres, artífice de esa política clientelar, se convirtió en gobernador interino. Moreira llegó a la dirigencia del PRI en marzo, sólo para dejarla 9 meses después, en diciembre, cuando el escándalo se había destapado, cuando Enrique Peña Nieto ya era precandidato único a la Presidencia de la República, y cuando su hermano, Rubén Moreira, acababa de asumir la gubernatura luego de una elección en la que no sólo arrasó, sino que registró una votación récord.

Ilegalidad y faltante. Parte de lo turbio de la deuda es la manera en que fue contratada. Al menos 5,300 mdp fueron obtenidos a través de créditos tramitados con documentos apócrifos. Además, alrededor de 18,000 mdp, es decir, la mitad de la deuda detectada hasta 2012, fueron solicitados sin aprobación del Congreso local, principalmente en 2010. A pesar de ello, en agosto de 2011 la legislatura en turno autorizó la reestructuración y, con ello, legalización de la deuda, obligando a la entidad a comprometer cada año alrededor de 4,000 mdp al pago de servicio de la misma, una cantidad mayor incluso a la destinada a inversión pública. Pero quizás lo más grave de todo es que, al día de hoy, se desconoce el destino de 18,000 mdp, cantidad similar a la no aprobada por el Congreso, y que no aparece explicada en la cuentas públicas del gobierno anterior. Parte de ese dinero corresponde al ejercido en 2010 supuestamente en programas sociales, pero de los 10,400 mdp, sólo del 14 % está comprobado su ejercicio; del resto, unos 9,000 mdp, nada se sabe.

A pesar de que el gobierno de Rubén Moreira ha hecho énfasis en el tema de la transparencia, la mayor parte de la información relacionada con el destino de la deuda se encuentra en la oscuridad, ya sea porque ha sido reservada, porque han desaparecido documentos o simplemente porque la administración se ha negado a proporcionarla. A lo anterior hay que sumar la omisión pertinaz de la Procuraduría General de Justicia del Estado para avanzar en las averiguaciones abiertas por denuncias presentadas por la Auditoría o por particulares.

Preguntas. Por lo expuesto hasta aquí, son válidas las siguientes preguntas: ¿por qué el gobierno de Coahuila no ha iniciado una investigación sobre la sustracción de dinero de las arcas estatales?

¿Por qué si, como suponen, todo está “en orden”, cada vez que surgen más evidencias en el extranjero la reacción tanto del PRI como del gobierno estatal es el silencio?

¿Por qué las cuentas públicas del sexenio pasado simplemente no cuadran?

Si el dinero investigado en Estados Unidos y España asciende a 3,000 mdp ¿dónde están los 15,000 mdp restantes?

¿Hubo dinero de la deuda en las campañas electorales de 2011, incluida la de Coahuila, y en la presidencial de 2012?

De ser así ¿qué implicaciones tendría la detención de Humberto Moreira?

Y por último: ¿hasta dónde sabían el actual gobernador y el hoy presidente de la República de lo que estaba ocurriendo en este estado?

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