Los derechos y valores en la futura Constitución de la capital, artículo de Julio Moguel
Algunas de sus líneas principales chocan de manera frontal con la filosofía y práctica de algunas de las políticas públicas que ha venido aplicando el gobierno capitalino.
(Foto: Cuartoscuro)

El proyecto de Constitución de la Ciudad de México: ¿avance o retroceso?
(Una nota sobre los “Principios Generales”)
Julio Moguel

I

Conformada por 76 artículos dentro de siete bloques de “Títulos”, con 21 artículos transitorios, el Proyecto de Constitución de la CDMX que este 15 de septiembre presentó Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente muestra sin duda un perfil más progresista y más acabado de lo esperado (por lo menos de lo esperado por quien esto escribe), pues en él se plasman derechos y valores fundamentales, no pocos en un encuadre que pudiera ser base para la reformulación de líneas constitucionales y leyes actualmente vigentes en diferentes estados de la República e incluso en el país.

Pero antes de entrar en materia conviene hacer la pregunta: ¿por qué digo que es más avanzada de lo esperado? Porque algunas de sus líneas principales chocan de manera frontal con la filosofía y práctica de algunas de las políticas públicas que ha venido aplicando el gobierno capitalino, organismo del que proviene precisamente dicho documento. Acaso tengamos que pensar hipotéticamente que el Mancera del documento en cuestión ya no se asume en la letra a letra como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México sino como (muy) posible candidato a la Presidencia del país. De allí quizás, entonces, la razón de que la letra constitucional en germen no corresponda a la verdad sonante y contante de los hechos.

Pero no habremos de subestimar en esta hipótesis –sin que ello modifique en lo sustancial el criterio anteriormente referido– un hecho que acaso resulte decisivo: siendo Mancera quien signa el Proyecto presentado a la Asamblea Constituyente, es Porfirio Muñoz Ledo su gran generador y artífice. Y este último personaje, nadie lo duda, se encuentra sentado visiblemente a la izquierda en el gabinete de gobierno capitalino, más allá de que, como puede serle reconocido, se trata de un político con capacidades y sensibilidades suficientes para saber cuándo empieza o puede empezar a despertar el México bronco (recordemos su papel en la conformación de la Corriente Democrática del PRI, cuando Cuauhtémoc Cárdenas inicio su periplo de lucha independiente por la Presidencia).

Pero, ¿cuáles son algunos de los puntos del Proyecto que tienen un perfil claramente progresista? Concentrémonos aquí en su “Título Preliminar”, donde se plasman los “Principios Generales”.

El punto 1 de su Artículo 1 señala: “La Ciudad de México es una entidad libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, sede de los Poderes de la Unión y Capital Federal. Adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social.”

¿Qué dice el artículo 122 de la Constitución Federal, reformado en enero del presente año por el Congreso de la Unión? Dice que la Ciudad de México adoptará para su régimen interior “la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico”. Dicho desde el comparativo: el Proyecto que se presenta le enmienda la plana a la reforma constitucional del artículo 122 realizada hace apenas ocho meses, agregando el decisivo concepto de “popular” y añadiendo los términos de “pluralismo político” y de “participación social”.

Cabe a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ir aún un poco más lejos para sustituir en este punto la idea genérica de “participación social” por la de “democracia participativa”. Mas, en el entendido de que ambas líneas pudieran asimilarse a una sola idea o a un solo concepto (veremos si ello se justifica o se implica en otras líneas del Proyecto), cabe aquí felicitar la formulación plasmada en el documento.

II

El artículo 2 del Proyecto de Constitución avanza hacia un plano de mayor profundidad, con alcances que también van más allá de la reforma aplicada en enero pasado al artículo 122 constitucional. Dice: “La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo de la Ciudad de México. Todo poder público dimana de ésta y se instituye para su beneficio […] Esta soberanía popular se constituye por la voluntad de personas y comunidades libres […]”.

Tema central en tres líneas que conviene resaltar:

1) la primera, referida al refrendo requerido para dar más fuerza en el texto constitucional al carácter “popular” de la forma de gobierno (señalado expresamente en el artículo 1);

2) la segunda, dirigida al reconocimiento expreso de que el pueblo de la Ciudad de México es soberano por más que tenga la limitación –por ser capital de la República y sede de los Poderes de la Unión– de ejercer ese derecho “en una entidad libre y autónoma” (no soberana);

3) La tercera, perfilada en una definición que resulta significativamente novedosa frente a los encuadres jurídico-legislativos tradicionales, a saber: la mención de que la voluntad vinculada a la soberanía emerge no sólo de “personas” sino también de “comunidades libres”.

Ya comentaremos en otro momento este punto específico en el que se habla de “comunidades libres”, pues si adquiere congruencia conceptual con el resto del articulado del Proyecto quizás nos encontremos con una variante jurídica en reconocimiento de “sujetos” que vaya más allá de toda fórmula constitucional aplicada hasta la fecha.

No es casual en consecuencia que de ese específico punto en el que se habla de la voluntad soberana de “personas” y de “comunidades libres” se pase en el proyecto constitucional, en su artículo 3, al señalamiento de que “La Ciudad de México tiene una composición pluriétnica y pluricultural sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, fundada en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales, culturales y territoriales […] Desde su origen, la diversidad cultural de la Ciudad de México se fundamenta en ser destino de migraciones y exilios, lo que la convierte en una ciudad refugio […] En ella conviven distintos modos de vida urbana y rural que se manifiestan en múltiples formas de participación basadas en el reconocimiento de diferencias, al diálogo intercultural y las representaciones políticas y sociales […]”

Todo este marco de principios podría quedar anclada en la concepción culturalista y dentro de los márgenes de ambigüedad con los que se trata esta temática en el artículo 2º de la Constitución federal. Pero en el Capítulo VII del Proyecto se establecen las fórmulas correctas, al conceder a Pueblos y Barrios Originarios y a las Comunidades Indígenas de la Ciudad de México la calidad de “sujetos de derecho público”. A lo que se agregan dos elementos relevantes: la aceptación de que se requiere establecer una jurisdiccionalidad propia para tales sujetos de derecho, y el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Hasta aquí las buenas nuevas del Proyecto. Pero al escarbar un poco más en el ceñido articulado del texto comentado encontramos algunos problemas importantes relativos a su falta de rigor y de congruencia. Incluso con respecto a algunas de las definiciones positivas que antes hemos referido. Pero es pertinente desarrollar la crítica específica en algún otro momento.





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