Se va Joaquín, ¿qué se queda?, pregunta Alfredo Lecona
Es momento de que Televisa y el Estado entiendan de una vez por todas la trascendencia de que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sean considerados de interés público por la Constitución.
Se va Joaquín, ¿qué se queda?, pregunta Alfredo Lecona
(Foto: Twitter/lopezdoriga)

Se va Joaquín, ¿qué se queda?
Alfredo Lecona*

El pasado lunes, en las escalinatas de la Residencia Oficial de los Pinos, Enrique Peña Nieto inició una conversación con Joaquín López Dóriga:

“Señor Presidente, le quiero preguntar en esta entrevista de varios temas, los temas que están ahí y que no sé si luego, a veces, lleguen aquí a través de estas bardas”.

Nochixtlán, la CNTE, Ayotzinapa, la Casa Blanca, el departamento de Miami, su baja popularidad, la corrupción… Casi todos los temas de la agenda pública en una sola oportunidad que ya quisieran tener muchos periodistas. La entrevista se suponía incómoda para un presidente que no ha dado una sola conferencia de prensa en México y que mantiene un modelo de aislamiento ante cualquier posible interpelación.

Si la entrevista a Peña Nieto pretendía ser una declaración para marcar la distancia con un muy impopular presidente y romper con la idea de la dependencia de Televisa con el poder político, en vísperas de los cambios anunciados por la televisora, el resultado no fue impactante. La falta de dominio (en el mejor de los casos) del experimentado comunicador, sobre temas tan sensibles, no lograron mover ni un centímetro a Peña Nieto de sus lugares comunes: que la Casa Blanca fue un error de percepción, que es normal que un vecino pague el predial de sus amigos, que el gobierno es el principal interesado en saber qué pasó con los 43 normalistas, entre otras respuestas acompañadas de la familiaridad de un “mira, Joaquín”.

El viejo y antidemocrático modelo de comunicación, bien representado por el espacio que Joaquín deja este viernes, ha sido el instrumento que por décadas han tenido los gobiernos mexicanos para acomodar intereses con los de los poderosos grupos de medios. En el vértice se encuentra la absurda concentración mediática encabezada por Televisa a través de prerrogativas que van mucho más allá de las concesiones de esa empresa. La concesión política, su más grande título.

Los cambios en la empresa para la que Joaquín ha trabajado, están enmarcados en la transición a un nuevo modelo de negocios, en el que las telecomunicaciones ganan terreno a la televisión.

En los últimos años, Televisa ha disminuido el gran poder político que por décadas acumuló para controlar el flujo informativo, gracias a la diversidad de medios que un ecosistema democrático por naturaleza, como internet, ofrece y crece. Telecomunicaciones y radiodifusión han sido un binomio rector de pugnas de los grandes grupos comerciales que crearon monopolios, sin reconocer nunca como fin último, el derecho a la información y la libertad de expresión.

La aprobación en el Congreso de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom), hace poco más de dos años, es el mejor ejemplo del funcionamiento de esa maquinaria que por décadas ha servido para imponer agendas lejanas a los intereses reales de la sociedad.

Durante la semana en la que el Senado discutió la Ley, Joaquín se dedicó a repetir una y otra vez, que el objetivo de esa legislación se trataba de la eliminación del cobro de la larga distancia, omitiendo por completo la gama de derechos que debieron estar al centro de la discusión. Cuando en el vergonzoso día de la aprobación senatorial, el grupo parlamentario del PRD anunció el voto a favor de esa legislación, para después votar en contra, Joaquín los acusó de votar “a favor del cobro de más de 20 mil millones de pesos al año”, lo que inició una guerra de declaraciones entre Joaquín y los dirigentes perredistas que se opusieron a la Ley Telecom, extendida por meses. Para la televisora nunca existió la voz de quienes denunciaban que la ley mantenía los privilegios de los medios comerciales y los yerros y excesos para los medios de uso social. Menciones a los derechos humanos como la libertad de expresión y el derecho a la información, nunca se escucharon en el noticiero de Joaquín, y muy poco en el debate del Senado, frente a las alusiones a la eliminación del cobro de larga distancia.
Como resultado, la nueva regulación generó las condiciones para que Televisa lograra consolidarse como un sólido competidor en los servicios de telecomunicaciones como eje fundamental para la subsistencia del grupo empresarial, en la transición que vemos con claridad ahora. Un año después, en 2015, el grupo reportaba pérdidas en contenidos (publicidad, venta de canales, programas y licencias) y un crecimiento en sus negocios en telecomunicaciones.

En comparación del año pasado, los dos primeros trimestres de 2016 han reportado una recuperación de la televisora. La venta de contenidos reporta ligeras ganancias y los negocios en los servicios de telecomunicaciones siguen avanzando. Seguramente los cambios anunciados por Televisa mantendrán la tendencia por lo que resta del año, pero a largo plazo, el reto es mayor.

El interés por la transparencia en los gastos de publicidad oficial de los entes públicos, la tercera cadena, y el descrédito de la empresa y sus noticieros como medios de información objetivos ante actores y audiencias usuarias de internet, más ávidas de información plural y objetiva, son una amenaza seria para la vida de la televisora, aunada al éxito creciente de servicios OTT (como Netflix) que ofrecen contenidos de entretenimiento sin depender de las señales radiodifundidas.

Si Televisa busca independencia del gobierno y la confianza de sus audiencias, no basta con que el espacio de Joaquín sea sustituido por una propuesta encabezada por una periodista con mayor credibilidad, ni con que se generen contenidos multi-plataforma y un late night show que promete cuestionar al poder sin censura; sino de la capacidad material de reconocer que las audiencias importamos en serio y que la población ya no se satisface de lo que escucha a una figura protagónica en un horario estelar a través de señales capaces de llegar a los rincones más marginados del país. Pero sobre todo, de que la industria que encabeza deje de impedir el desarrollo de la comunicación democrática que no se agota en los medios comerciales.

Es momento de que Televisa y el Estado entiendan de una vez por todas la trascendencia de que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sean considerados de interés público por la Constitución y que que la coexistencia de medios debe romper el rezago y amenazas a los de uso público y social, que siguen sin conocer beneficios de esa “transformación” que se prometió con la Ley Telecom.

Que el viejo modelo en serio se termine de agotar, nos debe interesar a todos como beneficiarios últimos del espectro radioeléctrico, ese bien público intangible por el que se transmite gran parte de la información, que ya no aguanta más tener en el centro la subsistencia de los grandes medios comerciales.

Seguramente cuando Joaquín le dijo al presidente que no sabía si la información traspasaba las bardas de Los Pinos, sabía que la barda que el grupo para el que trabaja ayudó a construir en torno al derecho a la información y la libertad de expresión de la sociedad mexicana, está hecha del mismo material que ha cimentado un país en el que cada 26 días se asesina a un periodista; en el que se persigue judicialmente a quienes desarrollaron la investigación de corrupción más emblemática del sexenio; y en el que la comunicación democrática sigue siendo un anhelo.

Se va Joaquín, ¿qué se queda?
Veremos.

@AlfredoLecona

*Defensor de derechos humanos y activista en temas de libertad de expresión, transparencia y corrupción. Formó parte del movimiento #Yo soy 132.



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