Procesados en libertad, sin vigilancia en el nuevo sistema de justicia
Se puede generar una gran impunidad, alertan.
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Imagen: Renace

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio (NSJPA) que en el primer minuto del sábado entra en vigor al cien por ciento en todo el país, iniciará sin uno de sus principales componentes: la creación de unidades de vigilancia para las personas que enfrentan un proceso penal en libertad, ya sea por lograr un acuerdo reparatorio a favor de la víctima, por lograr la suspensión de su proceso condicionado a un buen comportamiento o porque la gravedad del delito así se lo permite.

Esa percepción es compartida por el director general de Renace, Martín Sánchez Bocanegra, y un análisis realizado por el equipo de CIDAC, los cuales encuentran puntos críticos en su aplicación: el más grave de ellos es que no existen estas unidades para vigilar a las personas que serán sometidas a una pena alterna a la prisión mediante los distintos procedimientos que contempla el nuevo sistema, es decir, que las autoridades no cuentan con personal ni mecanismos de control para quienes intercambian la cárcel por una condena alterna fuera de la cárcel.

El nuevo modelo de justicia contempla la realización de audiencias públicas para casi todas las resoluciones que emitan los jueces; presencia de abogados defensores para víctimas e imputados en cualquier diligencia; la obligación de los juzgadores de estar presente en todo el proceso, impidiendo que puedan delegar su responsabilidad; aumentar el peso de la investigación científica; el respeto al principio de presunción de inocencia, pero sobre todo, el uso de la reducción preventiva y un trabajo más eficaz en la reinserción social.

Para reducir la prisión preventiva se crearon Mecanismos Alternativos de Justicia como el acuerdo reparatorio para las víctimas, la suspensión condicionada del proceso y la aplicación de medidas cautelares fuera de prisión. Por medida cautelar, las nuevas leyes hablan de restricciones en la vida cotidiana de las personas, pero sin que pisen la cárcel como pueden ser las órdenes judiciales para no salir de una ciudad ni cambiar de domicilio, firmar periódicamente ante jueces y ministerios públicos, usar brazaletes de localización y cumplir con determinados trabajos comunitarios.

Sánchez Bocanegra afirma que a nivel federal no se ha creado ese mecanismo de control conocido como Unidades de Servicios Previos al Juicio o Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS), órgano que deberá vigilar a las personas que sean imputadas de un delito y que podrán enfrentar el proceso penal en libertad. También deberá vigilar a las personas que accedan a la firma de un acuerdo reparatorio en favor de la víctima y a quienes se les suspende el proceso penal a cambio de que acepten la imposición de ciertas restricciones a sus actividades cotidianas.

Solamente cinco estados cuentan don dichas unidades, denominadas UMECAS, pese la importancia de las mismas. La situación se agrava por su inexistencia para vigilar a los procesados por delitos del fuero federal. A nivel estatal, solo existe vigilancia de personas procesadas en libertad en los estados de Chihuahua, Morelos, Baja California y Oaxaca. En Nuevo León, pionero del nuevo sistema de justicia, y en la Ciudad de México, donde apenas ayer entró en vigor para todos los delitos, apenas están empezando a funcionar.

A nivel federal, eso implica que no hay personal de la Procuraduría General de la República (PGR) para vigilar a casi 3 mil personas que fueron sometidas a medidas cautelares o restricciones en su vida normal en lugar de pisar la cárcel, derivado del beneficio que les concedió un Ministerio Público Federal, según cifras de esa misma dependencia divulgadas el pasado 15 de junio.

“Estas unidades, las llamadas UMECAS, son las responsables de vigilar a las personas que están en un proceso y que están en libertad, sometidas en una medida cautelar en libertad o que se les dicta alguna suspensión de proceso a prueba de buena conducta, pero no hay UMECAS en el país, son muy poquitos UMECAS, solo funcionan cinco, imagínate todas las que faltan, tenemos un vacío muy importante para el cumplimiento de las medidas cautelares “, advierte.

La consecuencia, Martín Sánchez Bocanegra, es que se puede generar una gran impunidad, puesto que las personas sujetas a proceso penal en libertad, no cuentan con vigilancia oficial y no se ven obligadas a cumplir con las medidas cautelares o restricciones que les imponen los jueces.

Situación crítica en CDMX, Edomex, Jalisco, Veracruz, Sonora, BCS y Guerrero

Para CIDAC, la ausencia de los UMECAS se ha traducido en que la prisión preventiva se siga utilizando de manera indiscriminada, incumpliendo con uno de los objetivos de la reforma del 18 de junio del 2008: el uso de la cárcel en contra de una persona como último recurso ante la gravedad de un delito y la imposibilidad de que se garantice la seguridad de las víctimas por parte de las autoridades policiacas.

Con cifras oficiales de la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia (SETEC), que entidades federativas como el Estado de México, Chiapas, Chihuahua, y Durango han incrementado el uso de la prisión preventiva con todo y la aplicación del nuevo modelo de justicia en sus territorios. En contraste, el único estado en el que se ha reducido el envío a la cárcel de una persona imputada es Morelos, derivado de que si cuenta con un centro de control para vigilar a los imputados, es decir, con una UMECA.

Pero la situación crítica no para ahí. Sánchez Bocanegra ve negligencia y resistencias en entidades federativas como Baja California Sur, Jalisco, Veracruz, Sonora, Guerrero e inclusive la Ciudad de México, donde los gobernadores, el Jefe de Gobierno, y los tribunales de justicia locales dejaron hasta el último momento la aplicación del nuevo sistema de justicia en todo el territorio y para todos los delitos.
Con una transición de ocho años, por ejemplo, apenas ayer el delito de homicidio comenzará a investigarse y castigarse con las nuevas reglas. Anteriormente, los procesos penales se llevaban con el modelo inquisitivo mixto que era poco transparente y que dio pie a la fabricación de chivos expiatorios como lo demostró el documental “Presunto Culpable”.

Pero todavía más grave, señala el director de Renace, es que en el Estado de México, el nuevo sistema de justicia se aplica con reglas y excepciones del viejo sistema de justicia, entre ellas, que la palabra de los policías y Ministerios Públicos tiene más valor que la de una persona imputada o detenida. La negligencia incluye falta de autonomía en los Poder Judiciales Estatales, señala Martín Sánchez.

“Estamos hablando negligencia de parte de los gobiernos, lo dejaron a última hora, no le dieron la importancia suficiente, pensaron que a lo mejor iba a ir para atrás la reforma, vimos malas prácticas en el sentido de que los gobiernos se cerraban. No aceptaban el apoyo, no aceptaban asesoría de profesionales, de instituciones, de expertos internacionales, no las aceptaban y entonces dejaban rezagado todos los temas que tenían resolver para la implementación”, concluye.

Las organizaciones como Renace y CIDAC también coinciden en que su tarea no concluye este viernes a las doce de la noche, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto, encabece una ceremonia solemne en el Monumento a los Niños Héroes para celebrar la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sino que tendrá que continuar por once años más, tiempo que llevaría la consolidación del mismo si las autoridades federales y estatales finalmente se deciden a apoyarlo sin cortapisas.



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