Denuncia comunidad indígena San Miguel Canoa amenazas del gobierno de Puebla
En el marco de su IV informe de gobierno, Rafael Moreno Valle es acusado por grupos de campesinos de realizar detenciones tras las protestas contra reformas que afectan a sus comunidades.
Denuncia comunidad indígena San Miguel Canoa amenazas del gobierno de Puebla
(Fotos: Cencos / Gobierno de Puebla)

La administración estatal de Puebla, encabezada por Rafael Moreno Valle, es acusada por campesinos de San Miguel Canoa de amenazarlos por pronunciarse en contra de una reforma a la Ley Orgánica en la que se les quitan facultades a las Juntas Auxiliares, entre ellas, el control del Registro Civil.

Ante un despliegue publicitario por el IV del panista Moreno Valle, los indígenas no acudieron a dar una conferencia de prensa para denunciar los hechos, debido a que acusan a la administración estatal de amenazas y represión contra familiares presos, informó Cencos.

Hace unos días la comunidad indígena decidió expulsar a la fuerza pública, crear su propia autodefensa desarmada y montar retenes para restringir el acceso a la localidad ante la pretensión del gobierno de Moreno Valle de imponerles autoridades, informó Proceso.

En diciembre decenas de granaderos ingresaron a la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa para tratar de recuperar las instalaciones de la presidencia e imponer como alcalde subalterno a Félix Flores García, quien es rechazado por la población, informó el semanario.

Se difunde el texto completo publicado por Cencos el pasado 14 de enero:

La administración de Puebla, encabezada por Rafael Moreno Valle, amenazó con duras represalias a la comunidad de San Miguel Canoa si ofrecía una conferencia de prensa en la Ciudad de México para informar sobre los acuerdos alcanzados durante una asamblea que realizaron el 11 de enero, denunciaron los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Los abogados explicaron que, debido a lo anterior, la representación de la comunidad decidió no asistir a la conferencia por miedo y sólo hubo declaraciones, mediante un enlace telefónico, de la vocera Rocío Pérez.

Rocío, hija del encarcelado presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez, denunció que el gobierno amenazó directamente a su familia, además de advertir sobre cambiar a su padre al penal de alta seguridad Tepexi de Rodríguez y realizar detenciones arbitrarias.

Esta información surge un día antes del IV Informe de Labores de Moreno Valle y según los implicados, las acciones “represoras” del gobierno de Puebla contra la comunidad de San Miguel Canoa comenzaron cuando sus integrantes, en particular el edil Raúl Pérez, se pronunciaron en contra de una reforma a la Ley Orgánica en la que se les quitan facultades a las Juntas Auxiliares, entre ellas, el control del Registro Civil.

A partir de la reforma, varias Juntas Auxiliares se manifestaron y fue entonces cuando el gobierno del Estado realizó varias detenciones como las de Raúl Pérez y los presidentes de las comunidades de Resurrección y Chalchihuapan.

Acuerdos de la asamblea

Entre los acuerdos alcanzados, destacan remover a los 30 policías municipales que resguardan el edificio de la presidencia auxiliar, formar una guardia ciudadana para labores de vigilancia e instalar puestos de control en las entradas a la comunidad para evitar la entrada de personal del gobierno municipal y estatal.

Aclaró que el sistema de seguridad que están organizando no es ninguna forma de autodefensa y tampoco cuentan con armas, puesto que su resistencia es pacífica y sólo buscan resguardar la integridad física y moral de los integrantes de la comunidad.

“En las próximas elecciones para diputados federales no vamos a permitir el ingreso de ningún candidato o de ningún partido político a la comunidad; y si además esto no se nos resuelve antes de las elecciones federales de este 2015… tampoco se le permitirá el acceso al Instituto Electoral para los comicios”, agregó Rocío.

Dijo que pedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se les respalde ante las violaciones a las que ha sido sujeto el presidente y la comunidad, en tanto advirtió que no permitirán que el gobierno estatal les imponga un presidente auxiliar, “puesto que nuestras formas de elección son bajo usos y costumbres”.

Después de la tercera intervención de la Policía en la comunidad, el comité del movimiento San Miguel Canoa redactó un oficio dirigido al presidente municipal de Puebla, el secretario de Gobierno y a la presidenta de Asuntos Indígenas para entablar una mesa de diálogo y resolver el conflicto, pero hasta el momento no ha habido respuesta.



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