Tribunal Electoral alista criterios para proteger derechos indígenas
"Estamos construyendo el respeto de 15 millones de habitantes de comunidades indígenas de este país": magistrada Janine Otálora.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) construye nuevos criterios para proteger los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral federal, Janine Otálora Malassis, afirmó que “estamos construyendo el respeto de 15 millones de habitantes de comunidades indígenas de este país, a quienes se les había estado negando el acceso a una justicia electoral”.

Al presentar el Protocolo para Defensoras y Defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, indicó que la defensa de estas garantías es presupuesto para la salvaguarda del resto de los derechos humanos.

“Si no se les reconoce el derecho a la participación política, no van a poder tener trincheras desde donde exigir que se respeten derechos mínimos que hacen una vida digna”, expresó la abogada.

Ante defensores e integrantes de comunidades indígenas, la magistrada presidenta del TEPJF destacó la importancia de dejar documentada la experiencia de la Defensoría Pública Electoral y compartirla con quienes, sean juristas o no, tienen inquietudes sociales respecto del tema de los derechos de las comunidades indígenas.

Otálora Malassis señaló que las realidades de las comunidades indígenas son distintas en el país, e incluso hay algunas en las que no se les permite a las mujeres votar, mucho menos ser votadas.

“Estamos construyendo el respeto de 15 millones de habitantes de comunidades indígenas de este país, a quienes se les había estado negando el acceso a una justicia electoral”, manifestó.

Mencionó que casos como el de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó, Chiapas, se han abordado con mucha prudencia, ya que en los juicios que involucran a las comunidades indígenas no se puede forzar la aplicación de principios y valores constitucionales mediante los métodos usuales, “porque entra en juego la autodeterminación política que la propia Constitución igualmente les reconoce”.

A su vez, la titular de la Defensoría Pública para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral federal, Marina Martha López Santiago, señaló que a más de un año de haber sido creada la Defensoría, se han recibido 150 solicitudes de atención, de las cuales 92 han sido asesorías y 52 de defensa de derechos políticos-electorales.



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