Ley 3de3 incompleta del Senado: “inadecuada” e “inaplicable”: empresarios
La crítica del CCE se centra en el hecho de que la propuesta sí contemplaba sanciones severas y responsabilidades para el sector público y privado que no fueron tomadas en cuenta.
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(Foto: @AlfredoLecona)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó como “excesiva”, “inadecuada” y “completamente inaplicable” la ley 3de3 aprobada por el Senado el miércoles pasado.

Considerada como versión light o descafeinada, la propuesta ciudadana original con 634,000 firmas planteaba que todos los funcionarios públicos presentaran su declaración fiscal, patrimonial y de intereses.

“Consideramos que la inclusión a última hora en el Senado de una disposición por la cual las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”, dijo.

De acuerdo con el CCE, esta medida generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción, lejos de contribuir a combatirla.

El organismo destaca que “durante todo el proceso de discusión en los últimos meses, nunca fue un tema de debate la inclusión de la obligación de presentar 3de3 por parte de personas físicas y morales, en los grupos e trabajo con las diferentes bancadas. En ningún momento fue presentada a los legisladores ni a la sociedad una propuesta de redacción, ni su justificación y alcances. Quedemos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad”.

La crítica del CCE se centra en el hecho de que la propuesta 3de3 sí contemplaba sanciones severas y responsabilidades para el sector público y privado que no fueron tomadas en cuenta, y en su lugar el senado redactó un documento en el que se obliga a presentar las tres declaraciones a todas las personas físicas y morales que sean proveedoras del Estado.

Esta cantidad de información, asegura, “es imposible de procesar” y no es útil para prevenir la corrupción, además de invadir innecesariamente los derechos de las personas. “Las declaraciones de quienes realmente tiene injerencia sobre el uso de los recursos públicos quedarían escondidas en montañas de papeleo innecesario”.

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