Buscando “3 de 3” pies al gato, artículo de Irma Eréndira Sandoval
Lo que realmente necesitamos en México es un cuarto poder ciudadano constitucionalizado, que funcione a la manera de como se ha venido haciendo en los países del Cono Sur, sostiene la autora.
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FOTO: NANCY LÓPEZ LÓPEZ /CUARTOSCURO / Archivo

Buscando “3 de 3” pies al gato
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros*

La iniciativa “3 de 3” se parece al Teletón. Utiliza una causa perfectamente legítima, la atención a los discapacitados o el combate a la corrupción, para fines políticos y empresariales. En lugar de atacar de raíz los problemas estructurales que están destruyendo la nación, este tipo de iniciativas son salidas falsas que ofrece a los ciudadanos el desahogo o de donar unos pesos o de firmar una hoja, sin realmente permitir que la sociedad se movilice a favor de un cambio de fondo en la política nacional.

No nos hagamos tontos, quien realmente está frenando la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la tan traída y llevada “Ley 3 de 3” no es ni el Senado de la Republica, ni los partidos, sino el verdadero dueño del negocio de la política: Televisa y sus aliados estratégicos. El Senado ha frenado la aprobación del SNA porque los mismos patrocinadores de la iniciativa “ciudadana”así se lo han ordenado. A Televisa, al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y a sus organizaciones no-gubernamentales aliadas, como el IMCO, no les conviene que se apruebe un Sistema Anticorrupción verdaderamente robusto. Para ellos la corrupción debe ser reducida, ubicada y concentrada exclusivamente dentro de las instituciones públicas y gubernamentales. Jamás reconocerán al sector privado como la fuente primigenia de la corrupción, ni siquiera se muestran dispuestos a señalar la activa complicidad y fomento de las elites empresariales y el sector privado en el saqueo del presupuesto público.

El mismo asesor jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, ha argumentado de forma cínica que es “un sinsentido” que “todas las empresas del sector de comunicaciones estén sujetas a la ley 3 de 3” tan sólo por el simple hecho de recibir “ingresos del gobierno por alguna venta”. El vocero de la televisora se dice traicionado ya que reconoce que si bien “el motor” para conseguir las firmas que respaldan esa iniciativa fueron las empresas afiliadas de forma corporativa al CCE y el CMHN, hoy “el empresariado acabó siendo víctima de su propia iniciativa”. Para los oligarcas de este país, la corrupción es, y sólo puede ser, un fenómeno que emerge de las instituciones públicas.

Tal posición es hoy insostenible después de los escándalos que involucran tanto al Grupo HIGA como a Televisa en ominosos episodios de lavado de dinero y transferencia multimillonarias de fondos a paraísos fiscales. También habría que recordarle a Tejado Dondé que Televisa no sólo realiza “alguna venta” al gobierno sino que cada año vende miles de millones de pesos en publicidad. La organización Fundar lo sabe, ellos han documentado que Enrique Peña Nieto gastó más de 14 mil millones de pesos en publicidad solamente durante los primeros dos años de su gobierno, y para el gasto de estos millones Televisa ha sido contratista favorito.

Mientras que con gran histrionismo los voceros de la iniciativa “3 de 3” vociferan indignados desde las pantallas de Televisa, contra el inmovilismo de los políticos; nunca se atreven a exigir su “3 de 3” a ningún funcionario corporativo de los medios de comunicación o inversionista de Asociaciones Público Privadas, ni siquiera se atreven ellos mismos a predicar con el ejemplo. Se trata de un espectáculo mediático diseñado para distraer la atención de los verdaderos enemigos de la rendición de cuentas y de paso desprestigiar la vía de la acción social y política de izquierda para la resolución de nuestros problemas que ha planteado el nuevo partido Morena.

La simulación gubernamental y de algunos sectores de la autodenominada “sociedad civil” quedó particularmente exhibida en la reciente cumbre de combate a la corrupción celebrada en Londres. Tanto Virgilio Andrade como Juan Pardinas se paseaban con donaire entre los miembros elite de la corruptología internacional presumiendo sus grandes logros e iniciativas, mientras en México nos hundimos cada día más bajo una montaña de mentiras y simulaciones.

El verdadero propósito de la “Ley 3 de 3” que no es en realidad ni una ley, ni realmente busca combatir la corrupción, no es entonces aprobar un nuevo marco jurídico de vanguardia, sino hay que decirlo sin ambages, la acción política y electoral. Las más de 600,000 mil firmas y datos personales supuestamente reunidos por los organizadores constituyen una formidable plataforma de despegue para el lanzamiento de un candidato “independiente” apoyado por la oligarquía en 2018. Este nuevo partido ya incluso cuenta con numerosos pre-candidatos. Jaime Rodríguez, Pedro Ferriz de Con, Jorge Castañeda y Denise Dresser, todos han anunciado sus intenciones de competir por la Presidencia de la República.

Es también importante señalar que en el fondo la llamada “ley 3 de 3” está destinada al fracaso. Primero porque se trata de un desarticulado conjunto de planteamientos que no toca ni con el pétalo de una rosa a los poderes fácticos y las redes de testaferros y lavadores de dinero que están desmantelando la nación. Segundo porque la iniciativa no sale de la óptica tecnocrática que ya ha demostrado ser tan poco útil para el combate de la corrupción. Su gran propuesta es el establecimiento de un “CONEVAL” de la Corrupción, que a la manera de Perogrullo “rediseñe el derecho penal y administrativo por completo”. Tercero porque como el propio Dr. Mauricio Merino lo ha reconocido en la televisión, la “ley 3 de 3” no sería sino una simple “marca”, “una estrategia de comunicación” orientada a aprovechar la indignación y el hartazgo social de la corrupción.

Así la pregunta central es: por qué le buscamos “tres de tres” pies al gato si lo que hace falta para andar en la lucha contra la corrupción son 4. Lo que realmente necesitamos en México es un cuarto poder ciudadano constitucionalizado, que a la manera de como se ha venido haciendo en los países del Cono Sur, destacadamente en Bolivia, Uruguay y Ecuador, se establecen Consejos Cívicos y autónomos que sin interferencia de los otros poderes y sobre todo de los nuevos poderes fácticos y oligárquicos tomen en sus manos la verdadera lucha para acabar con la corrupción.

[*] Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales IISUNAM. Directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Harvard, American University y la Sorbona de París.

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