Movimiento de Sicilia, a punto de ganar una batalla en el Congreso
La ley general de víctimas obliga a crear un fondo de reparación de daños, un registro nacional y apoyo para familiares, entre otros compromisos asumidos con el Movimiento Paz con Justicia y Dignidad
Al pleno del Senado llegará este martes 17 de abril la iniciativa de ley general de protección a víctimas, aprobada el pasado jueves en la Comisión de Justicia.
El MPJD que fundó Javier Sicilia ha logrado empujar hasta lograr que la ley de víctimas llegue Senado (Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

Este martes 17 de abril llegará al pleno del Senado la iniciativa de ley general de protección a víctimas, aprobada el pasado jueves en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa -comprometida con el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia– propone que las víctimas de la delincuencia organizada y de violación a sus derechos humanos reciban una reparación integral por los daños causados, que consiste en asistencia económica, jurídica y médica.

La legislación, que consta de 189 artículos, considera la creación de un registro nacional de víctimas del delito y de datos forenses, así como un fondo para la reparación del daño compuesto por una partida presupuestal y recursos obtenidos de donaciones y decomisos a la delincuencia.

También prevé la creación de un consejo conformado por los tres poderes de gobierno y presidido por el Ejecutivo federal, en el que participarán organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, grupos de víctimas y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esta propuesta reglamentará los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución, que reconocen los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de la delincuencia.

La elaboración de esta iniciativa -que fue un compromiso del Congreso con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad- tomó más de un año de consultas con instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y expertos, y pone como su objetivo no sólo promover la ayuda, atención y reparación integral a la víctima, sino además garantizar la no repetición de los actos victimizantes y evitar la “criminalización y victimización secundaria de los afectados”.

Las disposiciones

  • La obligación del Estado de buscar a personas desaparecidas, así como la identificación de los restos y su inhumación.
  • Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, honor y nombre ante la comunidad y el ofensor, disculpas públicas, actos conmemorativos y la construcción de monumentos públicos.
  • Creación de un sistema nacional de víctimas, que regulará y supervisará planes, proyectos y políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas, en los tres niveles de gobierno.
  • Creación de un Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.
  • Financiamiento para acciones que garanticen el acceso de víctimas a instituciones educativas, cobertura de servicios de salud -hospitalización, cirugías, medicamentos, rehabilitación-, alojamiento y alimentación para quienes lo requieran.



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