Carlos Puig y José Roldán Xopa escriben sobre amparo de Aristegui
"Independientemente del resultado del amparo, la resolución ha ubicado que el conflicto no es solamente privado", apuntó Roldán Xopa.
Foto: Gerardo de la Vega

El periodista Carlos Puig y el doctor en Derecho por la UNAM, José Roldán Xopa, escriben este jueves sobre el amparo que interpuso Carmen Aristegui, por el que un juez concedió una suspensión provisional que obliga a MVS a negociar con la comunicadora.

El miércoles, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una nota informativa, en la que dice que “el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, resolvió conceder la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa María del Carmen Aristegui Flores, porque la pretensión de la periodista goza de apariencia de buen derecho…”.

“El juzgador federal advirtió que la terminación del contrato por parte de MVS Radio se justificó exclusivamente en facultades contractuales de derecho privado, sin tener en consideración que se está en presencia, por un lado, de la concesión de un bien y servicio público del Estado y por otro de un ámbito de relevancia social (periodismo crítico)”, señala la nota informativa de la Judicatura.

Al respecto, en el diario Milenio, Puig apunta que “la reforma en telecomunicaciones añadió en 2013 dos fracciones al sexto constitucional en el que con todas sus letras dice que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado tiene que garantizar condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, preservando la pluralidad y la veracidad de la información…”.

En tanto, en La Silla Rota, Xopa señala que la decisión del juez “no tiene precedentes y es, sin duda, audaz para los estándares generalmente conservadores en la Judicatura. Sin embargo, lo primero que hay que reconocer es que coloca las cuestiones centrales en un juicio constitucional: Dado el ámbito constitucional en el que se desarrolla la actividad de radiodifusión, una libertad pública (la de expresión) se pone en riesgo y con ello, derechos individuales y de las audiencias”. 

“Independientemente del resultado del amparo, la resolución ha ubicado que el conflicto no es solamente privado. Lo público y, por tanto, lo susceptible de ser controvertido en el juicio de amparo, son las libertades constitucionales”, añadió en su columna.

“La resolución provisional no solamente pone a prueba los alcances de las competencias judiciales, sino también el nuevo entramado constitucional en radiodifusión. Los concesionarios no son empresas en el mero ejercicio de su libertad comercial, desempeñan funciones sujetas a un régimen especial de derecho administrativo el cual se justifica por la relevancia social de la radiodifusión. Si constitucionalmente es importante la libertad de expresión y la pluralidad de voces, entonces si un concesionario afecta tal libertad, afecta las condiciones deseadas”, sostuvo Roldán Xopa.

(Columnas íntegras en Milenio y La Silla Rota)



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