EU: Departamento del Tesoro congela cuentas de operador de ‘El Mayo’ Zambada
Fue designado por su participación en las actividades de narcotráfico y por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de drogas para Ismael Zambada García, el número 2 del cártel de Sinaloa.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, or sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de José Guadalupe Tapia Quintero, lugarteniente del cártel de Sinaloa y del número dos de esa organización,  Ismael Mayo Zambada García.

Tapia Quintero fue designado por su participación en las actividades de narcotráfico de el “Mayo” Zambada y por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de drogas.

A continuación el comunicado del Departamento del Tesoro:

 

Departamento del Tesoro

 

PARA PUBLICACION INMEDIATA: 16 de enero de 2014

 

DEPARTAMENTO DEL TESORO CONTINÚA SEÑALANDO AL LIDERAZGO DEL CARTEL DE SINALOA

 

Está acción señala al lugarteniente de Ismael “Mayo” Zambada García responsable del transporte de narcóticos

 

WASHINGTON – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (conocida por sus siglas en inglés, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de José Guadalupe Tapia Quintero, de Culiacán, Sinaloa, México, lugarteniente del cártel de Sinaloa y del líder Ismael “Mayo” Zambada García. José Guadalupe Tapia Quintero fue designado por su participación en las actividades de narcotráfico de Ismael “Mayo” Zambada García y por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de drogas.

 

“Vamos a continuar enfocándonos en todos los ámbitos del cártel de Sinaloa,”, expresó el Director de la OFAC, Adam J. Szubin. “Nuestras acciones se centrarán en sus puntos claves financieros, tales como en la logística subyacente que son esenciales para sus operaciones diarias, y la red de transporte de la que estamos tomando acción en contra hoy.”

Tapia Quintero supervisa el transporte de cocaína y marihuana para la organización de narcotráfico de Zambada García y es responsable de coordinar la compra y el transporte de la cocaína y la metanfetamina en Sinaloa hacia los EE.UU., específicamente Arizona y California, mensualmente. Tapia Quintero, además transporta metanfetamina para una célula de narcotráfico afiliada a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera desde Sinaloa a Tijuana, Baja California, a través de camiones de remolque. El Presidente identificó a Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García y el cártel de Sinaloa como narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin en 2001, 2002 y 2009, respectivamente.

La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (conocida por sus siglas en inglés, DEA), específicamente la División de Phoenix y la Fuerza Especial para el Combate de Drogas del Crimen Organizado (conocida por sus siglas en inglés, OCDETF Strike Force).

“DEA y sus colaboradores de la OFAC no permitirán que estos cárteles peligrosos y sus asociados exploten el sistema financiero de EE.UU.,” expresó el agente especial de la DEA a cargo Doug Coleman. “Seguiremos sin descanso el rastro financiero para privar a estos traficantes de sus activos, y así los despojamos del elemento vital de sus empresas criminales.”

 

Conforme a la Ley Kingpin, esta designación prohíbe que ciudadanos de EE.UU. realicen transacciones financieras o comerciales con los designados, y también congela activos que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

 

Desde junio de 2000, el Presidente ha identificado a 103 cabecillas del narcotráfico, y la OFAC ha designado a más de 1,300 empresas e individuos conforme a la Ley Kingpin. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta $1.075 millones por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas por violación criminal de la Ley Kingpin de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos.

 

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