Dejará Moreno Valle compromisos por 47 mil mdp que no reconoce como deuda
El gobernador de Puebla insiste en que su administración no endeudó al estado, pero "eso no quiere decir que no haya encontrado maneras de comprometer los ingresos estatales a futuro", señala Mexicanos contra la Corrupción en un estudio.
(Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Aunque se niega a reconocerlo, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dejará al menos 47 mil millones de pesos en compromisos financieros.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) efectuó una verificación (fact-checking) de las afirmaciones de Moreno Valle en torno a los pasivos que su administración dejará a las siguientes administraciones y halló que es “cuestionable la aseveración del mandatario en el sentido de que diversas obras de su gobierno se hicieron sin recurrir a deuda”.

Los mencionados 24 mil 655 millones se componen de la siguiente manera: 93.7 millones por deuda de corto plazo, 5 mil 522.3 millones por deuda de largo plazo y 19 mil 039.2 millones por otros pasivos.

El domingo pasado, Moreno Valle insistió en que su administración (2011-2017) no endeudó al estado, pero “eso no quiere decir que no haya encontrado maneras de comprometer los ingresos estatales a futuro”, señala el MCCI en un estudio dirigido por Dulce Ramos.

Con el título “Rafael Moreno Valle esconde una deuda pública multimillonaria que los poblanos deberán pagar”, el MCCI difundió el siguiente texto:

 

Rafael Moreno Valle esconde una deuda pública multimillonaria que los poblanos deberán pagar

Dulce Ramos

Rafael Moreno Valle asegura que no endeudó al estado que dejará de gobernar el 1º de febrero; sin embargo las siguientes generaciones de poblanos tendrán que pagar al menos 47 mil millones de pesos en compromisos financieros que el saliente mandatario de Puebla no reconoce como deuda, pero que sí heredará a sus todavía gobernados.

“Durante mi gestión no pedimos un solo peso prestado”, dijo este domingo en su mensaje con motivo de su sexto y último informe de gobierno. Con esas palabras Moreno Valle insistió en que su administración (2011-2017) no endeudó al estado, pero eso no quiere decir que no haya encontrado maneras de comprometer los ingresos estatales a futuro.

Con motivo del sexto informe de gobierno del mandatario panista, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) decidió hacer una verificación (fact-checking) de las afirmaciones de Moreno Valle en torno a los pasivos que su administración dejará a las siguientes administraciones.

MCCI encontró que es más que cuestionable la aseveración del mandatario en el sentido de que diversas obras de su gobierno se hicieron sin recurrir a deuda.
En primer lugar, porque el gobernador toma como fuente solo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la que reportó, al cierre de 2015, una deuda de 8 mil 608 millones de pesos. Moreno Valle, como cualquier otro gobernador, solo está obligado a inscribir en Hacienda la deuda que se debe pagar con aportaciones de la Federación, por tanto queda fuera de ese registro todo tipo de pasivo adquirido bajo cualquier otra modalidad. Es ahí donde Moreno Valle manipula la verdad.
Para empezar, porque en el documento de la Auditoría Superior de la Federación titulado Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2016, publicado en agosto del año pasado, el órgano encargado de revisar el gasto del dinero público hizo un ejercicio revelador: comparó las cifras que los estados reportan en sus cuentas públicas con lo que informan de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda. Al cierre de 2015, la Auditoría detectó que, en la cuenta pública, Puebla reportó una deuda de 24 mil 655 millones, es decir, 16 mil millones más de lo que el gobierno de Moreno Valle le reportó a Hacienda.

Esos 24 mil 655 millones se componen de la siguiente manera:

– 93.7 millones por deuda de corto plazo,

– 5 mil 522.3 millones por deuda de largo plazo y

– 19 mil 039.2 millones por otros pasivos.

Sin embargo, el acumulado no termina ahí. Medios de comunicación, analistas y académicos han denunciado en diversas ocasiones y distintos foros que en los últimos años Puebla contrajo otras obligaciones financieras.

Por ejemplo las que señala el Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias. De acuerdo con ese think tank, los ingresos del estado también están comprometidos por el mecanismo que se utilizó para la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS), con el cual se contrajeron pasivos por 4,500 millones de pesos pagaderos a 25 años; igualmente, por la edificación del Museo Internacional del Barroco, que significó pasivos por 7,176 millones de pesos pagaderos a 23 años, y por los pasivos para financiar el apoyo a la instalación de la planta armadora de automóviles Audi, que ascienden a 10,800 millones de pesos pagaderos a 15 años.

Esas tres obras, que suman pasivos por 22 mil 476 millones de pesos, se financiaron bajo el fideicomiso 0144 firmado con la empresa Evercore (del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe). El objeto del fideicomiso 0144 es pagar a proveedores y contratistas del estado, mediante Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) o Proyectos de Inversión (PI).

En febrero del año pasado, el jefe de la oficina del gobernador, Roberto Moya, aseguró que las únicas obras que Puebla ha construido bajo los esquemas que estipula el fideicomiso 0144 son el CIS, la planta de Audi y el Museo Internacional del Barroco.

De acuerdo con el contrato del fideicomiso, del cual el periódico Reforma obtuvo copia en febrero de 2016, la empresa recibirá todos los ingresos que Puebla obtenga por el impuesto sobre nómina por los próximos 50 años; sin embargo, en el momento en el que el dinero de los poblanos pasa a ese mecanismo, no hay manera de transparentarlo.
La suma de los compromisos financieros para pagar las obras del fideicomiso 0144, agregada a lo que reporta la Auditoría Superior de la Federación permitirían estimar que lo que el estado ha de pagar asciende a, por lo menos, 47 mil 131 millones de pesos. Sin embargo, no queda claro si ese es el total de la deuda poblana.

Para empezar, porque es imposible saber si hay más proyectos inscritos en el fideicomiso 0144. A pesar de que gracias a esfuerzos ciudadanos se transparentó el fideicomiso, no se cuenta con los anexos, que es donde constan los proyectos y las condiciones. Además, según el director ejecutivo del Centro Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas pueden añadirse más y más anexos en el momento en que las partes consideren pertinente.
Otra razón por la que se desconoce el monto total de la deuda es que hay proyectos construidos con esquemas similares al PPS, pero con otros nombres, como las Asociaciones Público-Privadas, que aunque el gobernador no lo considere, también son deuda.

Estimaciones como la del académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Eudoxio Morales, cifran el monto de la deuda poblana en, por lo menos, 76 mil 574 millones de pesos, que surgen de calcular los intereses y el plazo de lo contratado con el fideicomiso, que además es considerado por los expertos como inconstitucional, pues opinan que no puede haber fideicomisos privados con dinero público.
En opinión de MCCI, Moreno Valle no debería concluir su gubernatura, cosa que ocurrirá en dos semanas, sin aprovechar la gran oportunidad que tiene para cumplir a cabalidad, y en un elemental ejercicio de transparencia, con su obligación de informar todos los detalles sobre los compromisos financieros que dejará a su estado, incluidos en el Fideicomiso 0144. Y lo mismo debería hacer sobre cualquier otro pago que las siguientes administraciones tendrán que hacer por proyectos o iniciativas ejecutadas en la actual administración poblana.

De no ser así, de insistir –como lo dijo este domingo– en que no pidió prestado ni “un peso” para obras de infraestructura que de cualquier manera los poblanos pagarán por décadas, entonces quedará claro a quién iban dirigidas las palabras de Moreno Valle, pronunciadas hacia el final de su último informe de gobierno, cuando aseguró que en la era de la postverdad, el populismo “sobresimplifica tanto problemas como soluciones”.

Comprometer pagos provenientes de dinero público para las siguientes décadas, y optar por no llamarlo “deuda pública”, es exactamente sobresimplificar tanto problemas como soluciones.



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