Investigadores de la PGR violaron la ley en indagatoria del caso Ayotzinapa: NYT
El influyente diario estadounidense hizo eco de un documento publicado por la periodista Anabel Hernández en su libro 'La verdadera noche de Iguala' y en 'Aristegui Noticias', en noviembre pasado.

El gobierno mexicano se negó a hacer público un reporte interno en el cual se señala que los investigadores del caso Ayotzinapa violaron la ley, una conclusión que “amenaza las bases legales” del caso, de acuerdo con un reportaje de The New York Times.

El reporte documenta que sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, “poniendo en duda la evidencia que proveyeron”. La conducta de los investigadores, según el documento, violó el “derecho a la verdad”.

La investigación interna concluyó hace cuatro meses y estaba lista para ser entregada a los padres de los estudiantes desaparecidos. Pero el inspector general de la PGR, les dijo a los familiares de las víctimas que sus superiores debían aprobar el reporte antes, “una simple formalidad”.

Cuatro semanas después de la reunión con los padres, el indagador que preparó el reporte, César Alejandro Chávez Flores, renunció “abruptamente”.

La aprobación nunca llegó y el reporte permanece “bajo estudio” de acuerdo con la PGR. La existencia del documento se dio a conocer en el libro “La verdadera noche de Iguala”, de la periodista Anabel Hernández, y en Aristegui Noticias.

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Una copia del reporte obtenida por NYT sugiere que el documento permanece en un “limbo burocrático” debido a que documenta una serie de violaciones.

Entre las irregularidades se reporta el hecho de que el investigador principal del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin un abogado presente, visita que no fue registrada oficialmente, además de que el lugar se dejo sin ser vigilado durante una noche.

Además se reportó que seis sospechosos fueron detenidos en diferentes ubicaciones en un sólo día y “espontáneamente” confesaron, con palabras idénticas, su pertenencia al grupo Guerreros Unidos y su responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

Los arrestos subsecuentes, basados en estas declaraciones, fueron arbitrarios e ilegales por lo que, bajo la Constitución, se anularía la evidencia obtenida a través de estos. Otras irregularidades muestran archivos faltantes y fechas mezcladas.

La visita del investigador principal del caso, Tomás Zerón de Lucio, junto con uno de los sospechosos, al río San Juan, donde supuestamente fueron tirados los restos de los estudiantes no fue registrada, así como tampoco se incluyeron ninguna de las actividades de ese día en el reporte de la investigación.

El diario estadounidense señaló que tras su renuncia a la Agencia de Investigación de la PGR, Zerón, “quien ha trabajado cerca del presidente Enrique Peña Nieto por casi una década”, fue “inmediatamente” nombrado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

De acuerdo con NYT, uno de los “misterios persistentes” en el caso es porque la policía municipal nunca fue detenida por las policías estatales y federales. En el reporte se afirma que si la policía estatal hubiera actuado, los estudiantes y otras personas que fueron atacadas esa noche “no hubieran sido heridos o asesinados”.

La investigación interna concluyó que es necesario realizar más investigaciones para determinar si la negligencia de las autoridades representó una obstrucción a la justicia.

El investigador que ahora ocupa el puesto de Chávez Flores no “reconoció” las conclusiones debido a que hacían falta formalidades “no especificadas”.

A su vez, Natalia Briseño, vocera de la PGR, afirmó que el documento “no existe legalmente” y aseguró que la revisión del documento sigue en marcha.

El diario estadounidense afirmó que el caso Ayotzinapa es una “herida abierta en México, evidencia del fracaso del país para proteger a sus ciudadanos y la impunidad dentro de un sistema de justicia corrupto”.

 





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