Llegan al Congreso las primeras iniciativas de Peña Nieto
En la Cámara de Diputados se presentó la propuesta para desaparecer tres secretarías, crear una nueva y dotar de mayores facultades a la Secretaría de Gobernación. Al Senado llegó la iniciativa para crear una comisión anticorrupción
(Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

El diputado del PRI, Josué Sergio Manzur Quiroga, presentó este jueves en la Cámara de Diputados una de las dos propuestas del presidente electo, Enrique Peña Nieto, para reestructurar la administración pública, lo cual consiste básicamente en  desaparecer tres secretarías que existen actualmente, crear una nueva y dotar de mayores facultades a la Secretaría de Gobernación.

Poco después del medio día, el diputado priista subió a tribuna a presentar la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que solicitó se concrete antes del 1 de diciembre, cuando ocurra la toma de protesta del nuevo presidente constitucional.

Manzur indicó que con las modificaciones que apoyarán los diputados del PRI y Partido Verde habrá mayor coordinación del gabinete y mejorarán las tareas de seguridad interior y prevención del delito.

La iniciativa, que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, plantea la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones serían trasladadas a la Secretaría de Gobernación, además de la extinción de la Secretaría de la Función Pública y la de la Reforma Agraria; esta última se transformaría en una nueva dependencia que llevaría por nombre “Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano”.

De aprobarse, pasarían de 18 a 16 secretarías de Estado. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación. La otra iniciativa de Peña, sobre crear una Comisión Nacional Anticorrupción, fue recibida también este día en el Senado.

…Y Beltrones llama a apoyarla “por cortesía”

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, comentó que espera que los demás partidos aprueben la iniciativa de Peña por “cortesía”, para que el nuevo gobierno inicie su encargo, el 1 de diciembre, con el nuevo modelo de secretarías de Estado.

Beltrones indicó que la próxima semana invitarán a parte del equipo de transición del presidente electo para que explique a la comisión dictaminadora el “espíritu” de la propuesta y las nuevas funciones que adquiriría la Secretaría de Gobernación.

A los gobiernos no hay que decirles cómo se organicen desde el Poder Legislativo, sino más bien exigirle resultados. Hay garantía que con estos cambios, no se instala un gobierno inercial sino un gobierno que pretende dar mejores resultados”, expuso en entrevista con los medios.

En el Senado, presentan iniciativa anticorrupción

El PRI y el PVEM en el Senado presentaron la iniciativa que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa.

Los senadores del PRI, Lizbeth Hernández, y del PVEM, Pablo Escudero, presentaron la iniciativa, que faculta al Congreso a expedir leyes para el combate a la corrupción y lo obliga a expedir la Ley Federal Anticorrupción en un plazo de 120 días, luego de la promulgación del decreto que establece la Comisión Nacional Anticorrupción.

La propuesta de Peña Nieto precisa que la comisión podrá atraer los casos de los estados y municipios; contará con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios para garantizar su independencia y realizar su trabajo de forma profesional e imparcial.

Además, la Comisión Nacional Anticorrupción podrá conocer casos de oficio, por notificación de otros órganos del Estado mexicano, a través de demandas para asuntos de gran valor administrativo, y por Reportes Ciudadanos para casos donde los ciudadanos sean victimizados por actos de corrupción en trámites menores.

Esta comisión “estará impedida para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal”, además de que se “protegerá la integridad de las personas que denuncian, se promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizaran las demandas frívolas”.

Integración de la Comisión Anticorrupción

Dicha instancia estará integrada por cinco comisionados nombrados por el Presidente de la República, y el Senado, o la Comisión Permanente, podrán objetar la designación por dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro de los primeros 30 días después de la fecha del nombramiento.

También se propone un régimen de incompatibilidades para que los comisionados no puedan ocupar otro empleo o comisión, salvo aquellos de carácter académico o científico sin percibir remuneración alguna.

A su vez, las sanciones impuestas por la Comisión “podrán ser recurridas en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito especializados que para este propósito establezca el Poder Judicial de la Federación”.

Dichas sanciones consistirán “en amonestaciones públicas, amonestaciones privadas, multas personales (no con cargo al erario público), suspensión, destitución, dar vista al Congreso de la Unión para Juicio Político y realizar recomendaciones de inhabilitación al Congreso Estatal según corresponda”.

La propuesta faculta a la Comisión para que pueda interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, con la intención de que pueda defender su esfera de competencias de posibles injerencias indebidas de otros órganos, federales o estatales.

De igual manera, podrá denunciar la posible inconstitucionalidad de una norma, federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, pero relacionados exclusivamente con el combate a la corrupción.

En caso de que la Comisión detecte actos presumiblemente constitutivos de delito deberá dar vista al Ministerio Público –ya sea federal o estatal— y podrá actuar como una instancia coadyuvante, y se prevé que en los casos de corrupción las responsabilidades no prescribirán en un plazo inferior a cinco años.

Se contempla que se establezca claramente en la normativa penal federal los delitos relativos a actos de corrupción, previéndose asimismo la posibilidad del decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de dichos delitos.

De igual manera, se crea el Consejo Nacional por la Ética Pública, que será presidido por el Ejecutivo Federal e integrará a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Será un órgano de carácter interinstitucional encargado de promover acciones para fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República.

También se obliga a los estados y al Distrito Federal a establecer sus propias comisiones especializadas en el combate a la corrupción, de carácter colegiado, con plena autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios, que contarán con las atribuciones que disponga la Ley Federal Anticorrupción.

El proyecto de reformas constitucionales establece que la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá asignar una partida presupuestal suficiente para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.

La iniciativa, que modifica los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, para su dictaminación.







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