“#RenunciaYa y el Poder Destituyente”, artículo de Alfredo Lecona
"En el desgaste de Peña Nieto la lista de abusos puede seguir creciendo con exactamente el mismo modelo de impunidad e ineptitud de estos cuatro años de gobierno": ex integrante de Yo soy 132.
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Foto: Facebook

Por Alfredo Lecona (ex integrante del movimiento #YoSoy132*)

En la famosa tesis plagiada en un 30%, Enrique Peña Nieto centró su atención en reconocer como principal aportación de Álvaro Obregón, el fortalecimiento del presidencialismo mexicano por encima de los otros poderes. Sin abordar o generar alguna conclusión en torno a las limitaciones del poder del Presidente, el entonces joven militante del PRI describió como una “realidad ineludible” que en el sistema presidencialista en México “el jefe del poder ejecutivo tiene un poder omnímodo y absoluto y que su conformación se debe tanto a razones jurídicas como metajurídicas que se han ido integrando a través del tiempo”.

¿Cuál será la reflexión del Presidente de la República a 25 años de distancia de haber presentado esa tesis? ¿Qué razones metajurídicas sostienen a un presidente que encabeza un gobierno con los niveles de aprobación más bajos jamás antes registrados y que además trivializa su impopularidad como si se tratara de una cuestión de vanidad?

En torno a esos cuestionamientos, en días recientes, una gran parte de la sociedad ha reflexionado sobre las implicaciones de la crisis política que ha generado el Presidente de la República y su gabinete. Mientras hay quienes encuentran causas imputables al presidente para iniciar un proceso de destitución, también hay quienes sostenemos que el actual titular del poder ejecutivo debe presentar su renuncia al Congreso de la Unión para que este califique la causa grave y permita su salida. Ambas posturas encuentran en el camino la necesidad de que el poder legislativo actúe con responsabilidad y reconozca la imposibilidad de que el actual presidente siga al frente del poder ejecutivo sin acrecentar la crisis.

Pero pedirle a un Congreso protector del presidente actuar con responsabilidad es un grito al vacío. Entonces, ¿en qué posibilidad real descansa la pretensión de iniciar un proceso amplio de recomposición a partir de la salida del Presidente?

Esta duda genuina ha visibilizado al menos cuatro posturas en torno a la exigencia de la renuncia de Peña Nieto.

La primera es sostenida por quienes insisten en que la renuncia del presidente generaría incertidumbre innecesaria en tiempos tan agitados y por tanto optan por insistir en la recomposición del gabinete. La postura, en lo que cabe, supondría una oportunidad benévola para que Peña Nieto incorporara a funcionarios más capaces que sus cercanos. Increíble e irracionalmente, Peña ha rechazado la oportunidad de aparentar un cambio profundo y no ha dado sino más de lo mismo: se hace de lado a un amigo para incorporar a un compadre como se reacomoda al simulador que debería ser investigado y no colocado al frente de nuevas responsabilidades.

La segunda postura es pasiva, conforme con las oportunidades que la torpeza presidencial ofrece al no querer ni simular un golpe de timón. El PAN, el PRD y Morena, cuentan con que el desgaste de Peña Nieto se incremente en los últimos dos años para acomodarlo en sus estrategias electorales. Un López Obrador centrado en la línea de la amnistía y el guiño a quienes cree que no lo dejaran llegar a la presidencia en 2018, ha manifestado su interés en “frenar la caída de EPN”.

La tercera postura dibuja una preocupación genuina sobre los grupos de poder que podrían aprovechar la coyuntura generada por la renuncia del presidente. La ultraderecha está marchando en las calles y sin duda también existirán grupos económicos que querrán acomodarse en los vacíos generados con la dimisión de Peña Nieto. Además, el presidente sustituto seguramente emanaría de las filas de un PRI, que controla las cámaras, por lo que no encuentran en la renuncia una auténtica transformación del sistema sino un simple reacomodo de piezas.

Las posturas anteriores hacen de lado la posibilidad de pensar que aún se puede seguir cavando más hondo y que en el desgaste de Peña Nieto la lista de abusos puede seguir creciendo con exactamente el mismo modelo de impunidad e ineptitud de estos cuatro años de gobierno.

Quienes soportamos la cuarta postura, hemos decidido salir a las calles.

Es cierto que la renuncia presidencial no es un proceso de destitución formal y su operación sería un proceso acordado y operado principalmente por el PRI, pero ante el tamaño de las crisis política y de derechos humanos, la sociedad civil debe jugar un papel preponderante y responsable, apelando a una vía pacífica para mandar un mensaje poderoso a toda la clase política: nadie puede ni debe mantenerse en la función pública arrastrando tantos agravios.

“Motivos sobran”, dicen los carteles de la convocatoria a marchar el día de hoy y nada puede describir mejor la necesidad de discutir la renuncia del Peña Nieto.

Renunciar a la posibilidad de que la ciudadanía influya en el proceso de sustitución para fijar en el centro de la coyuntura la necesidad de construir una agenda que ponga en el centro la desigualdad, la corrupción y la impunidad, es renunciar a creer que la sociedad se puede dar cuenta, de una buena vez por todas, que tiene el poder de redireccionar el rumbo cuando no hay nada lógico que sostenga a un presidente.

Pienso que al día siguiente de la renuncia de Peña Nieto este país será otro, no porque el sistema presidencial cambie por ese simple hecho, sino por entendernos poder destituyente (ya que el constituyente se nos ha negado) y para hacérselos entender a quienes sigan después de un presidente que ya abandonó la presidencia, pero no se ha dado cuenta.

*Defensor de derechos humanos y activista en temas de libertad de expresión, transparencia y corrupción. Formó parte del movimiento #Yo soy 132.





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