En México, las cifras más altas de violencia contra periodistas: Catalina Botero en CNN
La abogada y constitucionalista colombiana señala que México tiene un andamiaje importante en materia jurídica para la defensa de la libertad de expresión y periodistas, pero parece no servir de mucho
CATALINA BOTERO  4
Foto: Karina Maciel

La abogada y constitucionalista colombiana, Catalina Botero, expuso que México tiene un andamiaje constitucional importante: una constitución que defiende la libertad de expresión, ha firmado todos los tratados internacionales en materia de libertad de expresión y tiene mecanismos como la fiscalía de violencia contra periodistas, el mecanismo de protección de defensores y periodistas “pero al mismo tiempo tiene las cifras más altas de violencia contra periodistas en toda la región, las cifras de asesinatos más graves de toda la región”.

En entrevista para Aristegui CNN, destacó el caso de Veracruz, “cuyas cifras son las de un lugar en guerra“, y por lo tanto, pareciera que todo ese andamiaje institucional no ha servido para mucho.

Señaló que el primer riesgo para los periodistas en México es “sin lugar a dudas la violencia física, las amenazas, los asesinatos, creo que van 8 personas asesinadas en 2016 por ejercer su libertad de expresión, es una cifra altísima… y casi 97 personas (periodistas) asesinadas a partir del 2000 hasta hoy es realmente inaceptable”.

Advirtió que la violencia no es la única forma de censura, por lo menos hay dos más: “la judicialización de periodistas, el uso de las normas civiles para silenciar periodistas”. Celebró que en México a nivel federal se haya despenalizado, sin embargo, “una tercera parte de las entidades federativas que México tiene normas penales que usa” y “donde no hay normas penales se utilizan las normas civiles para censurar.

Botero añadió también que hay mecanismos de censura indirecta, como la asignación de publicidad o frecuencias para premiar a los medios y periodistas amigos o para castigar a los críticos. Resumió que estas tres formas distintas “no se compadecen con ese aparato institucional creado para defender la libertad de expresión”.

Recomendó que para enfrentar esta situación es necesario asimilar lo que está pasando y rechazarlo: “primero tener consciencia de lo que está pasando, muchas veces se normaliza esa violencia, la física, la censura y la autocensura, la gente primero necesita saber si tiene personas dedicadas a  encontrar la información y a contársela, porque el resto de las personas vamos a hacer nuestro propio trabajo y no tenemos el tiempo para investigar”.

Se normaliza de pronto que nos las dejen de contar, está en crisis toda la sociedad cuando eso se normaliza, hay que contar que eso no es normal, que hay una manera de vivir en democracia que supone enterarse y debatir”, abundó.

La abogada colombiana agregó que a los jueces, al ser la última barrera de contención contra la arbitrariedad, es necesario entrenarlos y sensibilizarlos sobre estas situaciones: “enseñarles herramientas para defender la libertad de expresión, contra temas como la censura indirecta, que son temas difíciles de controlar que exigen probatoria especializada pero que se aprende y hay casos extraordinarios” en Argentina y Costa Rica.

“Es muy difícil probar que una periodista fue despedida porque por ejemplo le molestaba al gobierno pero existe una manera de demostrar esa desviación de poder, hay que valorar las pruebas, hay que saber y encontrarlas y hay que tener una mirada para ver eso que se llama censura indirecta o en otras ramas del derecho se llama desviación del poder”, manifestó.

Dijo que no hay una tendencia única. Puso como ejemplo lo que ocurre en Brasil, que “en este momento tiene cifras muy altas de agresiones contra periodistas, algo que no pasaba hace unos años, sobre todo en estados alejados del centro o en la triple frontera que está dominada por el tráfico ilegal, incluso cifras de asesinatos muy graves”.

En los casos de Venezuela y Ecuador indicó que “hay una especie de degradación del estado de derecho consciente (…) ellos saben lo que están haciendo, crean leyes de comunicación hechas para generar censura es muy parecida a una ley del presidente húngaro que es de extrema derecha”.

Detalló que en tanto en Venezuela se intenta “patentar el lenguaje, como el 30 S, 30 de septiembre de 2010, el presidente de Venezuela (Nicolás Maduro) sostiene que hubo un intento de golpe de Estado; él busca patentar el lenguaje”; pero además busca tener control de derechos de autor de las imágenes de los funcionarios públicos, “cuando alguien utiliza la imagen del presidente por ejemplo que habla todos los sábados (…) lo demandan por derechos de autor y sostienen que es propiedad de la televisión pública”. Destacó que también hay “demandas contra caricaturistas, contra periodistas o tomadores de opinión, que dicen cosas con las que el gobierno no está de acuerdo (…) no tienes forma de ganar una demanda en Venezuela o Ecuador, todo el aparato judicial está coptado”.

Colombia y el acuerdo de paz

Catalina Botero también comentó sobre el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de su país y las FARC: “es un proceso histórico, después de más de 50 años existe posibilidad de construir la reconciliación, la firma del acuerdo y el plebiscito por sí mismas no nos van a llevar a la paz, es un país dividido, un país adolorido con muchas heridas, con mucha rabia y odios, es el camino para reconciliarnos, para entender que todos cabemos, la mejor forma de hacerlo es tratar de cesar la violencia.”

Detalló que a raíz del cese al fuego “estos cuatro años se ha visto una disminución vertiginosa de la violencia las cifras cayeron”, pero “falta mucho porque la reconciliación no se consigue con el plebiscito”, aunque éste es un paso muy importante.

Informó que “las encuestas muestran que el ‘sí’ tiene una mayoría importante pero en Colombia cualquier cosa puede pasar“, y consideró importante “dialogar con los que dicen que ‘no’, el intercambio de ideas es importante para cambiar el punto de vista.”

Y explicó por qué está a favor del ‘sí’ a los acuerdos de paz:  “visto el acuerdo en su conjunto y evaluando lo que pasaría entre el sí y el no, yo creo que la conclusión razonable es sí, si no volveríamos a la confrontación armada, a la violencia. No entiendo cómo puedes mantener a más de 6 mil hombres sin delinquir, creo que eso no es posible“.

Destacó que los generales que estuvieron a cargo de la negociación lograron “el mejor acuerdo”, contrario a la renegociación que proponen los que están por el no, “no es factible”.

Después del acuerdo, dijo que es importante cristalizar lo que se firmó: la reparación de víctimas, “las personas tienen derecho a regresar a sus lugares de origen a saber dónde están sus hijos desaparecidos (…) yo creo que lo segundo es llevar al Estado a las regiones abandonadas de Colombia, más seguridad, más servicios, más prestaciones, lo tercero es reconciliarnos entre todos“.

Botero resaltó que los dos grandes temas polémicos son el llevar a la justicia a todas las personas que en marco de la guerrilla cometieron crímenes y la elegibilidad de ex integrantes de las FARC. Ambos, “son los elementos de división, a mí me gustaría que todas las personas que cometieron crímenes internacionales pasen un buen tiempo en la cárcel, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, masivos, sistemáticos, secuestros, desapariciones forzadas (…) eso no va a pasar y no va a pasar porque estamos en un acuerdo de negociación“.

Apuntó que si se aprueba en el plebiscito lo que dice el acuerdo, quedará establecido que “quienes hayan cometido esos crímenes van a tener que someterse a un tribunal, ellos sostenían en su retórica inicial que ellos no han cometido  crímenes, que estaban en una gesta revolucionaria y que en todo caso había daños colaterales. Si gana el sí se crea el tribunal y ahora hay que crear las normas que crean el tribunal”.

Expuso que “para las FARC no fue fácil reconocer que cometieron crímenes y no era parte de su plan inicial reconocerlo, hoy lo aceptan, ¿qué nos piden a los colombianos?, que las penas sean de 5 a 8 años, con restricción efectiva de la libertad”.

Pero la constitucionalista aclaró que para quienes no digan la verdad sí habrá cárcel: “si no dices la verdad durante el proceso pero antes de que se dicte la sentencia dices la verdad, tienes una sentencia de 5  8 años de cárcel, ahí sí hay cárcel. Si no dices la verdad y te condenan entonces las penas pueden llegar hasta 20 años de cárcel”.



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