“Es posible pedir nulidad”: obispo Felipe Arizmendi
El obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi, afirmó este domingo que si las elecciones federales del pasado 1 de julio estuvieron viciadas "y esto puede probarse", los tribunales deben proceder. En las campañas “se regaló mucho y se intentó convencer a la gente con dádivas y dinero", dice.
Felipe Arizmendi, obispo de San Cristobal de las Casas, Chiapas. FOTO: Cuartoscuro

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chis.- El obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi, afirmó este domingo que si las elecciones federales del pasado 1 de julio estuvieron viciadas y esto puede probarse, los tribunales deben proceder.

“Si se tienen pruebas jurídicamente válidas y realmente comprobables de que las elecciones pasadas estuvieron gravemente viciadas, y que por tanto es posible pedir su nulidad, los tribunales deben de proceder conforme a derecho procurando siempre la verdad, que es un cimiento fundamental de la justicia y de la paz”.

Agregó que “expresar libremente una inconformidad por actos cometidos por la autoridad en forma indebida es un derecho humano, reconocido por nuestras leyes”.

Todos gastaron

Arizmendi señaló  que “se puede afirmar con toda certeza que  (durante el proceso electoral) hubo dispendio de dinero y recursos de los diferente partidos, unos más que otros”.

Subrayó que “se regaló mucho y se intentó convencer a la gente  con dádivas y dinero es obvio”, aunque aclaró que “de ahí a afirmar que con eso se comrpó el voto de los ciudadanos como si fuera una extorsión, un engaño o compra fraudulenta o violenta es difícil comprobarlo”.

Arizmendi sostuvo que “es un deber denunciar las injusticias contra los pobres y marginados”, pues “callar es hacerse cómplice de arbitrariedades y consentir que se sigan cometiendo”.

También dijo que no debe “no debe de haber colisión de derechos” y que “si se protesta contra una decisión de la autoridad civil, ante ella hay que manifestarse, no ante personas totalmente ajenas a la causa de la protesta”.

Abundó que “se deben respetar derechos de terceros; por ello, es injusto bloquear carreteras y afectar a cientos y miles de ciudadanos que nada tienen que ver en el asunto, y que por esos bloqueos algunos enfermos no lleguen a ser atendidos, con peligro para su vida, o alguien no acuda a una cita judicial y lo refundan en la cárcel siendo inocente”.

(Con información de La Jornada)



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