La farsa del “nuevo modelo educativo” (Parte II)
"El Estado mexicano se desentiende de la educación en todos sus niveles", afirma Carlos Herrera de la Fuente en su artículo.
Foto: Moisés Pablo/ Archivo Cuartoscuro

Por Carlos Herrera de la Fuente

Si existe un lema que englobe toda la falsedad del mal llamado “nuevo modelo educativo”, éste es, sin duda, el de “la escuela al centro”. La única forma de darle credibilidad a este eslogan sería agregar de inmediato: “…pero la educación a la esquina”. Porque lo que sucede con la propuesta de la SEP es que la supuesta centralidad de la unidad educativa, la escuela, únicamente esconde el desplazamiento radical de la educación de los intereses del Estado. El “Nuevo modelo educativo 2016” es la forma estructurada en la que el Estado mexicano se desentiende de la educación en todos sus niveles. En primer lugar, como se expuso en la entrega anterior, en su nivel conceptual e ideológico, lo que no es algo menor, ya que el derecho a la educación está garantizado por el artículo 3° constitucional, que en su formulación actual establece un ideal formativo, promotor de valores democráticos, humanistas, laicos, etc., que el Estado está obligado a inculcar en la niñez y en la juventud mexicana. Lejos de ello, el actual modelo educativo propone un tipo de educación con contenidos diluidos, centrado en la formación de individuos “flexibles” y adaptables a las necesidades de la “economía global”, la cual, por cierto, sabe muy poco de democracia y humanismo.

Ahora bien, más allá de este fundamento ideológico (que, se insiste, no es menor), en la práctica, el proceso de descentralización educativa parte de dos grandes pilares: la descentralización económico-presupuestal y la descentralización político-administrativa. El análisis de estos dos momentos nos revelará el contenido concreto de la propuesta en su conjunto, ratificando así la idea esbozada en el artículo precedente de que el centro de esta nueva propuesta no es ni la escuela ni la educación, sino el mercado y los empresarios.

2. Descentralización económica de la educación. Los empresarios al centro

Puesto que la Constitución mandata al Estado, en todos sus niveles (federación, estados, Ciudad de México y municipios), impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de carácter gratuito, su financiamiento proviene, evidentemente, de los recursos económicos que el Estado obtiene a través de la recaudación fiscal y otros mecanismos, los cuales son asignados por el Congreso de la Unión al rubro específico mediante la aprobación del gasto presupuestal. Esto quiere decir que el Estado no actúa como un “agente externo” que financia la educación pública y gratuita del país, sino que son los mismos ciudadanos mexicanos, por medio de sus impuestos, los que pagan la educación de sus hijos, sin que nadie les regale nada.

Actualmente, México dedica alrededor del 5.2% de su gasto público a la educación, lo cual, aparentemente, representa una cifra elevada (una de las más altas de la OCDE). No obstante, vistas las cosas más de cerca, puesto que desde los años 80 el gasto público total de la nación ha decrecido constantemente, la cifra, medida en términos de “inversión educativa” por estudiante, está muy por debajo del promedio de la OCDE. Así, “en 2012 México gastó 2,600 dólares por estudiante de primaria, lejos de los 8,200 dólares del promedio de la OCDE. Estas diferencias se mantienen en las instituciones secundarias, con 3,000 dólares frente a los 9,500 de media, y en las de educación superior, con 8,100 dólares cuando el promedio se sitúa en 15,000” (“México, el más ‘tacaño’ de la OCDE en inversión educativa”, Expansión, 24/11/2015).

Estas tristes cifras se complementan con otra que nos da cuenta del poco interés del Estado en la educación: apenas 2.5% del gasto en educación pública se dedica a mejoramiento de infraestructura. Esto es muy grave, ya que en este rubro la situación es crítica, según lo revelan cifras del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (Cemabe) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): “11.5% de las escuelas de nivel básico no cuentan con baños, y de ese porcentaje 47.1% no tiene drenaje, mientras que 25.7% están construidos con materiales precarios. (…) En algunos lugares como Chiapas, Guerrero y Oaxaca la ausencia de sanitarios funcionales aumenta a casi 50%. A nivel nacional, 31% de las escuelas no tiene agua corriente y 46% no cuenta con los servicios de drenaje básicos; en Oaxaca, estas cifras ascienden a 60 y 82%, respectivamente”. Por si fuera poco, “7% de los planteles en el territorio nacional no cuenta con un pizarrón, 10% no tiene electricidad, 36% no gozan de alguna área deportiva y 94% no puede acceder a un laboratorio” (“10 claves para entender los bonos educativos”, Nayeli Meza Orozco, Forbes México, 23/11/2015).

Ya desde 1997, para enfrentar la situación catastrófica en infraestructura, el gobierno federal creó el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el cual es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos. Con él, desde una perspectiva descentralizada, se pretendía hacer frente a los rezagos estatales en infraestructura física de la educación básica y superior. No obstante, como queda claro por las cifras presentadas, dicho fondo fue insuficiente para resolver los problemas relacionados con este rubro. Por todo ello, el actual modelo educativo introduce un nuevo tipo de financiamiento descentralizado con la finalidad de “rehabilitar aproximadamente 35 mil escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior en todo el país”, a través de la recaudación de “más de 50 mil millones de pesos sin tener que recurrir a deuda pública” (Nuevo modelo educativo 2016, p. 31.). Éste es el programa que se conoce como “Escuelas al CIEN”. ¿En qué consiste dicho programa? ¿En realidad no implica ninguna deuda pública?

CIEN es un acrónimo de Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, esto es, un tipo de certificados bursátiles fiduciarios que se colocan en la Bolsa Mexicana de Valores para su cotización. Para financiar la nueva infraestructura educativa, el Estado creó este bono de deuda que será emitido y distribuido por un fideicomiso diseñado por empresarios y “administrado por la iniciativa privada a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, SA de CV, encargada del ‘fideicomiso de emisión’ y Banco Invex encargado del ‘fideicomiso de distribución’” (Lev Moujahid, “Escuelas al CIEN: hipotecar presupuesto y patrimonio educativo”, Contralínea, 16/II/2016).

Puesto que el fideicomiso es administrado por la iniciativa privada, el gobierno federal sostiene que no se puede hablar de una deuda pública. Sin embargo, los recursos con los que se pagará la deuda adquirida por el fideicomiso tras la colocación de los certificados provendrán del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), es decir, de los recursos destinados por la federación a los estados. De esta manera, el fideicomiso emitirá y distribuirá los certificados en la Bolsa de Valores, en donde serán adquiridos por inversionistas, a los que, después de un plazo determinado, se les pagará el precio del certificado más una tasa de interés. “Los resultados de la [primera] subasta de los CIEN arrojaron una de tasa de interés fija de 8% anual, cuyos principales compradores fueron las Afores y los Fondos de Inversión” (Gabriel Cadena, “Escuelas al CIEN: Sobre la colocación de los certificados y lo que está por venir”, Nexos, 9/XII/2015).

En conclusión, con los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, el Estado se desentiende de la inversión en educación, dejándoles a los inversionistas privados la administración de ese “negocio”, el cual, por si fuera poco, les rendirá muy buenos frutos. “Aunque no se utiliza la palabra ‘deuda’, la operación de ‘Escuelas al CIEN’ obliga a los estados a hipotecar por 25 años sus recursos para infraestructura educativa a Banco Invex, quizás la financiera más grande de América, misma que respalda las tarjetas crediticias de los principales bancos que operan en México y de otras empresas, tales como Volaris y la cadena de tiendas departamentales Liverpool. No hay duda: adquirir certificados de infraestructura es endeudamiento y sumirá más al país en su larga trayectoria de desfalcos que sólo han beneficiado a la corrupta élite política” (Lev Moujahid, ídem).

3. Descentralización administrativa de la educación. El mercado al centro

El otro punto del “nuevo modelo educativo” con el que se consolida el proceso de descentralización de la educación es el de la “autonomía de gestión escolar”. Este tema se aborda en la sección correspondiente a “La gobernanza del sistema educativo”. Al igual que en la justificación ideológica de todo el proyecto, aquí se insiste en el carácter vertical y centralizado del antiguo modelo de educación, por lo que el objetivo es promover un “cambio cultural” que contribuya a la construcción de un sistema horizontal y descentralizado, con la finalidad de “democratizar” la administración escolar. Para ello, se fomenta la colaboración estrecha entre los Consejos Técnicos Escolares (conformados por el director y los docentes de los plantes) y los padres de familia, a los que el modelo pretende asignar un rol más activo.

El espacio para coordinar dicha relación es el Consejo Escolar de Participación, en el que colaboran autoridades escolares, padres de familia y miembros de la “sociedad civil” (sin especificar más a quién se refieren). Lo paradójico de esta organización, como lo indica Lucía Rivera, es que, en lugar de promover una relación más democrática y libre entre sus miembros, “introduce cambios de orden jurisdiccional para ejercer mayor control” sobre las actividades escolares (Lucía Rivero, “Autonomía de gestión de las escuelas: la ilusión del poder de decisión”, Nexos, 13/I/2016).

Así, la función de los Consejos Técnicos queda definida por la llamada “Ruta de Mejora”, un instrumento por medio del cual las escuelas planean sus actividades, evalúan las deficiencias académicas y definen los objetivos a alcanzar en cada ciclo escolar. Ahora bien, tanto la evaluación como la definición de los objetivos académicos están sujetas a lo establecido en los contenidos curriculares planeados por la SEP, los cuales, como lo explicamos en la entrega anterior, parten del principio de que existen “conocimientos claves” o mínimos, desde los cuales se mide el “progreso” académico de los alumnos. De esta manera, al sujetarse a ese rígido esquema, los Consejos Técnicos se ven obligados a “reducir la escolarización y el currículo nacional a la adquisición de contenidos instrumentales, los mismos que miden las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales: lectura, escritura, matemáticas y ahora la denominada sana convivencia” (Lucía Rivera, ídem).

Por su lado, según lo aclara el documento de la SEP, “los padres de familia tienen un importante papel en la gestión escolar: participan en la toma de decisiones y cumplen una función de contraloría social. Tienen incidencia en cómo se usan los recursos que reciben los planteles a través de algunos programas, así sea para reparaciones menores o para adquirir materiales educativos. Una vez tomada una determinación, los padres contribuyen a la transparencia y a la rendición de cuentas” (Nuevo Modelo Educativo 2016, p. 80).

Sin embargo, en términos reales, los padres de familia tienen poca incidencia en la definición del empleo de los recursos económicos que se obtienen a través de programas como “Escuelas al CIEN”, ya que el organismo que decide los criterios de aplicabilidad de éstos es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INFED), el cual, por si fuera poco, cuenta con la atribución de “celebrar acuerdos y convenios con Asociaciones Civiles, Fundaciones, Patronatos y/o Instituciones Educativas, a efecto de sumar esfuerzos y colaborar en el incremente de planteles educativos a beneficiar” (Programa Escuelas al CIEN, “Normatividad, Disposiciones y Guía Operativa”, 15., p. 28).

Aquí es donde aparece, finalmente, la definición de los miembros de la llamada “sociedad civil”. No se trata, claro, de organismos independientes sin fines de lucro, interesados en colaborar con las escuelas para mejorar los planteles y las actividades académicas, sino de fundaciones, patronatos, etc., que brindan servicios a cambio de una remuneración económica.

Este punto no es menor. Ha habido casos de contratos escandalosos entre instituciones educativas, fundaciones y empresas que en nada han contribuido al desarrollo y mejora de los servicios escolares. Un botón de muestra: el caso de la Fundación Proacceso y la empresa Enova en el Estado de México, las cuales recibieron durante “seis años donativos oficiales por mil 700 millones de pesos, a cambio de la promesa de mejorar los niveles de educación primaria entre los alumnos mexiquenses”, sin que se hiciera nunca una auditoría al respecto ni se tuviera un recuento claro de los beneficios recibidos. Este caso fue denunciado por Andrés Lajous y Paris Martínez (Nexos, “El gobierno federal y el Edomex donan mil 700 millones de pesos a una fundación y a una empresa, sin pedirles cuentas”, 7/VII/2015).

Por todo lo dicho, queda completamente claro que el verdadero centro del “nuevo modelo educativo” no es, bajo ninguna perspectiva, la escuela, sino los empresarios y el mercado (representado por la “sociedad civil”). Esto quedará ratificado en la última entrega de esta serie, cuando se analice lo que corresponde al sector docente, probablemente, el más maltratado por este infame sistema educativo.



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