opinión*
Sistema público de salud, a punto de colapsarse
por Araceli Damián
Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

El sistema público de salud está a punto de colapsarse, la sobresaturación en la atención médica y hospitalaria se debe a una deliberada estrategia por menguar los servicios públicamente proveídos y a un abandono de las instituciones de seguridad social bajo el argumento de la falta de recursos. A ello debe agregarse que ha existido un sistemático robo y desviación de recursos realizado por diversos actores.

En primer lugar, están los gobiernos de los estados. Éstos reciben recursos federales, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) para que otorguen servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social. De acuerdo al informe de fiscalización de la Cuenta Pública, 2016, referente al FASSA, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, se constata una práctica masiva y sistemática de irregularidades en la gestión de dichos recursos por parte de los estados.

Por ejemplo, en el caso del gobierno de Chiapas, la ASF identificó pagos con recursos del FASSA a servidores públicos que no acreditaban el perfil académico correspondiente, es decir, en plazas para personal de enfermería, médicos generales o especialistas, se contrataron personas sin acreditar la finalización de estudios o con profesiones distintas a las médicas, lo que vulnera el derecho de los ciudadanos sin seguridad social a recibir atención adecuada a su salud. También los directivos de los hospitales públicos de la entidad se otorgaron bonos, que no cumplieron con la normativa, por más de 95 millones de pesos.

Los trabajadores de salud y el personal médico de los estados son doblemente estafados. La ASF identificó que el gobierno de Chiapas no pagó, en 2016, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un monto por 466 millones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores de la nómina financiada con recursos del FASSA. Es decir, les descontó a los trabajadores, pero no transfirió los recursos al servicio tributario, lo que constituye un delito fiscal. De igual forma, el estado retuvo a los trabajadores las cuotas y aportaciones al ISSSTE y al SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) y no se acreditó que se hayan pagado al Instituto, ni tampoco que se hayan integrado los fondos a sus cuentas individuales, dicha irregularidad asciende a más de 118 millones.
Anomalías similares fueron detectadas en diversos estados de la república, de las cuales enumeraré algunas de las más significativas. El gobierno de Veracruz presentó, en 2016, irregularidades por 754 millones, la mayoría consiste en transferencias del FASSA a otras cuentas bancarias, lo que muestra que no sólo la administración de Javier Duarte era corrupta, sino también la de Yunes.

En Guerrero no se enteraron 600 millones de pesos al SAT, ni 211 millones a las cuentas del ISSSTE y FOVISSSTE; en Oaxaca hubo anomalías y desvíos por 572 millones de pesos no enterados al SAT y otros 181 millones de pesos no fueron abonados como cuotas de los trabajadores al ISSSTE, al SAR y al FOVISSSTE, en Sinaloa 144 millones de pesos retenidos de los trabajadores de salud no fueron pagados al SAT.

Otros estados con irregularidades son Aguascalientes, Campeche, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Lo anterior muestra las enormes irregularidades cometidas por años con el presupuesto público, que han afectado los servicios de salud y seguridad social. Pero esta situación no es privativa de los gobiernos de los estados, también los empresarios cometen delitos fiscales que vulneran el derecho de los trabajadores a la salud, y en general a la seguridad social.

Hace unos días, Mikel Arriola, director del IMSS anunció que, en el último año, su recaudación se incrementó en 4 mil millones de pesos debido, sobre todo, a las auditorías practicadas a las empresas. De acuerdo con sus declaraciones (1), el año pasado se logró incrementar la recaudación gracias a la participación del Servicio de Administración Tributaria, lo que permitió que se llevaran a cabo auditorías a algunas empresas, no a todas. De esta forma, se pudo comparar el nivel de ingreso reportado por la empresa para el pago de ISR contra las cuotas entregadas al Instituto.

Con estas auditorías se constató algo que todos sabíamos, pero que el gobierno se había negado a corroborar, que las empresas pagan cuotas al IMSS que corresponden a salarios inferiores a los que realmente reciben sus trabajadores. Con ello, no sólo cometen delitos fiscales, sino que violan los artículos 2, 4 y 123 de la Constitución mexicana, en los que se consagra el derecho de todos los mexicanos al disfrute de los servicios de salud y de seguridad social.

Todas estas acciones van en perjuicio del patrimonio de los trabajadores, que tienen que sortear su vida con servicios de salud de mala calidad, pero además con pensiones y jubilaciones mucho más bajas a las que en realidad tienen derecho. No podemos aceptar que el gobierno se quede de manos cruzadas ante este panorama de masivas irregularidades y malversación de fondos. Los responsables de ello deben responder ante la ley, incluyendo a funcionarios públicos y empresarios; estos últimos deben pagar su deuda histórica con los trabajadores.

*) Sistematización de la información: Guillermo Jiménez Melgarejo
1) Véase: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/11/imss-aumento-recaudacion-en-4-mil-mdp#

Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.


*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.
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  1. Privatización del IMSS “es una mentira”: Mikel Arriola
    agosto 9, 2017 4:11 pm
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