opinión
“Abusar de lo público: Enova-Proacceso en su contexto”, artículo de Miguel Pulido
Alegatos por Miguel Pulido

Enova y Proacceso (la primera una empresa, la segunda una fundación) son una buena muestra de nuestra vida política y de la forma en la que el gobierno asigna el presupuesto.

Un grupo de jóvenes autodefinidos como emprendedores encabeza un proyecto sumamente lucrativo que en cualquier democracia consolidada (o en una sociedad con mínimas bases de ética pública) sería un escándalo. Pero ya sabemos cómo funcionan las cosas en México, y en especial con este gobierno. Basta recordar que a los periodistas que hacen su trabajo y revelan conflictos de interés los despiden, mientras que en otros países suelen premiarlos. El mundo al revés.

La mancuerna Enova-Proacceso ha recibido, en tan solo 6 años, mil 700 millones de pesos del presupuesto público. Las fechas, conceptos y modalidades de entrega han sido descritos con fino detalle por Andrés Lajous y Paris Martínez, en sendos artículos publicados en Nexos y Animal Político.

Lo que inició como un contrato de consultoría para remodelar una página de internet ha dado pie a una empresa que, en palabras de sus socios, gracias a la “visión y el voto de confianza del gobierno del Estado de México” (de Enrique Peña Nieto) pasó en dos años de 3 socios a 74 empleados, con crecimientos en facturación de más de 500%, entre 2008 y 2010.

Por su parte, la fundación Proacceso, con apenas 4 años de existencia, se convirtió (según datos de la Secretaría de Hacienda) en la sexta entidad no lucrativa en recibir más donativos en efectivo en todo el país. Por cierto, prácticamente todos de gobierno.

Después de consultar 136 fuentes disponibles en internet (entre otras, documentos oficiales, páginas de premios y/o reconocimientos, videos y fuentes periodísticas), publiqué en este mismo espacio que –en mi opinión- esta forma de actuar coincide con lo que la teoría conoce como “fraude a la ley”. En reacción a diversas notas periodísticas de Aristegui Noticias y a mi columna de opinión, Aleph Molinari envió una carta a esta redacción en la que –a grandes rasgos- sostiene la pertinencia del proyecto que encabeza, los resultados que ha obtenido y que la relación con Enova –si bien es estratégica- no es distinta a la de cualquier otro proveedor de servicios.

Dado que no es cualquier cosa lo que está en juego, a continuación comparto 5 aspectos que pueden dar mejor contexto:

1. Una vez más se trata del círculo cercano al Presidente.

En mi opinión, no pueden obviarse los nombres y las redes. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está sumido en la mayor crisis de legitimidad que haya tenido un gobierno en los últimos 30 años. No es gratuito que la prensa internacional (New York Times, Wall Street Journal, The Economist o el País) se divierta describiendo los conflictos de interés, los atípicos contratos que ganan los amigos del Presidente –esos que dijo que no tenía- o los exóticos esquemas de financiamiento inmobiliario de los miembros del gabinete. La amistad del presidente Peña Nieto y el padre de uno de los socios de Enova es pública y ha sido ampliamente documentada por la prensa. Por otra parte, las instituciones que han asignado donaciones o contratos a Proacceso y Enova están –demostrablemente- relacionadas con los gobiernos de Peña (como Gobernador o Presidente) o personajes mexiquenses (como Eruviel Ávila o la comisión de presupuestos en la Cámara de Diputados).

2. Se trata de un caso de interés público.

Lo que está a discusión es un asunto público de punta a rabo y la sociedad tiene derecho a saber y opinar libremente de él. Desde 2001 el marco jurídico mexicano establece que: toda la información de cualquier persona que por cualquier motivo reciba recursos públicos es pública. Este principio alcanzó, a partir de 2014, rango constitucional. ¿Qué significa esto? Que desde la perspectiva constitucional y legal, todas las facturas, las relaciones de nómina, los comprobantes de cumplimiento de obligaciones patronales (IMSS, Infonavit), los estados de resultados, el tipo de relaciones contractuales y cualquier gestión patrimonial o administrativa de la fundación Proacceso puede ser conocida por las personas que así lo deseen. En síntesis, si usted quisiera, la Constitución y la Ley le dan derecho a conocer básicamente todo lo que haga o deje de hacer Proacceso y su relación con Enova.

3. Las donaciones a Proacceso incrementan en contextos de recortes.

Son muchas las instancias que deben serias explicaciones sobre los incrementos extraordinarios a las donaciones a Proacceso. Primero, porque es tan atípico que raya en lo exótico que el Estado mexicano busque cumplir sus obligaciones constitucionales por la vía de intermediarios y bajo un esquema de donaciones. Además, porque mientras Proacceso recibe incrementos que lo hacen pasar de montos de 56 a 200 millones, o sus contratos hablan de gestionar 1,500 millones de pesos, el Canal 22 está por ajustar al 50% sus producciones por falta de fondos. Otro dato, Alejandra Ibarra documentó, en un artículo publicado en marzo de 2015, los recortes durante los últimos 7 años al Conacyt y la falta de racionalidad de los mismos. ¿Cómo se explica que en los mismos años que muchos jóvenes veían disminuidas o canceladas sus becas de maestría o que la comunidad científica se quejaba de recortes a la investigación, Proacceso recibía 4 veces más fondos que el año anterior? ¿Quién va a explicar por qué se recorta a Conaculta, las ciudades patrimonio de la humanidad, el INBA o Radio Educación, mientras se multiplican las donaciones para Proacceso?

4. El Poder Legislativo está fiscalizando el caso.

El pasado 5 de agosto el caso dio un giro. Los datos sobre la evolución patrimonial y el modus operandi de ambas instituciones (Proacceso y Enova) ha llamado la atención del Congreso de la Unión. Autoridades del Estado de México y del Gobierno Federal deberán informar a más tardar el próximo jueves a diputados y senadores, sobre el origen, destino y gestión de dichos fondos.

5. Existen antecedentes de castigo al uso irregular de donaciones públicas.

En 2006, la Suprema Corte determinó que cuando asociaciones sin fines de lucro ejercen presupuesto público están sujetas a la fiscalización y posterior sanción de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Corte ha considerado también, a propósito de la subrogación de servicios o de la nueva definición de actos de autoridad, que es extraordinariamente delicado recibir recursos públicos y realizar actividades que corresponden al Estado. Ambas conductas, de acuerdo a la carta pública de Molinari, suceden con la Fundación Proacceso.

A propósito de precedentes, en el caso de Jorge Serrano Limón, y su fundación Provida, las autoridades de fiscalización y el Poder Judicial fueron contundentes. Se le castigó por: duplicidad de domicilio fiscal entre la fundación que recibió el donativo y proveedores de servicios; por la compra de plumas Mont Blanc; y por las facturas de unas famosas tangas. Serrano Limón recibió en su momento un donativo de 30 millones de pesos y fue condenado a pagar más de 13 millones de pesos de multa, además de ser inhabilitado por 15 años para recibir fondos públicos o trabajar en el servicio público. Los casi mil millones de pesos que ha recibido Proacceso bien merecen estudiar el caso con detenimiento y seriedad.

En fin. El caso hoy forma parte del dominio público y Proacceso ha usado el nombre del CEMEFI o de instituciones como Ashoka para justificar la legitimidad de su proceder. Es cierto, cuentan con una amplia red de relaciones públicas que incluye a Endeavor, entre otras instituciones que los han premiado y reconocido, aspecto que estoy documentando y sobre el que escribiré más adelante. Por otra parte, no puedo obviar que tristemente el caso involucra tangencialmente a todas y todos los empleados de ambas instituciones, de quienes no tengo duda alguna se desempeñan con el mayor profesionalismo y entrega. Pero ese no es el fondo del asunto, tampoco la pertinencia de una estrategia pública de inclusión digital. El caso se limita al derecho a opinar libre y críticamente sobre lo que se hace con nuestros impuestos y a saber si, como lo ha dicho la Corte, las fundaciones privadas que reciben recursos públicos respetan como cualquier servidor público, la obligación de ejercer ese dinero con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, como lo señala la Constitución. O, en caso contrario, si quedan sujetos a sanciones para corregir cualquier desviación del gasto público.

Se trata, me parece, de entender el caso Enova-Proacceso en todo su contexto.

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

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