El día en que Oaxaca se rebeló (Videos)
Este martes, cientos de maestros marcharon para conmemorar los diez años del desalojo ocurrido en el corazón de la capital del estado.
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Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

Era la madrugada del 14 de junio de 2006. Aún no amanecía, cuando la Policía Estatal recibió la orden del gobernador Ulises Ruiz, de desalojar el plantón de los maestros en el Zócalo, la Alameda y calles aledañas en el corazón de Oaxaca.

La acción que resultó fallida dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuya principal bandera fue la destitución del mandatario estatal, lo cual no ocurrió pero se desencadenó una profunda crisis social.

Aquel día en que una parte de la sociedad oaxqueña se rebeló, la policía ocupó la plaza durante tres horas y media, pero los maestros se reagruparon y volvieron al Zócalo. Obligaron a la policía a salir corriendo.

El saldo del fallido operativo, según el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue de 143 personas lesionadas; 102 policías, 30 maestros, un estudiante, 10 civiles y ocho rehenes.

A una década de distancia, los maestros disidentes siguen siendo acorralados por el gobierno; el fin de semana pasado, dos dirigentes del magisterio oaxaqueño fueron detenidos y acusados de lavado de dinero y robo.

La Comisión de la Verdad (CVO) investigó lo ocurrido durante el conflicto magisterial en Oaxaca; se reproduce un fragmento de su informe:

A partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del Gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que conformarían a la postre el movimiento social. El objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Se demandó se le sometiera a juicio político y se decretara la desaparición de poderes. El movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones. Ante dicha estrategia del movimiento social, el Gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales, decantándose en mayor medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada.

La CVO pudo registrar que las autoridades instrumentaron diversos operativos. Primero entre la coordinación de las instituciones de seguridad estatales, y después mediante la coordinación entre instituciones estatales y federales. Esto último, tras la aprobación de la intervención de la PFP en Oaxaca el 28 de octubre de 2006. Los operativos fueron los siguientes: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007). Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias.

El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.

A casi diez años de los hechos ocurridos en 2006 y 2007, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al Gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social. Asimismo, se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que lo recibieron bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.

Aparte de emplear mecanismos de represión física, psicológica y técnica contra los medios comunitarios y alternativos, el aparato estatal utilizó técnicas de contrainformación, como lo fueron el portal electrónico www.oaxacaenpaz.com y la denominada Radio Ciudadana, a través de los cuales se instrumentaron estrategias de persecución, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social. Al respecto, la CVO pudo establecer, a través de testimonios, la relación directa entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como el secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, con la creación y operación ilegal de la llamada Radio Ciudadana, en la cual podrían haberse usado recursos públicos.

La CVO logró registrar que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. En 2007 fueron ejecutados tres voceadores de un diario local en el Istmo de Tehuantepec. Un número indeterminado de comunicadores de medios alternativos fueron agredidos, amenazados o coartados en su libertad de expresión e información.

A casi una década de los acontecimientos se sigue sin tener estadísticas fiables y concretas. Esta CVO presenta en sus anexos los nombres de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

Durante sus trabajos, la CVO tomó, de manera formal y exhaustiva, el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016, de los cuales el 61% fueron individuales y 39% se recopilaron en sesiones colectivas. Del total, el 38.4% se trató de víctimas directas, el 60.83% fueron testimonios o informantes y el 0.7% presuntos perpetradores. La razón del bajo porcentaje de víctimas directas posiblemente se deba a los siguientes factores: el primero es la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales actuales, la cual fue heredada por la CVO, ya que es un órgano autónomo del Gobierno del Estado de Oaxaca, el mismo que violentó sus derechos humanos. El segundo fue la presencia de la PFP, en 2015, para que pudieran celebrarse las evaluaciones de la reforma educativa rechazada por el movimiento magisterial oaxaqueño. En estos operativos policiales realizados durante los trabajos de la CVO hubo algunas detenciones y persecuciones de personas que ya habían sido víctimas en el conflicto del 2006 y 2007. La misma CVO registró en sus oficinas dos incidentes de seguridad provocados por agentes de las fuerzas federales.

Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparescencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva. En el apartado de anexos de este informe, se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

Con respecto a los casos estudiados por la CVO de los homicidios de las siguientes personas: Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado. Esto ya que responden a una forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción en varios de los casos: la selección de la persona o personas, seguimiento y vigilancia, ejecución y, por último, falta de acopio y eliminación de pruebas que conlleven a encontrar a los autores, especialmente, el material y, por ende, el intelectual.

La CVO considera que, al igual que todas las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el conflicto, la del periodista Bradley Roland Will continúa en la impunidad; sin una línea de investigación que dé como resultado el acceso a la justicia, así como a la verdad, para dar nombre y castigo tanto a los autoridades materiales como intelectuales de la misma.

Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban. El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal COMISIONADO a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información recabada por esta CVO, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional y Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca. De estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué Monteagudo hasta julio de 2015. De las 216 desapariciones, 18 pertenecen al fuero federal y se encuentran en el periodo de 2005 a julio de 2015; mientras que 198 corresponden al fuero común, registradas en el periodo de 2007 y 2015. De esas cifras, 115 son varones y 101 mujeres, la media de edad es de 27 años. Es importante que las autoridades estatales no minimicen esta problemática que ha crecido en los años recientes en todo el país. Para poder descartar que se trate de desapariciones forzadas, el Estado debe aclarar la situación de estas 216 personas.

En su testimonio dado a esta CVO, el expresidente Vicente Fox Quesada declaró la presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial efectuada el 1 de diciembre de 2006. Sin embargo, Fox Quesada asumió ante la CVO la decisión y responsabilidad del operativo efectuado, así como también explicó que esta decisión rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social. Fox Quesada consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

Se establece la responsabilidad del Senado de la República ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el estado privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.

Las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto deberían tener como consecuencia que la víctima pueda solicitar al Estado la reparación integral del daño por las responsabilidades en que incurrieron sus órganos institucionales. Sin embargo, en reparaciones económicas y simbólicas, solamente algunos han sido beneficiados; pero en el caso de la responsabilidad penal, la víctima busca la justiciabilidad de esas violaciones, y si no hay justicia de esa índole se sigue dando la impunidad, violentándose el derecho a la verdad y acceso a la justicia.

La CVO registró, a lo largo de estos diez años, dos procesos de reparación hacia las víctimas del conflicto. Uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección XXII mediante negociación con la Secretaría de Gobernación en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos, mismos que fueron destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio durante los años 2006 y 2007 en Oaxaca. Otro es el fondo gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el Gobierno estatal, por 11 millones de pesos para 64 víctimas, que presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una.
En general, ambos se desarrollaron de manera incompleta, parcializada, sin garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo cual en lugar de reparar el daño contribuyó a la división y confrontación entre víctimas, ya que estuvieron enfocados principalmente a la indemnización económica, sin considerar premisas aún más relevantes para la reparación del daño, como lo serían la investigación eficaz de los acontecimientos que vivió Oaxaca en el 2006-2007, con la publicación y difusión de la verdad sobre esos hechos, el juicio y sanción a los responsables, la realización de medidas de carácter simbólico para las víctimas y la comunidad, así como el establecimiento de medidas que garantizaran la no repetición de violaciones a derechos humanos.

La enorme mayoría de las víctimas de violación de derechos humanos que entrevistó la CVO coincide en señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no brindó justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados y a que las víctimas no han sido reparadas de manera integral. Ambas cosas fueron parte de las promesas del gobierno de la alternancia. Las víctimas señalan que se sienten engañadas, pues ha sucedido todo lo contrario, los presuntos perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones. Esta CVO considera que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto del 2006 y 2007 en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.

No hubo un real aporte para la justicia transicional durante el actual gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pese a que se creó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social y esta misma Comisión de la Verdad, ya que todo ello resultó insuficiente, debido a que estas acciones no fueron acompañadas de un proceso de depuración de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia, así como de judicialización de los perpetradores; esto ya que tanto en la Fiscalía General de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, quedaron perpetradores de derechos humanos que participaron en el conflicto del 2006 y 2007.

La CVO convocó a dar su testimonio al sector empresarial, así como a ciudadanos que se sintieron lastimados por las acciones del movimiento social. A pesar de insistir en la importancia de escuchar a todas las voces involucradas en los acontecimientos y, en especial a la ciudadanía que no tomó una posición a favor de ningún grupo, en este sector prevaleció el desdén en torno al conflicto del 2006 y 2007.

Después de 10 años de impunidad, las víctimas y la comunidad oaxaqueña han demostrado de lo que son capaces para recuperarse y sanar, así como extender sus redes de apoyo, a pesar de los obstáculos del Estado. Han demostrado que tienen muchos recursos internos y externos para sobrellevar las adversidades, para sanar, seguir desarrollándose y crecer como personas y como comunidades. Los testimonios recolectados por esta CVO revelan su resistencia para seguir adelante y no dejarse vencer.



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  1. image_311Diez años después, vuelven las barricadas a las calles de Oaxaca (Fotos)
    junio 14, 2016 11:00 am
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