Demanda PAN juicio político contra Rubén Moreira y consejeros del INE y locales
El PAN acusó complicidad entre funcionarios electorales y el gobernador de Coahuila, quien previamente fue señalado por haber influido en la designación de los consejeros.
(Foto: PAN Senado)

Senadores del Partido Acción Nacional solicitaron este miércoles 14 de junio que la Cámara de Diputados inicie un procedimiento de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, de los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, por las  “irregularidades”en el proceso electoral del pasado del 4 de junio en esa entidad.

Con el apoyo del coordinador de la bancada panista en el Senado, Fernando Herrera Ávila, el senador por Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una propuesta con punto de acuerdo en la que plantean el juicio político y también solicitan al órgano legislativo exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, en el ejercicio de sus atribuciones y en virtud de “las graves y sistemáticas violaciones cometidas durante el proceso electoral”, declare la nulidad de la elección a gobernador del estado de Coahuila.

Salazar Fernández sostiene que se trata de una elección plagada de anomalías y  acciones que implicaron la injerencia del Poder Ejecutivo estatal durante las campañas electorales como: coacción al voto a través del uso indebido de recursos públicos y programas sociales; manipulación y destrucción de paquetes electorales; robo de urnas y documentación electoral; pérdida de boletas; apertura indebida de paquetes; alteración de los contenidos de los paquetes; manipulación y alteración del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para favorecer al candidato del PRI.

 

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado informó de este asunto en el siguiente comunicado:

14 de junio de 2017.- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron hoy que la Cámara de Diputados inicie un procedimiento de juicio político en contra del gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, de los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (lEC) y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, por los actos y omisiones en que incurrieron en perjuicio de las instituciones democráticas, la libertad de sufragio y demás infracciones graves a la Constitución y las leyes federales, en las elecciones del 4 de junio en esa entidad.

Mediante una proposición con punto de acuerdo presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el senador por Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández, con el respaldo del coordinador de la bancada panista Fernando Herrera Ávila, se solicita al órgano legislativo exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, en el ejercicio de sus atribuciones y en virtud de las graves y sistemáticas violaciones cometidas durante el proceso electoral, declare la nulidad de la elección a gobernador del estado de Coahuila.

Lo anterior con el fin de reponer el proceso para que éste se realice en condiciones de equidad, certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, vicecoordinadora de la bancada de Acción Nacional, presentó otra proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se pide a la Comisión Permanente exhortar al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila a que escuche a las diversas organizaciones en torno a las irregularidades en la elección de gobernador de dicha entidad.

Salazar Fernández destacó que el de Coahuila fue un proceso electoral plagado de anomalías y de una serie de acciones que implicaron la injerencia del Poder Ejecutivo estatal durante las campañas electorales, como:

Coacción al voto a través del uso indebido de recursos públicos y programas sociales; manipulación y destrucción de paquetes electorales; robo de urnas y documentación electoral; pérdida de boletas; apertura indebida de paquetes; alteración de los contenidos de los paquetes; manipulación y alteración del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep), para favorecer al candidato del PRI.

“Se trata tan sólo de algunas de las irregularidades que merecen no sólo una revisión profunda del proceso electoral de Coahuila, sino una sanción ejemplar para quienes han puesto en riesgo a nuestras instituciones democráticas”, subrayó el legislador en el texto.

El senador panista sostuvo que en toda democracia moderna, cualquiera de las violaciones mencionadas sería causa suficiente para anular las elecciones que se han visto vulneradas.

“Por el contrario, en nuestro país la autoridad electoral local insiste en declarar que no existen elementos suficientes para invalidar esta elección. Lo anterior, hace cada vez más evidente la complicidad que existe entre los funcionarios que integran dicho órgano con la actual administración del gobernador Rubén Moreira Valdés, quien previamente fue señalado por haber influido en la designación de los consejeros del lEC, y en todo el transcurso del proceso electoral para favorecer al candidato del PRI, Miguel Riquelme”, dijo.

Aunado a lo anterior, indicó, es preciso señalar que tal como fue dado a conocer por el Partido Acción Nacional y todos los partidos de oposición en el estado de Coahuila, existen evidencias de las irregularidades que se presentaron en más del 30 por ciento de las casillas, con lo cual existen motivos suficientes para anular la elección de gobernador en dicho estado.

Por lo anterior, apuntó, resulta necesario hacer un exhorto a la máxima autoridad jurisdiccional en la materia para que, en el ejercicio de sus atribuciones y en virtud de las graves violaciones cometidas durante el proceso electoral, declare la nulidad de la elección a gobernador del estado de Coahuila, a fin de reponer el proceso, para que éste se realice en condiciones de equidad, certeza, imparcialidad, y legalidad.

Gómez del Campo, por su parte, subrayó que durante el proceso, el Instituto Electoral local, recibió críticas después de las fallas en el Programa de Resultados Preliminares y la diferencia entre el conteo rápido y el mismo avance del PREP, entre otras irregularidades.







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