opinión
“Otros que tampoco entienden que no entienden”, artículo de Miguel Pulido
Alegatos por Miguel Pulido
Foto: Archivo Cuartoscuro

El litigio entre Aristegui y MVS tuvo hace dos días un nuevo punto de inflexión. El juez que lo lleva otorgó a favor de la periodista una suspensión definitiva. Se trata de una orden que sin resolver el fondo del asunto busca reanudar el diálogo entre las partes, con la participación de un negociador. Ante el revuelo que la noticia ha causado, conviene compartir aquí algunas reflexiones. Especialmente porque desde que inició el caso algunos comunicadores se empeñan en imponer la idea de que se trata de un simple ajuste dentro de una empresa privada.

Quizá es porque ellos tampoco entienden que no entienden o, porque a pesar de su relevancia en los medios, carecen de conocimiento histórico y de capacidad análitica. No sostengo que Carmen no puede ser destituida o que un programa de radio no puede ser cancelado por una empresa. Lo que pasa es que importan, y mucho, las circunstancias y el contexto. En vista de que el caso tomará a partir de este momento altos niveles de complejidad jurídica, creo que es buen momento para explicarle a los que ignoran, lo básico.

Por ejemplo, que (a) el derecho de las personas a recibir información tiene más de 200 años de existencia. Johann Gottlieb Fichte, publicó en 1793 Reivindicación de la libertad de pensamiento y Contribución a la rectificación de las opiniones del público sobre la Revolución Francesa. Ahí señaló que es inalienable el derecho a recibir de otros todo lo que a uno le resulte adecuado para el fin de su perfeccionamiento individual. Gottlieb fue sin duda un adelantado de su tiempo. En cambio, Luis Cárdenas y anexas son unos rezagados de los nuestros.

La expectativa de volver a escuchar a Carmen no deriva de su extraordinaria conexión con un amplio segmento del público o de su dominio en términos de rating, sino (b) de los derechos de las audiencias, por lo demás, muy desarrollados por la disciplina del derecho a la información. Para que nos vayamos entendiendo, permítame poner un ejemplo: la sociedad mexicana tiene demasiados “Ciros-Gómez-Leyva”. Independientemente de si alguien está convencido (como en lo personal lo estoy) de que lo suyo no es periodismo, las personas tienen derecho a enterarse de su dicho. Sin titubeos, la libertad de expresión de Ciro es importante, pero más importante es que las personas podamos recibir mensajes como el suyo. La situación deviene en compleja porque periodismo como el de Carmen y sus colaboradores en este momento no tiene sustitutos, ni siquiera parecidos.

El rol básico de la prensa es tener una sociedad más informada del quehacer público. Pero a los autoritarios esto les incomoda. Lo que hoy vivimos se inventó hace siglos. Napoleón, por ejemplo, estaba convencido de la influencia de los periódicos y quiso convertirlos en instrumento del régimen. Les impuso un censor que los mismos periódicos debían pagar y que comúnmente era su redactor en jefe. ¿Quién iba a pensar que el “novedoso” Comité Editorial y los Lineamientos de los Vargas para MVS tienen casi tres siglos de haber sido inventados?

Para el público, la salida del programa de Aristegui no es sólo una pérdida en la pluralidad de estilos (propia del mercado), sino la defensa de ciertos formatos y contenidos (algo que importa en el derecho y la ciencia política) ¿Qué signfica esto en el contexto actual? Tomemos el caso de Carlos Marín, quien tiene derecho a escribir y a opinar –como lo hace junto con tantos otros- a favor del gobierno en turno. El derecho a divulgar cualquier idea por cualquier medio es ampliamente defendido desde hace más de 70 años por los derechos humanos. Marín merece divulgar sus ideas, es irrelevante si son propias, expresan fobias o se deben a intereses. Punto. Pero el periodismo crítico como el de los colaboradores de Aristegui es protegido con un especial interés bajo la figura del (c) derecho público de las personas a saber.

En esto tampoco hay novedad. Herbert Altschul en Las ideas detrás del periodismo estadounidense, nos cuenta que en 1924, Robert La Follette, un candidato a la presidencia de Estados Unidos defendió la crítica y el cuestionamiento al gobierno, basado en el derecho a saber, como pilar para tener un sistema democrático. 20 años después, Kent Cooper -entonces gerente general de la Associated Press- consideró a la prensa una servidora del derecho del público “a saber”. En síntesis, el periodismo revelador de Lizárraga y Huerta es protegido de forma especial desde hace más de 90 años, no como un fin en sí mismo, sino porque Usted y yo tenemos “derecho a saber”.

Pero el caso de Aristegui también se inscribe en una tendencia para (d) defender derechos frente a poderes de facto. Los más simplones han escrito que controlar judicialmente el despido de comunicadores afectará la libertad de empresa y de contratación. El Juez Silva señaló hace dos días en su suspensión definitiva que “el caso requiere un examen pormenorizado del alcance de la libertad de empresa, frente a la libertad de expresión e independencia periodística”. Una posición que revive poderosos debates sobre las tensiones entre libertad de expresión y propiedad privada.

Pero hay opiniones ligeras –como la de Ricardo Alemán, por ejemplo- que buscan desacreditar esta reflexión jurídica. Estaría bueno que leyeran lo que dos titanes mundiales del Derecho vienen advirtiendo hace mucho. Luigi Ferrajoli, preocupado por la afectación a la libertad de expresión a causa de decisiones corporativas, ha dicho que “la noción de libertad resulta minada por la ideología y la práctica neoliberal y a la vez populista de la ausencia de límites a los poderes económicos”. Por su parte, Owen Fiss, un influyente profesor de la Universidad de Yale, ha escrito que la libertad de expresión pone de manifiesto las tensiones del liberalismo, y que “es el Estado quien debe crear las condiciones que posibiliten un debate desinhibido, vigoroso y completamente abierto.” Sin rollo: la libertad de expresión requiere ciertos controles sobre los corporativos mediáticos y es razonable que sea el Poder Judicial el que los aplique.

Lo cierto es que hoy día, sin importar el resultado final del litigio, cada vez es más claro que el caso Aristegui-MVS siempre ha sido mucho más que un simple asunto de empresa. Claro está, salvo para los que no entienden que no entienden y los que no quieren entender.

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

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