Descartan privatizar el agua en la Ciudad de México
Con 82 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, el pleno de la Asamblea Constituyente aprobó el artículo 21 de la Constitución Política capitalina.
(Foto: Cuartoscuro)

El pleno de la Asamblea Constituyente aprobó este viernes el artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relacionado con el Ordenamiento Territorial, en el que establece que los servicios públicos de agua y recolección y tratamiento de desechos sólidos no podrán ser privatizados.

Aprobaron además definir la figura jurídica de la entidad encargada de la prestación de dichos servicios como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión.

Lo anterior fue votado y aceptado con 82 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, logrando así la mayoría calificada.

Previo a la reanudación de los trabajos del pleno, anoche a las 20:30 horas, la mesa de consulta, integrada por los coordinadores de las distintas fuerzas políticas, suscribieron una propuesta de nueva redacción en la que se mantuvo la disposición de que este servicio no podía ser privatizado.

En el acuerdo alcanzado por dicho órgano de concertación, se allanó además la salida al apartado sobre Derecho al agua y su saneamiento, el cual quedó pendiente la semana pasada en la discusión de Carta de Derechos, luego de que el coordinador del PRI, César Camacho, se comprometió a respaldar que en el texto, que envíe la comisión correspondiente al pleno, señale expresamente que la gestión del agua será exclusivamente pública y sin fines de lucro.

Antes, Morena en voz de su coordinador Bernardo Bátiz, advirtió que “si no se garantizaba en la Constitución que el agua no será un negocio de los particulares, nuestro partido no tiene nada que hacer aquí”.

En nombre del PRD, que en la comisión mantuvo también la postura de incluir explícitamente la prohibición de privatizar los servicios de agua, la diputada Dolores Padierna resaltó el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios en este apartado y el de Carta de derechos, en el que se determina que el agua es un bien público, social, irrenunciable y esencial para la vida.

(Con información de La Jornada)

 

 







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