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Septiembre 21, 2017 5:52 pm
Defensores de derechos humanos de 11 estados piden que Ejército salga de las calles
Denunciaron que ellos mismos han sido víctimas de abusos de las fuerzas armadas en Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Por Melva Frutos 

Reunidos en Monterrey, Nuevo León, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de once estados pidieron el retiro de los militares de las calles y que la seguridad pública se deje en manos de los estados.

“Otorgar el poder supraconstitucional a las fuerzas armadas, bajo la justificación de legalizar su actuación en funciones de seguridad pública, representa una seria amenaza a la vida democrática del país, a la paz pública y un evidente retroceso al reconocimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos”, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

En el marco del décimo encuentro de organizaciones que acompañan a personas desaparecidas —encabezadas por Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC)— las agrupaciones se expresaron contra de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles y rechazaron cualquier iniciativa de ley que permita otorgarles mayores facultades a las establecidas plenamente en la Constitución.

Argumentaron que su estadía en los asuntos de la seguridad de municipios y estados no ha disminuido la inseguridad, además señalaron que soldados y marinos han sido relacionados con graves violaciones a los derechos humanos que han quedado impunes.

Los activistas aseguraron que ellos mismos han sido víctimas de amenazas y agresiones por parte de miembros de las fuerzas armadas, principalmente en los estados de Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Consuelo Morales dijo que es una perversidad que los militares ejerzan las funciones de seguridad pública porque están formados para otros fines. “Los metieron hacer tareas de seguridad pública, los pusieron un conflicto grave y al final de cuentas, con la adrenalina y todo, pues van a hacer lo que saben hacer, van a disparar y si matan, pues nosotros los defensores de Derechos Humanos, decimos por qué mataron. Los ponemos en un conflicto”, señaló.

El secretario de la Defensa Nacional, el General, Salvador Cienfuegos declaró recientemente que los militares no estudiaron para perseguir delincuentes y que su función se está desnaturalizando y solicitó establecer un marco legal para su actuación.

Ante ello, los representantes de las organizaciones manifestaron que los riesgos en la defensa de derechos se han acrecentado desde que militares y marinos atienden la seguridad ciudadana.

“Definitivamente esa retórica y esa demagogia con la que dicen nuestros gobernantes que hay un impulso, y el propio ejército, de respeto a los Derechos Humanos, pues es evidente y palpable que no. Todos aquellos que estamos sufriendo el acoso, la amenaza y el hostigamiento, dejan en entredicho esa supuesta defensa”, declaró Miguel Ángel García, de la Asociación Esperanza Contra la Desaparición Forzada y la Impunidad.

Además reprobaron la reducción del 40 por ciento de presupuesto para la atención a víctimas del delito y de violaciones graves a derechos humanos para el 2017 en el estado de Nuevo León.

“Dicen que no hay recursos para atender a las víctimas, a sus familiares, pero por el lado contrario, todo lo que tenga que ver con seguridad pública y particularmente con las fuerzas armadas del país, ahí no hay un límite, al contrario, van a aumentar los presupuestos”, externó Raymundo Ramos.





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