“Una posible respuesta a la propuesta energética”, carta de Navarrete
En una carta, el embajador de carrera de México en varios países y en la ONU Jorge Eduardo Navarrete propone que la iniciativa debe replantearse: se devuelva al Ejecutivo o quede congelada hasta que haya una versión más profunda de la reforma al sector.
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(Foto: Archivo/ Cuartoscuro)

Jorge Eduardo Navarrete,  embajador de carrera de México en diversos países y misiones de la ONU, envió una carta en la que formula una posible respuesta sobre el futuro de la reforma energética, una vez que el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa.

El texto destaca la excesiva presencia del ex presidente Lázaro Cárdenas y el doble lenguaje del discurso presidencial en el acto del pasado lunes en la residencia oficial de Los Pinos.

A continuación, la transcripción íntegra de la misiva:

“¿Qué sigue para la propuesta de Peña Nieto?” se pregunta esta mañana la redacción de Aristegui Noticias. Responde enumerando una secuencia legislativa aún no definida, que incluye el tránsito por comisiones y otras formalidades. Más allá del procedimiento formal, pienso que, en lo sustantivo, lo que debería seguir es que la iniciativa se devolviese al Ejecutivo, o se mantuviese congelada, en tanto no se complete mínimamente. En materia de petróleo y otros carburos de hidrógeno, el complemento mínimo, indispensable—sin el cual la inciativa de reforma constitucional no se entiende o significa poco—es la iniciativa de Ley Reglamentaria.

Si algo caracteriza a la iniciativa es su proclamada obsesión cardenista: el nombre del presidente expropiador aparece dieciocho veces en las 29 páginas del texto. Se retoma en parte el texto del artículo 27 constitucional aprobado hacia el final de su gobierno. De hecho, se le copia “palabra por palabra” como si una transcripción mecánica fuese garantía de algo. ¿Por qué no se reprodujo también la parte relevante de la carta de Cárdenas a Reyes Heroles de 30 de marzo de 1968, recientemente citada por el ingeniero Cárdenas Solórzano?

Con la reforma constitucional de noviembre de 1940, mes previo a la conclusión de su mandato, don Lázaro quiso dejar establecida la prohibición de las concesiones en materia petrolera. No pudo evitar que, al año siguiente, al expedir la Ley Reglamentaria, no se respetara el espíritu nacionalista que había inspirado a la reforma constitucional aprobada dentro de su ejercicio de la Presidencia—como él mismo.

Llama la atención que la figura de “contratos de utilidad compartida”, central en el discurso, no aparezca en el texto de la iniciativa ni de la exposición de motivos. El único calificativo que se usa es “eficientes”. ¿Por qué este doble lenguaje? En estas condiciones, lo que debe seguir a la iniciativa de 12 de agosto es esperar a que se complete. Sería imprudente, por decir lo menos, otorgar la carta blanca de una reforma constitucional sin saber, bien a bien, qué sigue.





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