ONG pide amparo para sembrar y consumir mariguana
La asociación civil SMART que promueve el consumo responsable argumenta que las leyes que prohíben la cannabis violan la constitución.
Buscan legalizar mariguana en tres entidades de Estados Unidos
(Foto: Ale Ruoso/Flickr)

La organización no gubernamental SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, A.C.) tramitó amparo ante el Poder Judicial de la Federación para poder sembrar, transportar y consumir mariguana.

Con esto, SMART argumentó la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben el mercado y cultivo de la hierba.

En conferencia de prensa, Andrés Aguinaco Gómez Mont, presidente del Centro Estratégico de Impacto Social (CEIS) afirmó que prohíbir esta hierba viola los derechos humanos.

“La prohibición al consumo de marihuana viola el derecho a elegir, por lo que es necesario terminar con la política prohibicionista y, en su lugar, regular el consumo”, dijo.

Indicó que SMART es la primera organización ciudadana de autoconsumo responsable y tolerante cuyo objetivo es defender el derecho humano de libertad de elección. Indicaron que la demanda presentada el pasado 5 de julio, se realizó a efecto de solicitar el respeto y protección a los derechos humanos fundamentales de la autodeterminación de los individuos y la libre elección.

A continuación, el comunicado difundido esta tarde por la asociación civil:

LA ORGANIZACIÓN SMART PRESENTA DEMANDA DE AMPARO ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PARA SOLICITAR LA PROTECCIÓN Y RESPETO AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

El día de hoy, la asociación SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, A.C.) dio a conocer los detalles sobre la demanda de amparo que interpuso ante el Poder Judicial de la Federación, que impugna la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la siembra, transporte y consumo de marihuana.

Representantes de SMART, la primera organización ciudadana de autoconsumo responsable y tolerante cuyo objetivo es defender el derecho humano de libertad de elección, informaron que la demanda, presentada el 5 de julio pasado, se realizó a efecto de solicitar el respeto y protección a los derechos humanos fundamentales de la autodeterminación de los individuos y la libre elección.

En conferencia de prensa, Andrés Aguinaco Gómez Mont, presidente del Centro Estratégico de Impacto Social (CEIS) afirmó que “la prohibición al consumo de marihuana viola el derecho a elegir, por lo que es necesario terminar con la política prohibicionista y, en su lugar, regular el consumo”.

 En este sentido, los miembros de la organización pidieron abordar este “viejo debate” desde una óptica diferente, ya que no se trata de una cuestión de política pública sobre seguridad o violencia, sino de garantizar que los derechos humanos de todo ciudadano, que están ya plenamente reconocidos en nuestra Constitución, estén en todo momento por encima del diseño de políticas públicas específicas “orientadas a proteger al individuo de sí mismo”.

Por su parte, Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, aseguró que el Poder Judicial de la Federación “deberá definir si la prohibición del consumo de marihuana es constitucional”.

 “La libertad de elegir es un derecho humano y debe ser respetado por el Estado. Por lo tanto, consideramos que debe enfocarse la autoridad hacia la regulación de la marihuana con un enfoque exclusivo de salud pública, pero no una prohibición y mucho menos la criminalización del consumo”, agregó.

Por otra parte, Moy Schwartzman Reznick, abogado con experiencia en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y en la asociación Poder Cívico, dijo que lo que SMART busca es que esta definición se dé en el marco de un debate público “que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos – entre ellos el de la libre elección – por encima de cualquier política pública”.

Finalmente, Armando Santacruz, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, declaró que era impostergable generar la discusión de cómo proteger los derechos de libre elección y auto-determinación por parte de los juzgadores federales.  Está subyacente en todo este proceso “la necesaria conclusión de que el Estado no puede recurrir a sancionar penalmente las conductas de los gobernados que no generan impacto o daño alguno a terceros”.



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