Empresas españolas sangran a México
Un botón de muestra: la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) construyó la presa El Zapotillo, en Jalisco, que podría inundar tres pueblos milenarios.

*Fragmento del reportaje realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. El equipo de investigación fue conformado por una alianza entre Pie de Página y la Unidad de Investigación de El Universal:

En Jalisco, Abengoa y FCC, dos empresas españolas, de la mano del gobierno de México quieren desalojar a un millar de campesinos para llevar el agua de sus ríos hasta el corredor industrial de Guanajuato, aunque eso vulnere los mismos derechos humanos que dicen proteger en sus códigos de ética o en el Pacto Mundial de Responsabilidad Corporativa que ambas firmaron ante la ONU.

En Morelos, Tlaxcala y Puebla, un consorcio italo-español instaló y opera un gasoducto que atraviesa la Reserva Natural del Popocatépetl pese al riesgo explícito de erupción volcánica. Por oponerse a éste, una docena de opositores han sido judicializados. El consorcio Gasoducto Morelos lo integran la italiana Bonatti y las españolas Elecnor y Enagás. Esta última también forma parte de las 35 empresas ibéricas que forman el índice bursátil español y no solo firmó el Pacto Mundial sino que ayudó a redactar las bases de la red española del acuerdo.

En el caso de Abengoa, además, cobró 1,600 millones de pesos del gobierno mexicano sin poner una piedra y mientras se ahoga por impagos en España y México.

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Una presa inacabada, que todos pagamos

La multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) construyó la presa El Zapotillo, en Jalisco, que podría inundar tres pueblos milenarios. Los pobladores lograron detener, en 2013, la ampliación de 25 metros del proyecto, luego de obtener una suspensión de la Suprema Corte de Justicia. Cuatro años después la empresa –que fue adquirida recientemente por el magnate mexicano Carlos Slim y en 2016 obtuvo la principal concesión del aeropuerto de la Ciudad de México– sigue cobrando indemnización y mantenimiento por una obra multimillonaria que está detenida y en litigio

Investigación y redacción: Jade Ramírez Cuevas Villanueva y Majo Siscar
Foto: Héctor Guerrero
Video: Jade Ramírez Cuevas Villanueva
Infografías: Arturo Contreras Camero

TEMACAPULÍN, JALISCO.- Un cerro destazado ladera abajo y un muro de 80 metros de concreto irrumpen en el curso natural del Río Verde en Los Altos de Jalisco, creando una imagen absurda de lo que se ha convertido en uno de los proyecto transexenales más invalidados en términos jurídicos, técnicos y políticos: una represa que nunca ha tenido agua.

La cuenca del Río Verde nace en el estado vecino de Aguascalientes y riega la región de Los Altos, el granero de Jalisco, que genera el 22% del PIB del estado. En 1997, el ex presidente Ernesto Zedillo decretó la exportación de casi 120 millones de metros cúbicos de su cuenca a la del río Turbio, al corredor industrial de León, Guanajuato, a unos 140 kilómetros de aquí. Este decreto se materializó quince años después en esta mole de cemento seca que ha desencadenado una de las luchas más histriónicas de las últimas décadas en México: la Revolución del Agua de Temacapulín, una movilización de un millar de habitantes –con hijos ausentes– de tres poblados milenarios, que durante 12 años se han opuesto a la represa que los expulsaría de sus casas e inundaría 4,500 hectáreas de tierras fértiles y sus sitios de ceremonias, iglesia y panteón.

Como docenas de familias, María Félix cosecha en estas tierras chile de árbol, maíz, frijol, calabaza, cebolla, jitomate y cacahuate. Es aquí donde están enterrados sus bisabuelos y crecieron sus cuatro hijos, donde florece su patio en una casa amplia de adobe y donde forjó ese carácter que la lleva a enfrentarse a cualquier funcionario que se le ponga enfrente, sin importar el rango. “A mí me mataría que me mandaran aquí”, reclamó la mujer a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cuando le mostraron el poblado prefabricado donde los pobladores serían reubicados si la presa empieza a funcionar.

María Félix y el resto de integrantes del Comité Salvemos Temaca –que agrupa a los pobladores afectados– tienen el respaldo de una parte importante de la sociedad jalisciense, que rechaza el trasvase por afectación ambiental que implica, las violaciones a los derechos humanos y el déficit hídrico.

En medio de una disputa legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la represa seca sigue impactando las finanzas públicas de los mexicanos en beneficio de un consorcio empresarial mexico-español. Además, tiene paralizada la construcción de un acueducto –obra cedida a otra multinacional española– que llevaría el agua de esta región agrícola para el desarrollo industrial de la ciudad de León.

La historia de esta batalla comenzó en 2006, cuando la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) autorizó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la construcción de un embalse con una cortina de 80 metros de altura, una superficie de 2 mil hectáreas y un almacenamiento de 411.6 millones de metros cúbicos.

Temacapulín, Acasio y Parmalejo, tres poblados del municipio de Cañadas de Obregón que quedaban en el camino de la obra, serían inundados. Ninguno de los pueblos fue consultado, pese a que así se estipula en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales ratificados por México.

Los pobladores enviaron cartas a los ayuntamientos, organizaron marchas y plantones, impulsaron una batalla judicial para evitar ser desplazados. Su lucha se acentuó cuando Conagua licitó la construcción de una presa del doble de capacidad e impacto autorizado: 105 metros de altura, un área de embalse de 3 mil 800 hectáreas y un almacenamiento de 911 metros cúbicos. Estos cambios, que suponían la inundación y afectación definitiva de las comunidades y tierras de cultivo, se presentaron sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, incumpliendo la normativa.

Las obras se adjudican a un consorcio donde la mitad del capital lo ponen las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes –del controvertido Carlos Hank Rhon– y la otra mitad, una constructora voraz: la española Fomento de Construcciones y Contratas.

FCC es una de las 50 constructoras más grandes del mundo y la empresa que más contratos públicos recibe del Gobierno español. Forma parte de las 35 empresas que integran el IBEX, el índice bursátil de su país. Como tal ha ratificado compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos como el Pacto Mundial de la ONU sobre responsabilidad empresarial; en su código de ética, que es público, se compromete a no infringir los más altos estándares en la materia. Sin embargo, en el Zapotillo, concursó para una obra que, antes de ser adjudicada, ya tenía denuncias de vulneración de varios derechos. Y durante la construcción fue acusada de vulnerar otros.

(Leer reportaje completo)

Parte 2: El costo del nuevo bajío industrial

Parte 3: El delito de defender la tierra

Parte 4: Agua y gas bajo un volcán activo



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