Tres argumentos contra el ACTA que aprobó el Senado en 2011
En primera instancia, la comisión legislativa encargada para estudiar el acuerdo rechazó la firma de éste porque contraviene las leyes mexicanas
El Senado de la República rechazó originalmente la firma del ACTA, argumentó que no se ajustaba a la ley jurídica y constitucional mexicana. (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro)

Ante la reciente firma del gobierno mexicano del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones (ACTA, por sus siglas en inglés), destaca que en el año 2011 el Senado de la República rechazó que México se sumara a este convenio bajo tres argumentos fundamentales.

1. Los legisladores mexicanos aseguraron que el proyecto contenía diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, se podían considerar contrarias a la legislación mexicana y a algunas disposiciones constitucionales que debían ser consideradas por el Ejecutivo federal antes de aceptar el acuerdo internacional.

Precisaron que era necesaria la aprobación del Senado para que el acuerdo sea efectivo y tenga vigencia en el país.

2. Se consideró que para realizar una reforma al régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, debía asumirse la existencia de un proceso de “reconversión del sector de los contenidos y su transmisión”, al cual debía ajustarse el régimen de protección.

En ese sentido se catalogó como necesaria la creación de una campaña para fomentar en México una cultura ciudadana de respeto a estos derechos y que se basara en la información de los perjuicios a quien los violara, con difusión en todos los medios, incluido internet.

3. El último argumento con el que el Senado rechazó el ACTA es que durante el proceso de negociación del acuerdo, se violó la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica, ya que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y se impidió al Senado dar el seguimiento adecuado a dicha negociación.

Asimismo se refirió que entre las principales leyes que vulneraba el acuerdo, se encontraba el principio de presunción de inocencia, que se encuentra en el sistema jurídico mexicano. Además indica que la aprobación podría colaborar con la llamada “brecha digital”, es decir garantizar el Internet de manera universal.

La firma del ACTA podría derivar en la censura de contenido Internet que podría tener como consecuencia restricciones de funcionamiento y el desarrollo del comercio electrónico.

 

 



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