Corte avala reserva parcial en 3 de 3 de servidores públicos; se resguardarán datos personales
Ministros avalan facultades del SNA para definir formatos en declaraciones patrimoniales y de interés.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló los artículos del Sistema Nacional Anticorrupción que prevén una Ley 3 de 3 acotada para que las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés de los servidores públicos sean públicas sólo de manera parcial, así como las facultades otorgadas al Comité Coordinador del propio Sistema para que elabore los formatos respectivos que permitan el cumplimiento de dicha obligación protegiendo información personal.

Por mayoría de 6 votos contra 4 y en ausencia del ministro Alberto Pérez Dayán, el Pleno de la Corte reiteró el criterio de que, si bien existe la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios al servicio de los poderes del Estado, también se deben cuidar los datos personales y el derecho a la privacidad de los servidores públicos.

El ministro Luis María Aguilar Morales agregó que la reserva se debe mantener para los datos que no ayuden al combate a la corrupción o que pongan en peligro la integridad y la familia de los empleados gubernamentales.

“Dentro de las declaraciones patrimoniales y de intereses que están obligados a presentar los servidores públicos existe información que no resulta necesaria para cumplir con el fin de dicha reforma. Máxime que dar a conocer datos que no sean relevantes para determinar si los servidores públicos inciden en actos de corrupción no sólo pondría en riesgo el derecho a la vida privada de estos, a la inviolabilidad del domicilio, a la vida e integridad personal, sino también dicha vulneración se podría hacer extensiva a terceros pudiendo ser, por ejemplo, sus propios familiares”, destacó.

Tras agotar la discusión en este punto, los ministros también resolvieron que las facultades otorgadas al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para elaborar los formatos impresos, magnéticos y electrónicos con las cuales se van a transparentar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, son acordes con la Constitución y la Ley General de Transparencia.

El ministro José Ramón Cossío expuso que la propia Corte ha resuelto en ocasiones anteriores que el legislador no está obligado ser tan específico cuando se genera una obligación de este tipo, ya que de lo contrario todos los formatos para cualquier trámite tendrían que estar incorporados a la Carta Magna.

Por lo anterior, descartó que las atribuciones otorgadas al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sean discrecionales o que las mismas constituyan un cheque en blanco para el organismo, ya que los formatos para rendir las declaraciones patrimoniales y de intereses deberán ajustarse a las definiciones de información pública, confidencial y reservada que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 113 y 116.

“A final de cuentas ¿qué es lo que hace el Comité Coordinador? No decide qué información es pública y qué información es reservada, sino que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, en particular el 6º, y los artículos 113 y 116 de la Ley de Transparencia, debe garantizar que las autoridades competentes resguarden los rubros de información reservada. Esto no le concede a este Comité una facultad regulatoria, sino únicamente decidir, dentro de la información que es constitucional y legalmente determinada como pública o como reservada, de qué manera los formatos garantizan que se permita el resguardo de esa información”, explicó.

Por lo tanto, la Corte concluyó que las nuevas leyes anticorrupción sí definen de manera clara los lineamientos y elementos que el Comité Coordinador está obligado observar para elaboración los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses.

De esta manera, la información patrimonial y de intereses que no afecte la vida o integridad del servidor público o que no sea un dato personal, podrá publicitarse para dar seguimiento a su incremento o modificación patrimonial, lo que a su vez permitirá observar si la misma está relacionada con su salario y sus ingresos.







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